Ante cuatro años de impunidad de la masacre del 30 mayo de 2018, día más letal de las protestas de 2018, la Asociación Madres de Abril (AMA) mantienen sus reclamos de justicia por las personas asesinadas, memoria contra la impunidad y resistencia, expresan en un pronunciamiento.

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«Hoy, «Día de Luto Nacional», para nosotras las madres y familiares es un día de profundo dolor, pero también de mucha indignación por el daño irreparable que nos ha causado la dictadura desde abril 2018, con su sangrienta represión que escaló aún más después de la Masacre del 30 de Mayo, cobrando nuevas vidas a lo largo y ancho de todo el país. La ejecución de la llamada «Operación Limpieza» llenó de luto el campo y la ciudad al ensañarse como nunca se había registrado en la historia reciente de Nicaragua contra la población civil autoconvocada, con nuestros hijos y familiares que hacían parte de la resistencia cívica», manifiestan las madres y familiares de víctimas de la represión.

El 30 de mayo de 2018, madres organizadas convocaron «la madre de todas las marchas», en la que se iba a exigir justicia por las 90 personas asesinadas en ese momento y el cese de la represión gubernamental; sin embargo, la marcha pacífica fue atacada con armas con el objetivo de matar por parte de grupos dirigidos por el Estado, pese a que dentro de sus participantes habían niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. El resultado fueron ocho personas asesinadas en la marcha en Managua y 11 personas asesinadas en otras marchas del país, para un total de 19 personas fallecidas solo ese día, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Desde entonces, año tras año AMA realiza una serie de acciones para luchar contra la impunidad de los asesinatos y mantener la memoria de las víctimas de la represión. «Hoy, reiteramos ante el pueblo de Nicaragua que nuestro compromiso con el registro de la Memoria sigue en pie, así lo hemos venido haciendo y compartiendo cada 30 de mayo, en estos 4 años de Resistencia. Memoria para el esclarecimiento de la Verdad, es un compromiso que consideramos debe ser de todos/as», expresan.

Miembros de AMA apresados ilegalmente

En el pronunciamiento, además de recalcar sus demandas permanentes de «ni perdón, ni olvido, ni silencio», también exigen la liberación de las más de 172 personas presas políticas a partir de 2018, especialmente las personas apresadas ilegalmente el año pasado, quienes se encuentran bajo condiciones de torturas, sin comunicación y algunas en aislamiento desde hace 11 meses.

Dentro de las personas presas políticas se encuentran miembros de AMA, tales como Yader Parajón, condenado a 10 años de cárcel por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional»; Dorling Montenegro condenado a seis años de cárcel por los supuestos delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas; y Oliver Montenegro condenado a 10 años de cárcel por el supuesto delito de homicidio frustrado; todos enjuiciados y condenados sin garantías judiciales y en juicios plagados de irregularidades según organismos de derechos humanos.

Una esperanza contra la impunidad

AMA también celebra el nombramiento de las tres personas que conforman el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, mecanismo de las Naciones Unidas que realizará investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos desde abril de 2018; y que supone un paso para la rendición de cuentas en un futuro.

También: ONU aprueba mecanismo de un año de investigación sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua

«Hoy, a 4 Años de estar demandando JUSTICIA, RESISTIENDO junto al pueblo de Nicaragua, celebramos como un paso adelante el nombramiento de los tres expertos internacionales que conforman el Mecanismo aprobado por el Consejo de Derechos
Humanos con el mandato de investigar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua desde 2018. Consideramos que viene a respaldar la Ruta de Verdad y Justicia que nos hemos trazado», sostienen las madres.

Este grupo de expertos tienen la tarea de establecer los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones; reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas; identificar a los responsables, y permitir que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas.

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