El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) aprobó una resolución que establece la creación de un grupo de tres personas expertas en derechos humanos sobre Nicaragua, por un período de un año, que tendrán las funciones de realizar investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos desde abril de 2018; establecer los hechos relativos a dichas violaciones; formular recomendaciones para mejorar la situación de derechos; identificar responsables; y colaborar tanto con el Estado como con la sociedad civil para la rendición de cuentas por los abusos cometidos.

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La resolución fue adoptada con 20 votos a favor durante la 49 sesión de la CDH, y surge a partir del incremento de las violaciones a los derechos humanos durante el contexto electoral y del incumplimiento de tres resoluciones anteriores adoptadas por la CDH entre el año 2019 y 2021, pese a que son de carácter obligatorio.

“A cuatro años desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el reporte de la Alta Comisionada presentado en esta sesión, nuevamente da cuenta de flagrante violaciones a los derechos humanos en dicho país. Estas incluyen detenciones arbitrarias, entre las que se encuentran opositores políticos que manifestaron su determinación en la elección presidencial del año 2021; los ataques y acoso contra los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos; y el uso de disposiciones legales para restringir los derechos civiles y políticos”, manifestó el embajador de Chile.

Añadió que la resolución nace como respuesta a la falta de investigación y acciones efectivas para la rendición de cuentas, al incumplimiento de distintos mecanismos universales de derechos humanos y la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses para dar salida a la crisis de derechos que enfrenta el país.

Por el contrario, el Gobierno de Nicaragua no ha tomado ninguna medida recomendada por las resoluciones anteriores, y ha realizado múltiples acciones contrarias como el cierre de espacios de la sociedad civil, el arresto arbitrario de más de 40 ciudadanos y ciudadanas solo durante el 2021, y la realización de juicios ilegales.

El Colectivo 46/2, quienes evalúan la aplicación de las resoluciones de la CDH, celebró el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para el país, para que los hechos ocurridos en 2018 no queden en la impunidad y las víctimas tengan un respaldo. Además, señalaron que es uno de los mecanismos más fuertes que existen, que permitirá identificar las violaciones cometidas y preservar  evidencias para próximos procesos de justicia.

“Es fundamental garantizar que las graves violaciones cometidas durante las protestas de 2018, incluidos los asesinatos, las torturas, las agresiones y otros actos de violencia sexual y de género, así como otros abusos, incluyendo aquellos en contra de pueblos indígenas y afrodescendientes no queden impunes”, señaló en un comunicado Tania Agosti del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Por su parte, Ligia Gómez, vocera de Urnas Abiertas, expresó que el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas por el Consejo de la ONU, es el respaldo que las organizaciones de derechos humanos necesitan para asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas en un futuro proceso de justicia.

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