A un año de la toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de Honduras, las promesas que les hizo a las mujeres en su plan de gobierno siguen pendientes, a pesar que aseguró cumplirlas en los primeros cien días de su ascenso al poder.

El Plan de Gobierno para Refundar incluía nueve propuestas para aumentar la participación política de las mujeres, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, atender a víctimas de violencia, entre otras necesidades que tienen las mujeres hondureñas.

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Sin embargo, defensoras de derechos humanos denuncian que el Gobierno de Castro todavía no ha realizado ninguna acción para garantizar los derechos sexuales y reproductivos y reducir la violencia machista, una de las áreas más urgentes que necesitan ser atendidas.

“La gente dice “Honduras tiene una mujer presidenta”, pero no tenemos nada más porque no han hecho nada”, dice Alexandra Palma, activista feminista e integrante de la organización Nosotras la Preferimos Sencilla. La Lupa analiza las propuestas no cumplidas en el área de género en el primer año del mandato de Xiomara Castro.

Primera promesa: Acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia

Honduras es el único país de América Latina donde está prohibida la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), a pesar que se encuentra dentro de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta pastilla previene embarazos no deseados, y la prohibición a su acceso es una violación a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, según organizaciones de derechos humanos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) indica que a partir de la prohibición de la PAE en 2009, la tasa de partos en niñas y adolescentes incrementó, entre ellas víctimas de violencia sexual. 

Solo durante el 2022, hubo 38 mil embarazos de niñas y adolescentes, según la Secretaría de Salud (Sesal). Esto vuelve a Honduras uno de los países con mayor índice de embarazos en menores de edad en Centroamérica.

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Por otro lado, MSF atendió a 94 mujeres embarazadas que quedaron embarazas tras sufrir una violación entre 2016 y 2019. La organización clasificó la violencia sexual contra las mujeres en Honduras como una “emergencia sanitaria”.

Ante esta situación, el plan de gobierno de Castro aseguró «facilitar la distribución, venta y uso de la PAE. Que permite interrumpir la fertilización en sus primeras horas», en los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, después de un año, esto no se ha cumplido.

En diciembre de 2022, se anunció que la PAE se incluirá únicamente dentro del Protocolo de Atención a Víctimas de Violación Sexual, y no será de venta libre en farmacias.

El ministro de salud hondureño, José Manuel Matheu, justificó esto diciendo que la PAE «no es un método anticonceptivo», y que si las mujeres quieren evitar embarazos deben usar otros métodos.

“El ministro de salud dijo que la píldora de emergencia solo será para sobrevivientes de violencia sexual porque no está a favor del desenfreno sexual. Es preocupante que un ministro de salud diga eso. Según el Gobierno es el siglo de las mujeres, pero no liberan la píldora”, expresa Alexandra Palma, activista feminista.

“Eso significa que si yo quiero acceder al derecho a usar la PAE debo de ser violada”, añade.

Actualmente la inclusión de la PAE al Protocolo de Atención a Víctimas de Violación Sexual está a la espera de ser aprobada.

Segunda promesa: Despenalizar el aborto por tres causales

En Honduras el aborto está completamente penalizado desde 1997, e impone penas de hasta seis años de prisión para las mujeres y profesionales que lo practiquen.

La plataforma hondureña de derechos sexuales y reproductivo, Somos Muchas, estima que el 6.3 por ciento de las muertes maternas hospitalarias están relacionadas con abortos inseguros. Además, según datos de la Sesal, el aborto es la segunda causa de egreso hospitalario en el país.

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El Estado hondureño también ha judicializado a mujeres acusándolas de provocarse un aborto. Entre el año 2006 y 2018 hubo 47 mujeres y adolescentes judicializadas acusadas de provocarse un aborto siendo la mayoría jóvenes, pobres y/o de zonas rurales.

A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales para despenalizar el aborto y detener la criminalización a mujeres y menores de edad, la penalización no ha cambiado.

El Plan de Castro aseguró despenalizar el aborto por tres causales: en caso de violación, en caso de que la vida de la madre corra riesgo, y en caso de malformaciones fetales que impidan una vida.

Un año después de esta propuesta no se ha realizado ningún cambio o iniciativa para legalizar el aborto terapéutico. En el 2021 se aprobó un recurso por inconstitucionalidad a favor del aborto por tres causales. Sin embargo, el proceso de este recurso tampoco ha sufrido alguna modificación. 

“Honduras tiene un bloqueo institucional para hablar de aborto”, dice Palma. “Si queremos defender el derecho a decidir, lo hemos tenido que hablar desde la maternidad deseada porque no se puede hablar de aborto”, señala la activista.

Palma también considera que no se aproborá el aborto en el resto del Gobierno de Castro, ya que no se ha manifestado ninguna voluntad política, y no han respondido las demandas de los grupos de sociedad que lo defienden.

Tercera promesa: Refugios para víctimas de violencia

Xiomara Castro se comprometió a crear refugios de mujeres y niños víctimas y sobrevivientes de violencia, un proyecto que se propuso desde la sociedad civil en 2018. A pesar que la Ley de Casas Refugio fue presentada al Congreso Nacional (CN) desde esa fecha, no se ha debatido, ni aprobado.

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Esta ley financiaría las diez casas refugios existentes en dicho país, para que sean sostenibles económicamente y no sobrevivan solo con cooperación internacional. Organizaciones feministas han expuesto que muchas mujeres viven en condiciones precarias en los refugios con sus hijos.

Las cifras de femicidio y violencia machista en Honduras son unas de las más altas de Centroamérica. En 2022 se registraron 293 femicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); y 82,161 denuncias por violencia doméstica y maltrato familiar, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

“Ya pasó un año y no se han aprobado las casas refugios para las sobrevivientes de violencia doméstica. Es un país que no reconoce los diferentes tipos de violencia. En los barrios son las mujeres las que enfrentan las maras y pandillas. La ley está solo de aprobarla, pero está engavetada”, dice Palma.

“El hecho de que tengamos una mujer presidenta y que tengamos una instrumentalización como mujeres y feministas en las elecciones, es terrible. En el plan de gobierno se nos incluyó, pero solo se instrumentalizó nuestras luchas”, señala.

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