La mitad de los embarazos mundiales son embarazos no intencionales, es decir, que cada año ocurren 121 millones de embarazos no intencionales, revela el informe Estado de la Población Mundial 2022 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), «Visibilizar lo invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales«.
Según el informe, esta situación representa una crisis desatendida y un fracaso a escala mundial a la hora de respetar un derecho humano básico.
“Sabemos que 1 de cada 2 embarazos se producen en las personas que no eligieron afirmativamente el embarazo, ni la maternidad, que no estaban abiertas ante la perspectiva de tener un hijo en ese momento, con esa pareja, en ese contexto y en esas circunstancias. Para estas mujeres, la decisión reproductiva más trascendental de sus vidas, quedar o no embarazadas, no es una opción”, señala la doctora Virginia Camacho, Asesora Regional del UNFPA en Salud Sexual y Reproductiva.
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Además, se espera que el panorama empeore, lo que afectará especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas de regiones en situación de pobreza, tal como es Centroamérica; puesto que los embarazos no intencionales tienen una estrecha relación con la falta de desarrollo social y económico, y con los bajos de niveles de igualdad de género.
Pese a que cualquier mujer fértil en edad reproductiva puede tener un embarazo no intencional, el informe revela que los países con niveles más altos de desarrollo social y económico tienen una menor incidencia de los embarazos no intencionales; y las mujeres que tienen ingresos económicos con niveles inferior a la renta tienen mayor incidencia en estos embarazos.
Esto es porque las mujeres en situación de pobreza cuentan con menos medios para adquirir métodos anticonceptivos modernos. Asimismo, el estudio demuestra que el nivel educativo de las mujeres con ingresos más bajos es también menor al de las demás mujeres, lo que limita su acceso a la información sobre anticonceptivos.
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“Los embarazos no intencionales son tanto origen como consecuencia de la discriminación y de la desigualdad. Es decir, a mayor pobreza, mayor embarazo no intencional, mayor desigualdad de género y mayor muerte materna. Están relacionados con la restricción de la agencia y autonomía corporal de las mujeres. Tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones libres en las mujeres, niñas y adolescentes”, expresa Camacho.
Las mujeres en países con mayor desigualdad de género también son más vulnerables a tener embarazos no intencionales. La investigación demuestra las tasas de embarazos no intencionales tienen a ser más bajas en países con leyes de aborto más liberales.
Solo el 57% de las mujeres están en situación de tomar sus propias decisiones sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos; el 23% no puede negarse a mantener relaciones sexuales; el 24% no puede tomar decisiones sobre su propia atención médica; y el 8% no puede tomar decisiones específicas sobre la anticoncepción.
Según Harold Robinson, Director Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, las mujeres corren mayor riesgo de no tener un embarazo no intencional a raíz de otros factores como la migración irregular, las zonas de conflictos y la violencia sexual.
Esta situación se agrava con la poca participación de los hombres en la anticoncepción, ya que solo cuentan con dos métodos que son el condón y la vasectomía; y que tienen un protagonismo en la violencia sexual contra las mujeres. Los datos reflejan que un cuarto de las mujeres no pueden decir no al sexo, y más de la mitad de las sobrevivientes de violencia no usan anticonceptivos por prensión.
Los costos de los embarazos no intencionales en la vida de las mujeres son múltiples. Estos conducen a la interrupción de la escuela y abandono del mercado laboral, lo que afecta en sus ingresos en el resto de sus vidas; las mujeres tienen mayor riesgo de depresión posparto; están relaciones con peores resultados de salud para las mujeres y sus hijos e hijas.
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Además, más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en aborto, lo que resulta preocupante, dado que el 45% de los abortos en el mundo se realizan en condiciones inseguras, aumentando la mortalidad materna. Los investigadores señalan que «el daño real a la calidad de vida es incalculable».
Según Camacho, este es un tema que no solo se puede reducir a la responsabilidad personal, moral o de comportamiento, sino que tiene que ver con decisiones políticas y de desarrollo nacional.
Entre las recomendación para disminuir esta problemática están: reducir la desigualdad de género y empoderar a las mujeres, adolescentes y niñas; garantizar un mayor número de métodos anticonceptivos y a acceso universal a atención de calidad de la salud sexual y reproductiva; acceso universal a la educación integral de la sexual a lo largo del continuo de la vida; y aumentar el acceso a oportunidades de educación y empleo para las mujeres, adolescentes y niñas, a fin de empoderarlas para que tomen decisiones informadas.
