Los femicidios, la violencia física y sicológica en el ámbito privado perpetrado por parejas, exparejas y familiares; además de la violencia sexual, son algunos patrones de violencia acentuados por el COVID-19 en la región de las Américas, donde las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención en casos de violencia incrementaron en un 80%, según un nuevo informe.

Con el fin de alertar sobre esta situación y diseñar políticas públicas, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), ambos órganos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaboraron el informe “La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19”.

Las niñas, enfermeras, asistentes de pacientes, médicas, cuidadoras, trabajadoras del hogar, mujeres que trabajan en la prestación de servicios esenciales, madres solteras, mujeres cabeza de familia, mujeres a cargo del cuidado de familiares u otras personas, mujeres con discapacidad, mujeres y niñas migrantes, son víctimas de cualquier tipo de violencia, agrega el informe.

Restricciones

Las restricciones impuestas en algunos países relacionadas a la libre circulación, afectó de manera “desproporcionada” a las mujeres, que no pueden salir a poner una denuncia, refiere el informe.

Los datos revelan, que en Argentina, por ejemplo, el 25% de los casos en lo que va de este año, ocurrieron en el marco de las “restricciones de circulación preventiva del contagio de coronavirus”, siendo la vivienda de la víctima o la compartida con el agresor el lugar de ocurrencia.

El documento refiere que hubo un aumento en los casos de abuso sexual en niñas, casos de femicidio y femicidios frustrados donde los agresores recientemente habían sido liberados de prisión como medida para contener el COVID-19.

Incremento sustancial

El informe detectó que el aumento de violencia sexual contra las niñas fue perpetrada particularmente por parientes cercanos en los hogares.

Por otro lado, existen reportes en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú de mujeres que han sido “víctimas de violencia sexual, intimidaciones y arrestos injustificados por parte del personal policial, a propósito de la cuarentena”.

“En lo que va de año, la región americana ha visto un incremento sustancial en noticias relativas a la muerte violenta de mujeres, de llamadas a los servicios de auxilio, de denuncias de violencia sexual contra niñas, de embarazos en niñas menores de 14 años, de limitaciones indiscriminadas a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres”, refiere Tatiana Rein, presidenta del Comité de Expertas del MESECVI.

En Chile y Uruguay, se registró una disminución de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, pero se incrementaron los casos de femicidio, lo que “podría indicar las limitaciones para efectuar una denuncia”.

“Quedarnos en casa ha significado, para muchas mujeres, no sólo poner en riesgo la vida y la integridad física, sino que ha significado un riesgo para aquellas que, siendo cabeza de hogar, no pueden quedarse en la casa”, afirmó Alejandra Mora Mora,  Secretaria Ejecutiva de la CIM.

En Bolivia, agrega el informe, muchos agresores que contaban con prisión preventiva por violencia de género fueron liberados. “Esta medida no tuvo en cuenta el efecto o la protección debida a las víctimas de estos delitos”.

Contexto Nicaragua

En Nicaragua -aunque el estudio no lo menciona- las organizaciones de mujeres han denunciado que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han puesto en libertad a potenciales violadores y femicidas, al enviar bajo convivencia familiar, entre abril y mayo, a 4,515 prisioneros, entre ellos hombres que tenían antecedentes de violencia.

Uno de los episodios recientes, ocurrió el pasado 15 de junio cuando una maestra fue asesinada a balazos en la comunidad de Malacatoya, en el departamento de Granada, cuando regresaba de ejercer sus labores. El agresor fue Edgar Meneses, uno de los reos comunes que recibió el beneficio sin cumplir condena.

La Red de Mujeres del Norte “Ana Lucila” denunció el mes pasado tener conocimiento de agresores femicidas que también fueron puestos en libertad, entre ellos Jhony Gutiérrez Silva el asesino de la activista Cecilia Torres Hernández, una mujer con una gran convicción sobre el derecho de las mujeres que murió el 3 de abril de 2007.

Otras denuncias

Durante el intercambio de información se conoció de casos de violencia contra mujeres que trabajan en el sector salud y sus familiares, situaciones que ocurren particularmente en el transporte público y en sus propios lugares de residencia.

Además se verificó un aumento de violencia contra las mujeres migrantes, un grupo de la población que naturalmente se “encuentran más expuestas a diversos delitos como explotación sexual, desapariciones y femicidios”, refiere el informe.

Las mujeres y niñas con discapacidad, que “cuentan con menos herramientas disponibles para realizar denuncias”, también son más vulnerables, y se constató un aumento de casos donde las víctimas era este grupo.

A las trabajadoras domésticas se les impuso “restricciones ilegítimas de la libertad”, pues debido a las medidas de cuarentena impuestas en la mayoría de los países, quedaron encerradas en las casas de sus empleadores.

Se registró un incremento en los delitos por crímenes relacionados con el delito de extorsión sexual y pornografía infantil en línea, es decir “violencia digital”, debido a que una inmensa mayoría desarrolló teletrabajo.

El informe detalla que hubo mujeres que fueron víctimas de “violencia sexual, intimidaciones y arrestos injustificados” por parte del personal policial, a propósito de la cuarentena, específicamente en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú.

En este contexto, los Estados están comprometidos a desarrollar políticas públicas para la prevención y atención de la violencia contra las niñas y las mujeres, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional.

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La Lupa Nicaragua