Nicaragua volvió a estar en medio del debate en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 24 de junio. Se retomó el camino a una posible aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que implicaría la suspensión del Estado del organismo internacional, además del congelamiento de préstamos de fuentes multilaterales. Estas serían algunas de las repercusiones directas.

Sin embargo, llegar hasta ese punto depende de la obtención de 24 votos y hasta ahora las resoluciones sobre Nicaragua han sido aprobadas hasta con 20 votos. Si se aplica el artículo no sería la primera vez, ya sucedió con Honduras, y en otros casos, como Venezuela y la misma Nicaragua, se invocó la Carta. ¿En realidad beneficia suspender al país de la OEA? Esto fue lo que pasó con Honduras.

Honduras: El 5 de julio de 2009 la OEA suspendió a Honduras como consecuencia del golpe de Estado que expulsó del poder al presidente José Manuel Zelaya. Esto sucedió tras el derrocamiento de este el 28 de junio; él promovía un plebíscito que había sido declarado ilegal para instaurar una asamblea constituyente. La OEA encomendó al Secretario General de la OEA en ese momento, José Miguel Insulza, que “intensifique todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para la restauración de la democracia y el estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del Presidente José Manuel Zelaya”.

“Ninguna gestión implicará el reconocimiento del régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional”, especifica la resolución. El exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Julio Icaza Gallard, explica que la OEA en ese momento estaba hegemonizada por Hugo Chávez (q.e.p.d) y los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA). Roberto Micheletti fue nombrado como el nuevo presidente de Honduras; sin embargo, el gobierno de este sobrevivió hasta llegar a la organización de nuevas elecciones, el restablecimiento de la democracia y el levantamiento de la suspensión, explica el exdiplomático.

En Nicaragua el expresidente de la República, Enrique Bolaños, apeló a la OEA, para que interviniera ante una posible desaforación impulsada desde los otros poderes del Estado, mientras el actual presidente, Daniel Ortega, estaba en la oposición en el 2004. El 9 de septiembre de 2005 la OEA exhortó después de escuchar un informe sobre la crisis política en el país, a las partes involucradas a iniciar un diálogo amplio y constructivo, libre de presiones y amenazas y en condiciones de igualdad, incluyendo el cese de la aplicación de las medidas que han provocado el escalamiento de la crisis institucional, y respetar el mandato conferido libremente por el pueblo nicaragüense al presidente Enrique Bolaños Geyer, y demás autoridades electas. Bolaños terminó su período a cargo del país y le entregó la banda presidencial a Ortega, quien desde el 2007 ha estado en el poder.

Daniel Ortega no ha acatado ninguno de los llamados de la OEA para resolver la crisis sociopolítica del país. La Lupa/Tomada de Euronews

El exembajador Icaza explica que la suspensión de Nicaragua en el organismo hemisférico es una medida contemplada en la Carta Democrática como último recurso, una vez que se ha comprobado la ruptura del orden democrático y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas.

“La efectividad de las presiones realmente no depende de si Nicaragua esté o no presente en las sesiones del Consejo Permanente o de la Asamblea General. De hecho, Nicaragua ha rechazado e ignorado todas las gestiones que ha hecho la OEA para ayudar a resolver la crisis, de manera que decir que no se suspenda a Nicaragua para mantener la presión tiene muy poco sentido. De hecho, el principal efecto que tendría la aplicación de la medida contemplada en el artículo 21 de la Carta Democrática sería la suspensión de los desembolsos de los préstamos aprobados con anterioridad al 18 de abril de 2018 y que han seguido siendo ejecutados, particularmente en proyectos de infraestructura. Eso pondría al régimen en dificultades, en una situación donde se le han cerrado todas las puertas en su demanda de recursos financieros frescos”.

No obstante, Daniel Ortega, ha demostrado que no le importa la situación económica y social del país y ya ha declarado estar dispuesto a llevar al país a una economía de arroz y frijoles, de subsistencia, indicó.

¿Cree que la suspensión de Nicaragua de la OEA podría generar alguna acción concreta por parte del gobierno de Ortega, esto tomando en consideración que no ha admitido ninguna de las alternativas planteadas hasta ahora? 

La pregunta fundamental es qué están dispuestos a hacer los gobiernos democráticos miembros de la OEA cuando Daniel Ortega siga adelante con sus planes de hacer reformas electorales cosméticas, con la complicidad de los pequeños partidos zancudos, y se declare nuevamente presidente por cinco años más en noviembre de 2021. «¿Qué está dispuesta a hacer la OEA para impedir que esto suceda? Y la pregunta no sólo es para la OEA, también es válida para la Unión Europea y para el gobierno de los EE. UU. que saldrá  electo dentro de pocos meses.  ¿Va a haber un desconocimiento formal ? ¿Va a haber ruptura de relaciones diplomáticas? La situación en Venezuela y las medidas tomadas por la OEA y el Grupo de Lima en ese sentido, indican que tales medidas no son suficientes: allí sigue Juan Guaidó y allí sigue Nicolás Maduro, pese al reconocimiento del primero y desconocimiento del segundo», explicó Icaza.

¿En qué otros países se ha aplicado la Carta?

Venezuela en el 2002 ante un intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Bolivia en 2003, 2005 y 2008. Esta última vez se debió a la crisis en el gobierno de Evo Morales. Perú en el 2004 y Ecuador en el 2005 y en el 2010. Sin embargo, hasta ahora solo ha sido en el caso hondureño que se ha aplicado la suspensión de un país, en los demás, han sido intervenciones diplomáticas de acuerdo al camino establecido por la carta.

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