La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registró en un periodo de seis meses un total de 916 agresiones en contra de personas defensoras y excarceladas en Nicaragua; es decir un promedio de 30 agresiones por día.

Este informe desmiente el discurso de la Procuradora General del régimen, Wendy Morales, quien rechazó ante la Corte IDH, las acusaciones de los defensores de derechos humanos y señaló que la Policía Nacional “no acosa” a los organismos de derechos humanos, sino que les brinda protección en cumplimiento de las medidas adoptadas a su favor.

No obstante, la IM-Defensoras con apoyo de la Unidad de Registro (UDR) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), organizaciones que monitorean la situación, documentó las más de 900 agresiones en 14 de los 15 departamentos, incluyendo las dos regiones autónomas de Nicaragua.

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Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, documentó 529 actos de hostigamiento contra un total de 121 defensoras de derechos humanos en Nicaragua.

En el marco del tercer aniversario de la “Rebelión de Abril”, la organización registró 231 agresiones dirigidas contra defensores de derechos humanos.

La actuación policial de hostigamiento y asedio en contra de las personas que defienden los derechos humanos, solo revela una “política de persecución generalizada y sistemática” por parte del Estado en contra de estos grupos de la población, afirmó a través de un comunicado.

“El Estado de Nicaragua promueve una política de persecución generalizada y sistemática contra ciertos grupos de interés, para obstaculizar sus labores de fiscalización al poder del Estado y denuncia de violaciones a derechos humanos”, señala IM-Defensoras.

“Estrategias de represión”

La audiencia ante la Corte IDH tenía como finalidad evaluar las medidas provisionales otorgadas a funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), pero la representante del régimen la utilizó para tergiversar los hechos del país.

La Procuradora General del régimen, afirmó ante esa sala que la presencia de la Policía, “es la forma que tiene el Estado para darles seguridad y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por este organismo regional”.

“Estas estrategias de represión de Estado, no son nuevas, se han visto utilizadas por otros regímenes autoritarios en el pasado, y buscan no solamente desmovilizar a personas y grupos dirigidos y sus familias, como los que acabamos de describir, sino también a la sociedad en general”, señaló la IM-Defensoras.

Un total de 12 hostigamientos registrados estuvieron dirigidos contra el Cenidh y la CPDH, afirmó IM Defensoras.

“La Procuradora, en una tácita aceptación del hostigamiento dijo que la vigilancia policial que mantuvieron frente a las instalaciones del Cenidh, así como la que me sigue a todas partes, se hace para protegernos; pero no mencionó que luego el Gobierno nos sacó y usurpó nuestras instalaciones, ni reconoce que es la misma policía la que obstaculiza nuestra labor”, señaló en la audiencia la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunció que el discurso de la Procuradora General fue más un “ataque a quienes defienden derechos humanos”, por lo que esperan que el Estado se abstenga de seguir ejecutando acciones que ponen en peligro los derechos de las personas beneficiarias.

Excarcelados también en la mira

La IM-Defensoras señaló que las agresiones del régimen también están dirigidas en contra de personas excarceladas y sus familias.

Se logró verificar que, del total de denuncias documentadas, al menos 387 hostigamientos fueron a personas excarceladas, 308 directamente a ellos y 77 a sus familiares, mayormente en sus domicilios (310 casos).

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“La práctica sistemática, dirigida y reiterada de estos hostigamientos por parte del Estado está generando graves impactos, sobre todo, las dimensiones de la vida de las personas que los sufren y sus familias”, señala IM-Defensoras.

La situación que vivieron las personas excarceladas políticas los ha llevado a un contexto de “muerte civil”, denunció IM-Defensoras sobre las agresiones que se viven cada día en Nicaragua.

“Recaen en la precarización de sus medios de vida, en tanto que vulneran su derecho al trabajo; así como consecuencias psico-emocionales en las personas hostigadas y sus familias, especialmente hijos e hijas, como estados de hipervigilancia y ansiedad”, señaló el organismo que llamó a la comunidad internacional a estar pendiente de lo que ocurre en el país.

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La Lupa Nicaragua