El régimen Ortega-Murillo se presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sosteniendo un informe plagado de mentiras al afirmar que en Nicaragua los activistas y defensores no son objeto de “acoso” ni asedio policial cuando realizan sus labores en el país.

La procuradora general de la República, Wendy Morales, alegó que el acoso policial que sufren los defensores de derechos humanos por parte de la Policía solo son medidas que están realizadas para “resguardar la vida e integridad física” de los activistas para cumplir con las medidas cautelares otorgadas a favor de los defensores.

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“El Estado de Nicaragua lamenta que las acciones desplegadas por las autoridades de la Policía para dar atención a las medidas cautelares de la Corte sean consideradas por ellos como acoso u hostigamiento”, mencionó Morales.

La Lupa te presenta algunos hechos que botan el discurso tergiversado de la funcionaria del régimen.

Defensores no viven asedio policial

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en reiteradas ocasiones ha denunciado el asedio policial que vive su personal desde 2018.

En las afueras de sus instalaciones es frecuente observar un despliegue de policías en días habituales de la jornada laboral, cada vez que hay conferencia de prensa de familiares de presos políticos o cuando alguna víctima del régimen interpone denuncia en el organismo.

«Es mentira que la Policía quiera resguardar la seguridad de defensores de derechos humanos”, dijo la abogada de CPDH, Karla Sequeira.

El pasado 29 de abril, un grupo de abogados de la CPDH, entre ellos, Ebert Acevedo, fue retenido en el sector del puente Ochomogo por policías y civiles armados e impedido de viajar a la Isla de Ometepe para verificar las condiciones de las personas excarceladas políticas.

Durante la sesión, Morales Urbina, señaló al abogado Acevedo de poseer antecedentes policiales desde 2016 por los delitos de hurto, estafa y apropiación de menor cantidad.

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¡Aquí no se rinde nadie! El excarcelado político Lenín Salablanca encara a policías que asedian su vivienda. #Nicaragua #NoticiasNicaragua

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“La Policía hace su labor de detención como la hacen en cualquier país del mundo y registró a esta persona con esos antecedentes policiales, sin embargo, no fue detenido”, aseguró Morales lo cual fue rechazado por todo el equipo de CPDH.

Cenidh desarrolla actividades sin problemas

Por otro lado, la representante del régimen que compareció ante la Corte IDH, manifestó que los miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al igual que los otros defensores de derechos humanos en el país desarrollan sus actividades sin ningún obstáculo.

No obstante, el pasado 22 de abril miembros de esa organización de derechos humanos denunciaron el constante asedio y hostigamiento policial cuando documentaban la detención y agresión de la que fueron víctimas integrantes de la Asociación Madres de Abril (AMA) en la ciudad de Estelí.

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“Exigimos el respeto a la integridad física y psicológica del equipo de las Madres de Abril y defensoras del Cenidh”, dijo en su momento la organización.

El pasado 21 de abril, la Policía detuvo a la presidenta de AMA Francys Valdivia Machado.

En un video publicado en redes se observa que una decena de policías, incluyendo antidisturbios, detienen a la fuerza a un grupo de personas, principalmente mujeres, en una calle de la ciudad de Estelí.

Morales, sin embargo, intentó justificar la agresión aduciendo que fueron “detenidas para efectos de requerirles información, ninguna fue lesionada y se encuentran ejerciendo las funciones y sus actividades de forma”, pero las evidencias de las defensoras refieren otra cosa.

«El Gobierno de Nicaragua llama a los defensores del Cenidh enemigos del Estado y nos expone al grave daño a nuestras vidas e integridad personal», dijo durante la audiencia la presidenta de este organismo, Vilma Núñez.

Durante la audiencia pública de la Corte IDH, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ANtonia Urrejola manifestó que en algunos casos que han logrado documentar la presencia policial es desproporcionada y no corresponde a la intención de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.

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