La periodista independiente y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Yukari Salazar, deberá presentarse este próximo 14 de agosto en una audiencia inicial para dar respuesta a una acusación de delito de calumnias realizada en su contra por tres colaboradoras de la Alcaldía de El Rama, en la Región Autónomo de la Costa Caribe Sur (RACC).

La periodista recibió la mañana de este miércoles 12 de agosto notificación sobre la audiencia programada para iniciar a las 9:00 AM del viernes, en el Juzgado Local Penal del municipio de Bluefields.

¿Cómo surge la acusación?

Salazar fue acusada tras presentar la nota radial titulada: «Se destapa corrupción en la Alcaldía del Municipio El Rama», publicada en Radio La Costeñísima, el pasado 4 de agosto.

Tras la publicación de la nota radial fue realizada la denuncia contra la jefa de prensa del medio independiente, este martes 11 de agosto a través de la página de Facebook de la radio oficialista Bluefields Stereo.

La publicación del medio propagandista del régimen de Nicaragua, señalaba la «formal acusación» contra Salazar, quién es «conocida en los Campos Azules por destilar odio todos los días en contra de todo aquel que se defina como Sandinista o sea afin al Gobierno del Presidente Daniel».

La acusación fue interpuesta por escrito mediante el abogado Denis José Báez Sevilla, representante de las funcionarias sadinistas Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno, para posteriormente enviarla al Juzgado Local Penal.

Periodistas independientes respaldan a Kalúa Yukari Salazar

La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), brindó su acompañamiento a Salazar a través de un comunicado de prensa, en el que aseguran que la periodista no fue informada de la denuncia antes de ser publicada en el Facebook del medio oficialista.

El PCIN en su comunicado agregó sentir preocupación debido a que este caso puede ser instrumentalizado para continuar la campaña de asedio y persecución política contra Radio La Costenísima, que ha permanecido bajo la mirada del régimen en los últimos meses.

La organización dijo además solidarizarse con Salazar y dejar claro «que la acompañará en todo este proceso».

La misiva refirió a su vez la demanda emitida contra el fallecido director del medio, Sergio León, por injurias y por calumnias el pasado 28 de mayo, mientras batallaba contra el COVID-19, virus que le arrebató la vida.

Caso de La Costeñísima «es preocupante»

Por su parte Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dijo a La Lupa que la situación de Salazar es preocupante, debido a que refleja una muestra más «de la escalada de agresiones, ataques y persecución contra hombres y mujeres de prensa».

Medrano puntúa que si dicha denuncia fue emitida por injurias y por calumnias relacionadas al trabajo periodístico, la notificación debió ser entregada a Salazar en su centro de trabajo, no en su casa, porque esto hace referencia a «una señal de mayor intimidación» contra la periodista.

«La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha podido documentar la cantidad de 203 casos de violaciones a la libertad de prensa, desde el primero de enero, hasta el 31 de julio de 2020, lo que nos hace notar que todavía continuan medidas represivas sin que el Estado garantice una debida protección hacia los periodistas», remarca Medrano.

Medrano indicó que esta denuncia contra Salazar es uno más de los actos en contra de La Costeñísima, que ha sido víctima de acoso, «y aún con medidas cautelares». Además, advirtió que la Fundación condena estos actos agresivos y lesivos contra los hombres y mujeres de prensa.

Mujeres periodistas víctimas de represión

Durante el período del 1 de marzo al 15 de julio, alrededor de 24 mujeres periodistas independientes sufrieron represión estatal, según detalló la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

La PCIN registró en el mismo período 66 denuncias, de los cuales 42 fueron hombres y 24 mujeres.

Las periodistas fueron víctimas de agresiones físicas, digitales, judiciales y psicológicas en este periodo, agrega el informe y en algunos casos se difunden informaciones que “criminalizan y revictimizan” a la víctima mediante difusión de imágenes que “vulneran su intimidad y la de sus familias”.

La Lupa Nicaragua
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