Dos reos políticos a quienes la Fiscalía acusa por el supuesto delito de Uso y portación de explosivos, fueron enviados a juicio sobre la base de «hechos alterados», denuncio el abogado penalista Julio Montenegro, director de la oficina de abogados independientes Defensores del Pueblo.

La denuncia la hizo al salir de una audiencia inicial que se realizó a puerta cerrada, y en la que el juez suplente Carlos López Cano, remitió a juicio al médico veterinario, Denis García Jirón, de 26 años, quien regresó a Nicaragua después que en mayo de 2018 se exilió en Costa Rica por las constantes amenazas y asedio de simpatizantes sandinistas. El otro procesado es Fernando Ramos Galo, de 55 años.

«A ellos ( Denis García y Fernando Galo) inicialmente la Policía los señaló de que traficaba con cuatro tacos de cocaína, pero en la acusación los tacos presumiblemente de cocaína se convirtieron en tacos de dinamita» , expresó Montenegro al salir de la audiencia inicial que se extendió por más de cuatro horas.

En la acusación a la que hace referencia el abogado, la Fiscalía expone que los procesados circulaban en un automóvil, en el sector de Nindirí, municipio de Masaya, en el que transportaban cuatro tacos de dinamita que se utiliza en la industria minera.

Irregularidades en el proceso

Previo a admitir las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y mandar a los acusados a juicio para el próximo 26 de noviembre (fecha probable), el juez suplente del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, rechazó los incidentes de nulidad que presentaron los abogados defensores, Julio Montenegro y Nohemi Guerrero.

En los incidentes de nulidad las defensas alegaron que el juez no es competente para conocer del caso debido a que los hechos sucedieron en Nindirí, municipio de Masaya y que por ello, corresponde a un juez de esa circunscripción tramitar el proceso por razones de competencia jurisdiccional.

Sin embargo, la Fiscalía alega que el caso es de «relevancia nacional» y por eso corresponde a un juez de la capital conocer del caso. Aunque los abogados defensores señalaron que la Constitución Política está por encima de cualquier ley ordinaria, por lo tanto, sus representados deben ser juzgado por un juez de Masaya.

Los abogados defensores también revelaron que la Policía Orteguista, cambio la fecha de detención para violentar el plazo de las 48 horas que establecen la Constitución Política y el Código Penal, como tiempo tope para presentar a un reo ante la autoridad judicial después de su detención. Al momento de la detención tampoco se presentó alguna orden de captura.

«La Policía alteró los hechos porque ellos fueron capturados el 12 de octubre del 2019 y no el 15 del mismo mes», alegó el abogado Julio Montenegro. Al final, el juez no dio lugar a los reclamos de los abogados defensores y ordenó que los acusados esperen juicio en la cárcel.

La Lupa Nicaragua
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