A partir del combo de leyes que en septiembre pasado presentó el régimen, el Parlamento Europeo abordará este jueves la situación de Nicaragua, un debate que podría resultar en más sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las iniciativas de ley ejemplos más recientes que corroboran un “patrón más amplio de represión y violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en el país, afirman algunos grupos políticos que conforman la Eurocámara.

Aunque la iniciativa de la Ley de Agentes Extranjeros, presentada el pasado 22 de septiembre, es la que convoca a los europarlamentarios, también les preocupa los alcances de la Ley Especial sobre Ciberdelitos y el anuncio del régimen que buscaba una reforma constitucional que permitiera la cadena perpetua por “delitos de odio”.

La Ley de Agentes Extranjeros en particular generó una alarma generalizada, debido a que su adopción, incluso podría afectar directamente a la cooperación de la Unión Europea (UE) en el país y a las personas vinculadas a los intereses europeos.

En mayo de este año, la UE dictó sanciones en contra de los funcionarios orteguistas Sonia Castro; asesora presidencial y exministra de Salud; Nestor Moncada Lau, asesor presidencial; Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional, y los comisionados: Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional; el general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de auxilio judicial, y el comisionado general Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales.

En esta ocasión, los cinco grupos políticos que conforman la Eurocámara presentaron sus mociones de previo al debate donde harán peticiones específicas.

Piden Sanciones

En vista de los continuos abusos y violaciones graves de los derechos humanos, si se aprueban la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Delitos Cibernéticos y la Ley Contra los Delitos de Odio;  el Grupo Popular Europeo (EPP Group) a través de la moción B9-020/2020 solicita “al Consejo, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, que dicte de inmediato sanciones individuales severas y de gran alcance contra el régimen de Ortega”.

Por su parte, la propuesta del grupo liberal Renew Europe, del que forma parte el español José Ramón Bauzá, el europarlamentario que promovió la incorporación sobre la situación de Nicaragua en el tema al parlamento, condena los intentos del régimen de adoptar esta “inconstitucional” ley.

“De aprobarse, estas leyes proporcionarán al gobierno de Daniel Ortega una nueva herramienta represiva para silenciar a sus críticos, lo que agravará aún más las ya inaceptables violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, menciona el grupo político.

Por su parte, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (Grupo S&D) reiteró su demanda que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación.

Recuerda que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos”, menciona.

Dejará más represión

El Grupo S&D, además solicita a la Asamblea Nacional que retire las iniciativas. La introducción de los proyectos de ley antes mencionados significa el “establecimiento por parte del gobierno de Nicaragua de un marco legal para facilitar una nueva represión contra la oposición, los periodistas y los defensores de los derechos humanos”, afirma el grupo político.

Por otro lado, el Grupo Verts /ALE en su moción presentada al Parlamento deja clara que el régimen con estas iniciativas pretende “agravar aún más el clima de intimidación actual”.

A través del marco jurídico que el régimen quiere imponer se puede “conducir a situaciones graves de criminalización ilegal de organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos”.

No es garantía para elecciones

El Grupo S&D también pide al pleno del Parlamento Europeo se evalúe de cerca la voluntad del régimen para iniciar un diálogo nacional para la reforma electoral que conduzca a elecciones libres, justas y observadas internacionalmente en noviembre de 2021.

“En caso de que la evaluación sea negativa a finales de 2020, pide al Consejo que amplíe la lista de personas que deben ser sancionadas”, afirman en su moción.

El grupo Renew Europe considera que toda persona considerada “agente extranjero” estaría sujeta a una estrecha vigilancia y tendría que “abstenerse de intervenir en asuntos o asuntos políticos internos” como se establece en el artículo 12 de la iniciativa.

Lo anterior, agrega, restringiría sus “derechos civiles y políticos, y permitir su persecución, criminalización y procesamiento; que esta Ley descalificará efectivamente a las principales figuras de la oposición para participar en las elecciones del próximo año”.

El Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (Grupo ECR) también pide a la UE que siga de cerca los acontecimientos antes de las elecciones del próximo año en Nicaragua y que continúe apoyando a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil.

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