El Gobierno de Estados Unidos, a través de Departamento de Estado de ese país, aplicó este miércoles, 19 de abril, sanciones para los funcionarios judiciales Leonel Ernesto Rodríguez Mejía, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM); Octavio Rothschuh, magistrado presidente de la Sala Penal Uno del TAM; y Nadia Camila Tardencilla, encargada del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua.

La Administración estadounidense argumentó que los tres funcionarios judiciales fueron sancionados por estar involucrados en los abusos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, ordenados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Además, los señaló de ser los dirigentes de los tribunales judiciales que han confirmado las decisiones de la dictadura orteguista sobre la revocación de la ciudadanía de más de 300 nicaragüenses.

En las primeras dos semanas de febrero, la dictadura Ortega-Murillo ordenó la excarcelación y expatriación de 222 personas nicaragüenses que mantenía encerradas en las diferentes cárceles del país, enviándolas en un avión directo a Estados Unidos. Posteriormente, divulgó una lista de 94 ciudadanos a los que también despojó de su nacionalidad y los declaró prófugos de la justicia por supuestamente ser “traidores a la patria”.

Dichas acciones de la dictadura, “reflejan el desprecio del régimen por los derechos humanos en Nicaragua”, apuntó el Departamento de Estado de Estados Unidos en el comunicado en el que anunció la aplicación de las sanciones. 

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“El régimen de Ortega continúa participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición más vocales en Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson en la misiva.

Funcionarios cómplices de la dictadura

El Departamento de Estado de Estados Unidos detalló algunas de acciones ejecutadas por la dictadura orteguista en complicidad con estos funcionarios del Poder Judicial que fueron sancionados. El magistrado Ernesto Leonel Rodríguez, apunta el documento, fue el encargado de anunciar la decisión orteguista, el 15 de febrero pasado, de despojar a los 94 nicaragüenses de su nacionalidad, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos, escritores y opositores. 

A su vez, la jueza Nadia Camila Tardencilla fue sancionada por emitir «una orden judicial que despojó al obispo católico Rolando José Álvarez Lagos de su ciudadanía nicaragüense y lo condenó por traición a la patria, menoscabo de la integridad y autoridad nacional, obstrucción agravada y difusión de noticias falsas».

Mientras que el magistrado Octavio Rothschuh fue señalado de anunciar y apoyar la decisión orteguista que, el 10 de febrero pasado, desterró a Estados Unidos a 222 nicaragüenses que estaban encerrados en las diferentes cárceles del país, despojándolos de su nacionalidad y declarándolos traidores a la patria.

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