La Lupa realizó una investigación documental en los diferentes países de Centroamérica para exponer la violencia machista en la región.
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Mientras en algunos países de Centroamérica el número de femicidios aumentó drásticamente en 2022, en otros la cantidad de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas llegaron a cifras récords.
Durante el año pasado, las mujeres en Centroamérica se enfrentaron a la violencia femicida, violencia sexual y a desapariciones forzadas; y a Estados que las abandonan, violentan y defienden a los agresores. Violencias que no son nuevas, pero que se acrecientan y tiene profundas consecuencias en sus vidas cada día.
En 2022 hubo 1,028 muertes violentas de mujeres a manos de hombres en Centroamérica, según una investigación de La Lupa basada en los diferentes observatorios de género de cada país. De esas muertes, 997 están actualmente clasificadas como femicidios, el restante, están pendientes de clasificar por los observatorios.
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Sin embargo, en algunos países las cifras oficiales no son compartidas por las instituciones públicas o son reducidas, lo que imposibilita saber con exactitud cuántas muertes por femicidio realmente hubo. Tal es el caso de El Salvador, indica Silvia Elizondo, feminista salvadoreña y coordinadora de la Asociación de Mujeres Jóvenes Ixchel.
El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (ORMUSA), un observatorio civil, calcula que en 2022 hubo 68 casos de muertes violentas y femicidios en El Salvador a través de un monitoreo de medios.
Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no han hecho público los datos de femicidios de 2022, sin embargo, las cifras registradas por ellas en años anteriores son cada vez menos.
“En el proceso de reducir los homicidios, el Gobierno mantiene un discurso de que hay cero homicidios en el país. Eso ha dificultado el acceso a la información en la Fiscalía o en la Policía Nacional Civil, ya que no comparten las verdaderas cifras de homicidio y femicidios”, asevera Elizondo.
Además de la dificultad que existe para acceder a la información pública sobre la cantidad verdadera de femicidios, el Gobierno salvadoreño muchas veces ha dificultado y desacreditado a las organizaciones que llevan su propio conteo y difiere con el de ellos; ya que el discurso oficial es la reducción de muertes violentas en El Salvador.
“Nosotras logramos hacer registros gracias a la ciudadanía que se acerca a las organizaciones para poner las denuncias y registrar la vulneración a los derechos humanos. Las familias son las que exponen los femicidios y las desapariciones de niñas y mujeres. Pero ahora el Gobierno no permite un ejercicio de divulgación”, expresa Elizondo.
Aunque hayan disminuido los femicidios en El Salvador según las cifras oficiales, Elizondo expone que las otras formas de violencia contra las mujeres no solo persisten, sino que han aumentado, tales como violencia física, sexual y desapariciones forzadas.
Defensoras de derechos humanos también han denunciado que el discurso “cero homicidios” invisibiliza la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.
Esto ha puesto en la mira del Gobierno de Nayib Bukele a las organizaciones feministas que denuncian la violencia y acompañan a víctimas, y a los medios de comunicación independientes que dan cobertura a este tema.
Las organizaciones feministas, defensoras de derechos humanos y periodistas independientes han sufrido acoso, espionaje, criminalización, discursos de odio e incluso causas judiciales, según ellas, por cuestionar las acciones del Gobierno de Bukele para combatir la violencia y las cifras que publican las instituciones.
“Las organizaciones de mujeres que denuncian la violencia sufren persecución y criminalización por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Nos dicen que usamos esos temas como una forma de desprestigio al Gobierno”, expone Elizondo.
Mientras en El Salvador los femicidios apuntan a 68 casos, Guatemala es el país de Centroamérica que registra más muertes violentas de mujeres con 532 femicidios, según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público.
Ana Silvia Monzón, socióloga e investigadora feminista, indicó que se tratan de cifras altamente preocupantes, que afecta principalmente a mujeres jóvenes, adolescentes y niñas.
A esta cifra le sigue Honduras con 293 femicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). De acuerdo con el observatorio, el 95 por ciento de los casos quedaron en la impunidad, es decir, 278 femicidios no alcanzaron la justicia. Esto vuelve a Honduras el país con mayor impunidad en Centroamérica.
Nicaragua continúa con 68 femicidios registrados por Católicas por el Derecho a Decidir, una cifra que se ha mantenido alta desde 2018, según la misma organización.
Después Costa Rica con 46 muertes violentas de mujeres documentadas por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. No obstante, el observatorio solo ha clasificado 15 como femicidios y 24 están pendientes de ser clasificadas.
Y Panamá registra 21 femicidios según el Ministerio Público, un aumento de casos respecto al año 2021.
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Sin embargo, los femicidios son solo un indicio del estado de las otras violencias que viven las mujeres. La violencia física es la principal forma de violencia que viven las mujeres, niñas y adolescentes, de acuerdo con los observatorios en el año 2022.
Esta violencia se vive principalmente dentro de la familia, pero en algunos países de Centroamérica la violencia intrafamiliar no está penalizada.
Honduras fue el país con más denuncias de violencia doméstica y maltrato familiar, 82,161 denuncias, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM). A pesar del alto número de denuncias, las mujeres no cuentan con un Código Penal que sancione esta violencia.
Alexandra Palma, activista hondureña e integrante de la organización Nosotras la Preferimos Sencilla, asevera que los hombres pueden agredir a las mujeres en Honduras y no ser castigados por ello.
“En Honduras no están tipificados los femicidios. De hecho con el nuevo Código Penal se redujeron las penas a violadores. No está penalizada la violencia doméstica, no podés ir a la cárcel por eso. Solo te asignan a trabajo comunitario, pero no te ponen una pena”, explica la feminista.
El país también registra 1,616 denuncias por violencia sexual realizadas en el Ministerio Público, pero la cifra se mantiene hasta junio de 2022 y no está actualizada.
Palma también asegura que el nuevo Gobierno de Xiomara Castro no ha realizado acciones para prevenir la violencia machista y sancionar a los agresores. Es importante recordar que en 2022, el 95 por ciento de los femicidios quedaron impunes.
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Xiomara Castro es la primera presidenta de Honduras, y se posicionó con una campaña presidencial fuertemente comprometida por los derechos de las mujeres. A un año de su Gobierno, no ha cumplido ninguna de sus promesas sobre la reducción de la violencia y el acceso a la justicia.
“El Gobierno enmarca como uno de los mayores logros que exista una Secretaría de la Mujer. Antes era un instituto y lo elevaron a secretaría. Pero es una secretaría que no tiene presupuesto, que no atiende a las mujeres y que está dirigida por una persona que es antiderecho. Es una secretaría que no representa a las mujeres”, afirma Palma.
Guatemala también registra un número alto de denuncias por violencia. El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público registró en 2022 52,477 denuncias de violencia física y 13,197 denuncias de violencia sexual.
Esta situación se agudiza con las desapariciones que son cada vez más todos los años (2,072 mujeres desaparecidas en 2022), indica la socióloga y feminista Ana Silvia Monzón.
“Es preocupante el número de desapariciones. Todos los días se están activando la alerta Alba-Keneth que es la de los niños y niñas desaparecidas, y la alerta Isabel-Claudina que es la de las mujeres desaparecidas. Esto está afectando su vida e integridad”, señala.
El aumento de la violencia machista, más las desapariciones forzadas, se combina con la persecución política que viven activistas y derechos humanos en Guatemala, tanto de grupos criminales como de grupos del Gobierno. Esto imposibilita la defensa de los derechos y promueve más la violencia contra las mujeres, añade Monzón.
El Salvador registra un aumento drástico de las desapariciones de mujeres. La Fiscalía General de la República de El Salvador contabiliza 373 desapariciones de mujeres, pero organizaciones sociales señalan que son mucho más.
De hecho, las desapariciones son el principal tema de preocupación histórica en las organizaciones de derechos humanos, expresa Silvia Elizondo, activista salvadoreña.
Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) contabilizó que 10,144 mujeres han desaparecido en los últimos ocho años.
«En el caso de mujeres, la desaparición se produce como objeto de venganza y medio para marcar territorio. Se caracteriza por privaciones de libertad temporales, en las que son agredidas y abusadas sexualmente. Luego concluyen en feminicidio y la posterior desaparición de las víctimas», dice el informe.
A pesar de las grandes vulneraciones que viven las mujeres salvadoreñas, el Gobierno de Nayib Bukele ha dirigido todos los recursos y atenciones del Estado a la guerra contra las pandillas y su Plan de Control Territorial, el cual activistas dudan que tenga una perspectiva de género y que tenga como ejes la reducción de la violencia machista, dice Elizondo.
“El Gobierno no está haciendo nada para prevenir la violencia contra las mujeres. No podemos decir que solo los mareros o los pandilleros matan mujeres. A las mujeres las están asesinando su pareja, conviviente u otros hombres que no tienen relación con ellas, y no necesariamente son pandilleros”, asevera la activista.
Sobre la violencia física y sexual, las instituciones salvadoreñas no han brindado datos actualizados. Según ORMUSA, se registraron 1,208 denuncias de violencia física y 102 denuncias de violencia sexual hasta el 17 de mayo de 2022.
Por su parte, Nicaragua documenta 5,172 peritaciones médicas legales por violencia física, y 3,791 por violencia sexual realizadas a mujeres, niñas y adolescentes, según el Instituto de Medicina Legal (IML), hasta octubre de 2022.
Organizaciones feministas nicaragüenses han señalado que esta violencia afecta a las mujeres jóvenes y menores de edad. Y a pesar del alto número de denuncias, estas no siempre son atendidas, y si las atienden, obligan a las víctimas a mediar con sus agresores.
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El cierre de organizaciones feministas es otro factor que incide en la violencia machista y en la vulneración de los derechos de las mujeres. Durante 2022, el régimen Ortega-Murillo canceló la personería jurídica de más de 180 organizaciones feministas, según un conteo de la Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
La IM-Defensoras afirma que el cierre de espacio para las mujeres influyó en «la violencia letal contra las mujeres».
Mientras que otras organizaciones como la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila han denunciado las desapariciones de niñas y adolescentes en el país, la Policía no lleva un registro de esto para conocer la magnitud de la problemática, tampoco ha desplegado acciones inmediatas para encontrar a las menores y prevenir las desapariciones.
En Costa Rica y Panamá no se encontró información oficial sobre las denuncias de violencia física, sexual y desapariciones.
Las feministas centroamericanas dijeron que la violencia que vivieron las mujeres el año pasado estuvo influida por el autoritarismo de los Gobiernos, persecución política, abandono estatal y negligencia, situaciones que se han profundizado con los años con el debilitamiento de la democracia.
“Mientras no contemos con Gobiernos realmente interesados en proteger los derechos de las mujeres y no en sus propios intereses políticos y económicos, las mujeres, adolescentes y niñas van a seguir siendo asesinadas, violentadas y desaparecidas”, dice Monzón.
