722 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Brasil en el primer semestre de 2023 y en ese mismo período se denunciaron 34 mil violaciones.
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Un total de 722 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Brasil en el primer semestre de 2023, un 2,6% más que en el mismo periodo del año pasado y 14,4 % más que en 2019, según datos divulgados este lunes por la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.
La cifra de víctimas es la más alta desde 2019, cuando se registraron 631 asesinatos machistas, reportó la asociación, que analizó las denuncias presentadas ante las policías estatales.
La ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, dijo en un comunicado que los datos «son devastadoras y alarmantes» porque son «vidas que se han visto interrumpidas por la misoginia presente» en Brasil.
En 14 de los 27 estados del país los femicidios en el primer semestre crecieron de forma anual, mientras que en 12 estados disminuyeron y en uno se mantuvieron igual.
São Paulo, el estado más poblado del país, registró un aumento del 34%, con un total de 111 víctimas mortales de la violencia machista.
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Por otro lado, las violaciones en el primer semestre aumentaron un 15% anual hasta alcanzar los 34,000 casos, una cada ocho minutos y el mayor número desde 2019.
Además, un 74% de las denuncias por violación involucró a víctimas consideradas «vulnerables», es decir, menores de edad o personas incapaces de dar su consentimiento por enfermedad o discapacidad.
En 20 estados del país las violaciones crecieron, mientras que solo se redujeron en siete.
El informe del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, cuyos indicadores son una referencia para evaluar la violencia en el país, señaló que, pese a las repetidas modificaciones de la legislación para combatir los asesinatos machistas, las normas «muchas veces no se traducen en la práctica».
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La asociación aplaudió el anuncio del Ministerio de las Mujeres de crear una red de 40 refugios para víctimas de la violencia machista.
En los últimos años, citó la ONG, un 11% de las mujeres asesinadas tenía una medida de protección, lo que apunta a la falta de acceso de las víctimas al sistema judicial, así como a la escasa efectividad de los dispositivos de protección.
