Los femicidios de niñas son una de las expresiones más crueles de la violencia machista, y es consecuencia de su normalización y de la impunidad del Estado frente a los agresores, indica “Valeria”, defensora feminista originaria de Río San Juan, quien solicitó el anonimato debido a la persecución de la dictadura.
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“En Nicaragua las niñas y las mujeres estamos expuestas a todo tipo de violencia incluido el femicidio, debido a la violencia machista impuesta en la sociedad. Las niñas también están expuestas a otros tipos de violencia, pero la sociedad normaliza estos delitos. Y las autoridades encargadas de la protección de la niñez, se han dedicado a seguir las líneas del partido de Gobierno, y no cumplir con la responsabilidad de resguardar la vida de las niñas”, señala la defensora.
El último femicidio ejecutado contra una menor fue el de una niña de 8 años, originaria de El Castillo, Río San Juan, y ocurrió el pasado 26 de agosto. Según la Policía, su femicida es un adolescente de 14 años, quien la violentó sexualmente y después le quitó la vida con un machete. Actualmente él se encuentra detenido.
Esto sumaría a más 40 femicidios en lo que va del año según organizaciones feministas, y se trataría del segundo femicidio en el que el femicida es un adolescente.
«Valeria» manifiesta que aunque la violencia machista contra las niñas es una violencia común en todos los rincones del país, las personas no se alarman ni lo denuncian debido a que lo ven normal. Y en el caso que alguien interponga una denuncia, las instituciones no dan respuestas.
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“La sociedad en la vivimos ha normalizado la violencia machista, y ven normal que un hombre haga uso de su poder y esclavice tanto a las mujeres como a los menores de edad. Si las personas ven bien que las niñas estén pariendo hijos e hijas de hombres mayores, es decir, sus violadores, ¿Qué podemos esperar sobre estos casos?”, señala.
La feminista indica que ser potenciales víctimas de femicidios, implica que las niñas se encuentran en constante peligro y que no se puedan desarrollar física y emocionalmente como lo harían en una situación normal.
“Esto también tiene como consecuencia niñas inseguras, temerosas y con poca información. Porque ante tanta inseguridad, los padres y las madres, por temor a lo que les pueda pasar, no les brindan información correcta para su protección. Creen que con encerrarlas o no dejarlas salir estarán más seguras. Sin embargo, en muchas ocasiones los peligrosos se encuentran en los mismos hogares”, expresa la defensora.
Las niñas también están expuestas a otro tipo de violencia machista, según la defensora, pues son las principales víctimas de violencia sexual. Así lo confirman los boletines del Instituto de Medicina Legal (IML) que señalan que hasta abril de este año, se han realizado 1,172 peritajes médicos legales por violencia sexual. Mientras que el año pasado se realizaron 3,237 peritajes a niñas y adolescentes.
Activistas feministas han indicado que ese número es solo una sombra de la realidad de la problemática de la violencia sexual contra las niñas, ya que solo se tratan de los casos que se denuncian, que no representan una gran parte.
Y a pesar que los números siguen siendo los mismos con el paso de los años, el Estado de Nicaragua no ha realizado ninguna política integral que proteja a las niñas tanto de la violencia sexual como de los femicidios, violentando el Código de la Niñez y la Adolesencia.
“El Estado es el principal responsable de la protección y seguridad de las niñas y los niños, así como de las mujeres. Es el responsable de implementar programas de educación y protección; de destinar los recursos necesarios para que estos se cumplan; de brindar atención de calidad a los casos de abuso; de atender a las víctimas de femicidio; de poner mano dura a los criminales; y de no dar beneficios para que violadores salgan de la cárcel por buenas conductas”, sostiene Valeria.
Según activistas feministas, los femicidios contra mujeres, niñas y adolescentes han tenido una alza desde hace cuatro años, que una relación directa con el debilitamiento de la Ley Integral contra la Violencia Hacia las Mujeres; la falta de atención adecuada en las Comisarías de la Mujer y la Niñez; la liberación masiva de presos con historial de violencia, entre otras acciones del Estado que vulneran la seguridad de las mujeres.
