Al menos 24 mujeres periodistas independientes fueron víctimas de la represión estatal entre el 1 de marzo y el 15 de julio pasado, según un reporte divulgado por la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

En este periodo se registraron 66 denuncias, de los cuales 42 fueron hombres y 24 mujeres, cuyos casos son más “complejos” debido a que se relacionan con otra serie de “aspectos legales y socioculturales”, dijo Elsa Espinoza, miembro de PCIN.

Las mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones físicas, digitales, judiciales y psicológicas en este periodo, refiere el informe.

En algunos casos se difunden informaciones que “criminalizan y revictimizan” a la víctima mediante difusión de imágenes que “vulneran su intimidad y la de sus familias”, menciona el informe.

Al menos dos mujeres periodistas se vieron tuvieron que desplazarse forzamente, debido a la situación, una de ellas junto a sus hijos.

«Se han visto obligadas a desplazarse dejando atrás sus hogares con el fin de encontrar seguridad. El desplazamiento forzoso de mujeres de prensa, incluye la desprotección a que se ven abocadas al desestructurar sus redes tradicionales de apoyo y la exposición a situaciones en las que se potencian los riesgos», refier el informe.

Violencia en línea

En este periodo del informe se documentó que 13 mujeres periodistas fueron víctimas de violencia en línea, frente a 11 hombres periodistas.

La violencia en línea constituye una de las formas más comunes que utilizan contra las mujeres periodistas. Los delitos que se cometen van desde el acoso sexual, amenazas de violación y de muerte que se ventilan a través de redes sociales, según las denunciantes.

El pasado 9, 10 y 11 de marzo una periodista de un canal en el departamento de Matagalpa vivió tres hechos consecutivos de hostigamiento. Un día al salir de su trabajo un paramilitar identificado como Oscar Danilo Alvarado, alias shampoo, del barrio La Chispa, se le acercó y en tono amenazante le dijo “te tengo en la mira”.

Por razones de seguridad su denuncia, recogida en este informe, se hizo bajo anonimato, pero asegura sentirse “hostigada y amenazada por ser periodista”, pues el paramilitar ha estado en la zona en otras ocasiones y le insiste que la tiene vigilada.

La periodista Belkis Medina, corresponsal de Canal 8 en Chinandega, ha sido víctima de acoso y amenazas en redes sociales y mensajería móvil, por personas afines al gobierno.

Aunque trabaja en un medio oficialista, debido a que no está completamente alineada a las directrices mediáticas del régimen fue catalogada en páginas digitales de operadores políticos como “traidora y golpista”.

Las mujeres periodistas también están siendo objeto de campañas de desprestigio en las redes sociales.

“El uso de bots o perfiles falsos, trolls y los memes” son algunas de las acciones encaminadas a dañar la imagen pública de las mujeres y también los hombres de prensa para “deslegitimar la labor periodística y equipararla con actos ilícitos”, refiere el informe.

La violencia en línea designa la perpetración de la violencia psicológica y sexual contra las mujeres en la plataforma digital, señala el informe de PCIN.

Agresiones enfrentadas

Desde abril de 2018 persiste la persecución y criminalización contra la prensa independiente, situaciones que constituyen graves violaciones a la libertad de prensa y que han ido en aumento.

Al menos 351 delitos contra la prensa independiente se registraron en los 137 días que analiza el informe. En el informe anterior, desde el 16 de diciembre de 2019 hasta el 29 de febrero pasado, se habían registrado 404 casos.

Las 351 agresiones enfrentadas en 15 departamentos del país fueron clasificadas en 27 diferentes tipos de delitos siendo las principales la obstaculización a la labor periodística, el asedio y las amenazas.

En el período se registraron casos de desprestigio, censura, estigmatización, exclusión, persecución, tortura sicológica, intimidación, hostigamiento, ciberacoso, ciberamenaza, agresión verbal y física, violencia sexual, detención arbitraria, entre otros.

Fuerzas antimotines de la Policía Nacional, paramilitares y fanáticos del régimen aparecen entre los principales perpetradores de estos hechos.

Denuncia anónima

En este informe, sobresale el aumento de solicitudes por parte de las víctimas, de la denuncia pública bajo anonimato. En el periodo se recibieron 10 denuncias en esa condición, debido al latente temor de recibir represalias y atentados contra su integridad y la de sus familias.

“A eso hay que ponerle mente, en el reporte anterior el tema del anonimato no estaba tan presente y ante esto el gobierno puede ufanarse de ello y crecer la presión  contra el periodismo para lograr lo que busca, que no logren informar”, dijo la periodista Patricia Orozco, miembro del Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente de Nicaragua.

El pasado 23 de marzo, una periodista de Carazo que prefirió el anonimato, afirmó que fue “acosada, perseguida y agredida verbalmente” por fanáticos del partido de gobierno y trabajadores de la alcaldía de Jinotepe cuando daba cobertura al simulacro antidesastres naturales en el parque central de este municipio.

A los miembros de PCIN preocupa de manera particular la repetición de hechos de violencia o reincidencia de ataques a la prensa independiente.

En esta línea de tiempo se registraron 39 casos de reincidencia de ataques a periodistas a quienes se les quiere impedir que realicen su labor, 14 fueron mujeres y 25 hombres.

El mayor número de reincidencia ocurrió en Managua, con 15 casos, seguido de Matagalpa, León, Bluefields y Masaya.

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La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.