La mortalidad materna nunca ha sido abordada como una problemática que violenta los derechos de las mujeres bajo ningún gobierno después de la posguerra, expone el estudio de mortalidad materna Crónica de una epidemia silenciada, Nicaragua 1988-2020, realizado por una especialista en ginecología y obstetricia, que por seguridad está en el anonimato.
El estudio que analiza 4,159 muertes maternas reportadas desde los años 90, refleja que la falta de políticas públicas y la negligencia de todo el aparato estatal, ha resultado en muertes que pudieron haber sido evitadas y que están directamente relacionadas a carencias en la atención de la salud, sostiene la doctora.
“Mientras los anuncios oficiales reiteraban las sucesivas reducciones de la tasa de mortalidad materna, reconocían que la hemorragia, la hipertensión y los abortos seguían siendo las mismas causas de muerte desde una década atrás, todas evitables cuando el proceso reproductivo cuenta con los cuidados imprescindibles en los servicios de Salud”, plantea el estudio.
Debido al uso propagandístico del tema, no sé sabe la magnitud del problema, ya que los reportes de la última década no tienen información veraz y comprobable. Pues, la investigación indica que “todos los gobiernos sin distingos políticos ni ideológicos”, han manipulado las cifras y han ocultado datos para anunciar las exitosas reducciones de la tasa de mortalidad materna, que no son más que una farsa.
En 1996 la tasa de mortalidad fue de 197,5 mujeres fallecidas cada 100.000 nacidos vivos y hasta en 2006 disminuyó a 97.2 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. No obstante, durante esos seis años hubo 29 cifras diferentes de la tasa de mortalidad materna, contradiciendose entre sí, según informes del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Asimismo, la especialista asegura que estas cifras no incluyen el subregistro, que se calcula hasta del 50%.
Durante esos mismos años, los registros del MINSA muestran que el 41.7% de las muertes maternas ocurrió en menores de 24 años, siendo 20.1% de ellos en menores de 19. Más del 70% de las mujeres provenían del área rural, y contaban con bajo nivel de educación y poco acceso a servicios de salud.
“Una de cada 3 mujeres que mueren son adolescentes especialmente de los departamentos de Jinotega, Chontales, Matagalpa y la RACN. Las madres adolescentes son consideradas de alto riesgo, porque sus hijos tienen mayor posibilidad de nacer con bajo peso mayor mortalidad infantil y mayor tendencia al destete precoz”, explica la doctora.
Las principales causas de muertes maternas en este tiempo fueron la hemorragia, la sepsis y el síndrome hipertensivo gestacional.
El 45.5% de las muertes ocurrieron en los hospitales, de los cuales 83.3% fue en los hospitales y el 16.7% en unidades del primer nivel de atención, donde generalmente no hay recursos humanos ni técnicos para atender complicaciones.
La especialista desarrolla que gran parte de las muertes que ocurrieron en el domicilio fueron debido a la falta de cobertura médica en las áreas rurales, y la otra parte se debió a complicaciones en el traslado por el mismo motivo.
A partir de la toma de poder del régimen sandinista, la poca información que brindaban las instituciones públicas terminó por volverse inexistente.
“Hay ausencia de información pública como política oficial. Hay imposibilidad para entrar al edificio del Ministerio de Salud para solicitar información, además de la información que debería de estar en la página web del Ministerio. Hay que pedir citas, pero nunca se sabe los mecanismos para lograr dichas citas, ni con quien hay que solicitarlas”, expresa la doctora.
Mientras que el régimen de Daniel Ortega celebraba haber disminuido la tasa de mortalidad materna a 36.9 mujeres fallecidas por cada 100 mil nacidos vivos en el 2014, el Banco Mundial establecía que era de 103 mujeres fallecidas por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año.
Dentro de los patrones de causas de muertes en estos años se encontraba la negligencia médica por mala praxis, ya que se reportaban hemorragias por desgarro, inversión o ruptura del útero, entre otras maniobras contraindicadas, y por precaria atención en el puerperio.
“Habría que preguntarse ¿cómo era que mujeres que habían sido atendidas primariamente en el sistema de Salud mueran por hemorragia postcesárea y postparto?”, expresa la obstetra.
En las muertes por negligencia también expone casos por demoras en la atención, falta de insumos adecuados para atender las emergencias obstétricas, pinzas o algodones olvidados dentro de los úteros, o por dar de alta a mujeres en graves condiciones de salud.
“Las muertes maternas por negligencias médicas revelan profundas fallas del sistema público o privado de salud, como falta de sangre, deficiencias en el diagnóstico y tratamiento, mala praxis trans parto o trans cesáreas, complicaciones evitables, falta de referencia a unidades de mayor complejidad, entre muchas otras”, alega la investigación.
La especialista indica que independientemente del signo ideológico de los sucesivos Gobiernos, durante las tres décadas enmascararon las muertes por aborto inseguro con múltiples denominaciones o las incluian entre las muertes por sepsis, infecciones o hemorragias.
“Entre todas las causas de mortalidad materna evitables, las muertes por complicaciones del aborto inseguro constituyen una evidencia de la poca importancia que la vida de las mujeres tiene para quienes toman las decisiones de criminalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia”, asevera.
En 1996, la Policía estimaba que los abortos inducidos eran entre 27 mil y 36 por año, de los cuales el 16.49% eran razón de morbilidad. Sin embargo, la doctora asegura que la práctica al estar penalizada, no es posible saber la cifra real. Mientras que en los años 2005 y 2013 se atendieron 60,933 abortos, según reporta la OPS
Actualmente las estadísticas revelan que a pesar de la penalización total, se atienden a 5 a 8 mil abortos por complicaciones médicas anualmente. “Pues la ilegalidad no disuade a las mujeres, sólo hace más peligroso el procedimiento, causando más daños, especialmente a las más pobres”.
Asimismo, la especialista añadió que “en todas las investigaciones realizadas en Nicaragua desde los años 80 a la actualidad, el perfil de las mujeres que mueren a consecuencia de complicaciones del aborto revela que: son jóvenes con bajo nivel de instrucción, de procedencia urbano marginal o rural y pobres o extremadamente pobres”.
Por otra parte, la penaización del aborto orilló a las mujeres, en su mayoría adolescentes, a consurmor pesticidades, venenos y tóxicos químicos, los cuales el MINSA los registra como intoxicaciones o suicidios, cifras que tampoco se incluyen dentro de la tasa de mortalidad materna.
