En Nicaragua —al 30 de abril de 2025— hay 52 personas presas por motivos políticos, entre ellas, siete mujeres que enfrentan no solo la cárcel, sino también el aislamiento, la negación de atención médica, la criminalización de su fe, su trabajo o su activismo, y en varios casos, la desaparición forzada.

Desde 2018, al menos 1,457 personas han sido reconocidas como presas políticas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un espacio conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de los presos de conciencia, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales.

Estas cifras reflejan que la represión en Nicaragua no ha cesado. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —subraya el Mecanismo—, mantiene un sistema de “represión y amenazas” en el país, lo que impide que muchas veces los casos sean denunciados.

Entre los presos actuales, 14 están desaparecidos, 15 son adultos mayores y más de la mitad han sido condenados sin el debido proceso.

Estas son las siete mujeres presas por motivos políticos en el país:  

Evelyn Susana Guillén Zepeda: su fe bajo encierro

Detenida arbitrariamente el 5 de agosto de 2023. Su familia ha denunciado que su salud mental se ha deteriorado por falta de medicación. Fue criminalizada por compartir su fe y hablar de Dios en redes sociales.

Guillén Zepeda  —madre de cuatro hijos, tres mayores de edad y un adolescente de 17 años —, es la mujer presa política que tiene más días en prisión, donde la mantienen “constantemente empastillada, abusando y haciendo uso irresponsable de antidepresivos genéricos”, según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX). 

La mantienen en aislamiento y, según otras expresas políticas, en algún momento con “grilletes en sus pies y manos”. 

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El 5 de septiembre de 2024, durante la excarcelación de un grupo de 135 presos políticos enviados a Guatemala, Guillén Zepeda sufrió una crisis de “ansiedad, inseguridad, descontrol y pánico”, según relató una de sus compañeras de celda. 

Una funcionaria penitenciaria llamada “Guadalupe”, de triste recordación entre todas las presas liberadas, le administró tres pastillas. Luego de eso, ella permaneció en silencio absoluto. Al llegar al punto de salida, nunca se bajó del bus que trasladaba a los presos políticos, recuerdan. La funcionaria penitenciaria, con tono seco, le dijo: “¡Ahí te quedás y no estés molestando, ya sabés que volvés allá mismo!”

Al 26 de mayo de 2025, lleva 660 días arbitrariamente detenida por su participación en las protestas de 2018.

Nancy Henríquez James: una voz indígena silenciada

Es líder de una comunidad miskita y exdiputada de la Asamblea Nacional.

Fue detenida el 1 de octubre de 2023 y condenada a 8 años en un juicio sin garantías, por lo cual lleva en prisión 603 días.

Como a muchos de los otros presos políticos, la acusaron por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la presa política porque estaría en una situación de riesgo por ser una “líderesa indígena y diputada, opositora al gobierno”. 

Recientemente, se hizo merecedora del Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos 2025, galardón otorgado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). 

Angélica Chavarría Altamirano: en desaparición forzada

El 20 de mayo de 2025, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ampliar las medidas provisionales en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, con el fin de proteger a Angélica Patricia Chavarría Altamirano. 

Su detención y desaparición forzada, ocurrida en mayo de 2024, ha generado preocupación internacional por el riesgo a su integridad física y psíquica, en un contexto de represión sostenida contra personas vinculadas a figuras críticas del régimen. 

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Chavarría Altamirano, pareja del fallecido general Humberto Ortega, desapareció el 19 de mayo de 2024, y desde entonces, no hay información oficial sobre su paradero.  “Hasta la fecha sus familiares seguirían sin acceso a información oficial sobre su paradero, así como los motivos de su detención y su estado de salud”, agrega la CIDH. 

Eveling Carolina Matus Hernández: empresaria secuestrada

Es la presa política número 31 en la lista dada a conocer por el Mecanismo. La empresaria nicaragüense estudió en la Universidad Centroamericana, donde fue parte de la primera generación que se graduó en Mercadeo y Publicidad.

Es dueña de la agencia de paquetería As Soon As Possible (ASAP por sus siglas en inglés, que significa Tan pronto como sea posible), y fue detenida el 25 de junio de 2024, cuando habría sido interceptada junto a su esposo por miembros de la Dirección de Auxilio Judicial, que “no exhibieron ninguna orden de captura”. 

Está desaparecida y no hay información de su situación legal ni física, es decir, sus familiares llevan 334 días sin saber nada de ella. 

El 5 de marzo de 2025, la Corte-IDH ordenó al Estado de Nicaragua liberar de forma «inmediata» a seis presos políticos, entre ellos a Matus Hernández, quien tiene dos hijos menores. 

Sus familiares habrían preguntado sobre su ubicación en más de 28 oportunidades, sin obtener información.

Fabiola Tercero: periodismo en la mira de la dictadura

Fabiola Tercero lleva 318 días desaparecida. Es periodista, pero también promotora de lectura. Fue detenida tras un allanamiento el 12 de julio de 2024. Desde entonces, su paradero se desconoce.

Dirigía  “El Rincón de Fabi”, una plataforma que hacía trueque de libros e incentivaba la lectura, lo que se convirtió en un delito para el régimen. Desde su detención organismos nacionales e internacionales han denunciado su desaparición: ¿Dónde está Fabiola Tercero?”, se preguntó en septiembre de 2024 Reporteros Sin Fronteras (RSF). 

Ni siquiera los mismos periodistas pueden confirmar si Fabiola Tercero está en prisión domiciliaria o si conocen su paradero. A la fecha, más de 283 periodistas tuvieron que salir al exilio por la persecución del régimen orteguista contra la prensa. 

Lesbia Gutiérrez Poveda: trabajar con Cáritas la volvió “peligrosa”

Hasta antes del 10 de agosto de 2024, fecha de su detención, era la administradora del programa de Apoyo Financiero Urbano y Rural (Proafur) que dirigía la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa desde 2006. 

Como todas las presas políticas fue detenida sin orden judicial, una hecho que diferentes organismos de derechos humanos han criticado. Su trabajo humanitario fue criminalizado y eso hizo que agentes policiales la detuvieran en la Finca Guadalupana en Samulalí, municipio de San Ramón, Matagalpa.

Gutiérrez Póveda, también forma parte de esa lista de personas desaparecidas. 

En marzo de 2023, el régimen canceló a la organización Cáritas de Nicaragua, el brazo de asistencia social de la Iglesia católica en Nicaragua. 

Carmen María Sáenz Martínez: colaboradora de la Iglesia 

La abogada y colaboradora de la Iglesia católica también está en desaparición forzada. Fue detenida el 10 de agosto de 2024 por civiles armados y está desaparecida desde entonces, según información del Mecanismo. 

Sáenz Martínez  habría laborado en el Poder Judicial en Matagalpa hasta 2018, además habría sido asesora de derecho canónico en la Diócesis de Matagalpa.

La Corte-IDH denunció que la presa política padece de migraña y de retención de líquidos en sus pies para lo cual toma un medicamento, que no le estaría siendo proporcionado por las autoridades penitenciarias. 

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La Lupa Nicaragua