La etapa durante y después de la pandemia del COVID-19 nos llama a la la resiliencia de las sociedades y gobiernos en el mundo, no solo para hacer frente a los estragos que ha dejado la pandemia, debemos estar listos para otros retos globales y locales. Se aproximan nuevos desafíos que no pueden disminuirse o eliminarse con medidas de siglos anteriores y/o recetas de otros países.
Ha quedado más que evidente que la democracia no está en producir y producir leyes, como el gobierno de Ortega-Murillo lo ha querido vender a la comunidad internacional para que puedan conceder legitimidad.
Para que las sociedades puedan contar con procesos de resiliencia también el quehacer de los gobiernos y las administraciones públicas deben presentar cambios, hay que comprender que los cambios no son superficiales y limitados a producir una cantidad exorbitante de leyes, los cambios también pasan por los hábitos, tampoco implica agrandar el aparato del Estado de forma desproporcionada al contexto y condiciones.
Puedes leer: El deslave de la corrupción en Nicaragua
Nuevas políticas públicas
Con una nueva normalidad que puede llegar a instalarse de forma intermitente, habrá ciudadanos que demandan nuevas políticas públicas en resumen una nueva relación ciudadano-Gobierno-Administración Pública. ¿Es algo nuevo?
No necesariamente, muchos países han venido transformando sus modos de relacionamiento con la ciudadanía. Nicaragua es uno de los pocos países que ha sido la excepción que todavía sigue en el modelo híbrido de la burocracia a las TICs, este último aún de forma muy principiante y a la vez selectiva.
En los informes que envía el Gobierno de Ortega Murillo al Mecanismo de Anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) siempre aduce que están avanzando por una modernización, pero del discurso a la práctica hay un abismo profundo, las pocas normativas que ha promulgado sobre gobierno digital no han sido implementada porque sencillamente conduce a un sistema político hacia la democracia.
Si te interesa: Los peligros de la unidad ‘ciega, sorda y muda’
Centralización de lo público
Desde su ascenso en el 2007 se reconoce que la administración ha preferido deformar las instituciones públicas hasta el punto de centralizar lo público y en cierta medida manipular lo privado empresarial y social. Este modelo solo ha favorecido particularmente al sector privado y no a la ciudadanía con simplificación de algunos trámites en el comercio.
No olvidemos que la transformación pasa también por cambios en la forma de consumo, cambios de hábitos y comportamientos más cuando se trata del medio ambiente, la economía y los negocios. Un nuevo gobierno tendrá que valorar nuevas formas de gobernar, abandonar los procesos tradicionales, mayor dinamismo en el proceso de diálogo e implementación de decisiones.
La ventaja con la que cuentan la mayoría de los países es la reducción de las brechas digitales y por consiguiente la adopción del modelo de Gobierno Abierto y en última instancia algunos que ya están implementando el modelo de Estado Abierto.
Te recomendamos: ¿Abril es compatible con la Coalición Nacional?
Lo esencial en este punto
Con las consecuencias actuales a nivel nacional sobre violaciones graves de derechos humanos, paraestatalismo, corrupción, recesión económica y una profunda incertidumbre con las elecciones sin garantías, aleja a la oposición de contar con recursos necesarios para transformar y adaptar al país, ante los nuevos retos glocales (globales y locales).
La cooperación internacional es esencial no solo en el plano de la incidencia política, se debe tomar en consideración mantener una visión a mediano y largo plazo de las oportunidades que pueda brindar la cooperación científica, técnica, investigativa, académica, entre otras; no limitarnos en simplificar la ecuación y apostar por lo básico.