La guerrillera que una vez se tomó el Palacio Nacional para exigir la liberación de las personas presas políticas, hoy es una presa política del régimen Ortega Murillo.
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Una de las figuras más importantes de la revolución sandinista y a la vez una de las voces más críticas del partido al que perteneció, la comandante dos, Dora María Téllez, fue declarada culpable señalada de supuestamente “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares”, durante los juicios exprés del régimen de Daniel Ortega.
Por haber violado supuestamente la inconstitucional Ley 1055 podría enfrentar 15 años de cárcel, más la inhabilitación de ejercer cargos públicos. De ser así, Téllez saldría libre hasta los 80 años, por un “crimen” que sus familiares y defensores de derechos humanos aseguran no cometió.
Téllez, quien fungió como Ministra de Salud durante 11 años y como vicepresidenta del Consejo de Estado y diputada, desde 1995 fue una de las principales voces disidentes del sandinismo y desde entonces advirtió que “Nicaragua es una dictadura familiar de Daniel Ortega, familia y amigos”.
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Esta guerrillera que lideró el asalto al Palacio Nacional en 1978 para la liberación de las personas presas políticas de la dictadura somocista, hoy es una de las presas políticas de la dictadura de Ortega Murillo. A sus 65 años se encuentra en una celda aislada desde hace ocho meses en graves condiciones de salud, sin una frazada con la que calentarse y sin ningún tipo de comunicación con el exterior.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la dictadura ha tenido un especial “ensañamiento” en contra de ella durante todo este tiempo, es decir, que se ha encontrado en una situación de tortura constante por el aislamiento, los interrogatorios diarios y las prácticas de privación de sueño, entre otros.
Su juicio fue realizado con todo tipo de arbitrariedades en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vázquez (DAJ), mayormente conocido como el centro de torturas “el Nuevo Chipote”. A como ocurrió con los juicios pasados, no se cumplió ningún procedimiento del Código Procesal Penal, ella y su defensora fueron intimidadas por antimotines, y no se permitió ninguna comunicación durante el juicio de siete horas.
Según Confidencial, Téllez enfatizó que no se debía confundir el Estado de Nicaragua en la persona de Daniel Ortega, y que ni “Daniel Ortega ni Rosario Murillo son el Estado de Nicaragua. Esta es una República, y no una monarquía. Presa o libre voy a seguir luchando”.
Junto con ella, el líder estudiantil y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Lesther Alemán, también fue declarado culpable por el mismo delito. Alemán fue una figura importante en el primer diálogo nacional el 16 de mayo de 2018, luego de exigirle a Ortega su rendición y de llamarle asesino.
Según AUN, su delito fue decir “¡Nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados! ¡En un mes usted ha desbaratado el país, a Somoza le costó muchos años! ¡Nosotros conocemos la historia!”.
Su mamá, Lesbia Alfaro ha denunciado en múltiples ocasiones que su estado de salud está sumamente deteriorado, se ha desmayado varias veces, ha bajado mucho de peso y tiene un problema en una de sus piernas. Sin embargo, las autoridades de la DAJ no le han brindado ningún tipo de atención médica. Al igual que Téllez, la Fiscalía pide 15 años de cárcel para él.
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Al ser declarada culpable por supuestamente cometer menoscabo a la integridad nacional, la activista política y feminista Ana Margarita Vijil, se declaró defensora de derechos humanos y escribió “presa política” cuando le pidieron firmar el acta dictada por el juez orteguista Luden Martínez Quiro, durante el juicio en las instalaciones de la DAJ el 2 de febrero.
Pinita Gurdián, su mamá, quien ha demandado incansablemente su liberación desde que la detuvieron el 13 de junio de 2021, señaló que “el régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia».
«Mi familia es una víctima más en este país. Han alterado nuestra paz y tranquilidad, creándonos tal zozobra que me ha puesto al borde de la muerte. Todo esto por haber apresado ilegalmente a mi hija, por haberla mantenido en estado de desaparición forzosa por 80 días, por haberla mantenido en una celda aislada y privada de todo por 235 días, porque hace hace unos días apenas pudimos dar una frazada, porque no le hemos podido pasar comida y porque está siendo juzgada por «delitos» que no ha cometido y porque no se han respetado las condiciones básicas de legalidad jurídica”, denuncia Gurdián en un comunicado.
Vijil es expresidenta del partido MRS ahora llamado UNAMOS y también ha sido una de las presas políticas con las que el régimen ha tenido un ensañamiento con las mismas prácticas de tortura. La sentencia condenatoria será dictada este próximo lunes a las 8 de la mañana.
