El r√©gimen Ortega Murillo ha violentado incontables veces los derechos de las mujeres nicarag√ľenses, La Lupa realiz√≥ un resumen de las cinco principales transgresiones contra la calidad de vida de las mujeres duranteel a√Īo 2021.¬†

1. Femicidios y aumento de la impunidad

Hasta el 22 de diciembre, la organizaci√≥n Cat√≥licas por el Derecho a Decidir (CDD) contabiliza 70 femicidios, 130 en grado de frustraci√≥n, y m√°s de 96 ni√Īas y ni√Īos que quedaron en la orfandad. La mayor√≠a de las v√≠ctimas son mujeres entre los 18 y 35 a√Īos , seguido de las mujeres entre 36 y 59 a√Īos.

Para la defensora de derechos humanos y especialista en g√©nero, Maryce Mej√≠a, las cifras son solo un indicador del aumento de los otros tipos de violencia que viven las mujeres, lo que se refleja en los femicidios frustrados. Las adultas j√≥venes encabezan la lista, sin embargo, Mej√≠a afirm√≥ que cualquier mujer est√° expuesta a la violencia; destacando este √ļltimo a√Īo las ni√Īas, quienes han sido v√≠ctimas de secuestros y violencia sexual.

‚ÄúLos femicidios son un indicador de la violencia extrema, pero detr√°s hay historias de violencia de otros tipos que marcan a las mujeres. Nosotras dentro de los registros que tenemos, hay mujeres que est√°n viviendo violencia psicol√≥gica, f√≠sica, amenazas de muerte, vigilancia de parte de exparejas. Esto es una muestra de toda la situaci√≥n que no est√° visible en el pa√≠s‚ÄĚ, manifest√≥ la defensora, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia.

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Seg√ļn Mej√≠a, el incremento de los femicidios es debido a la falta de voluntad del r√©gimen y a la falta de rigurosidad de las instituciones encargadas para atender esta problem√°tica. A pesar que la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779 establece que el Estado debe prevenir la¬† violencia machista, ante su pasividad solo la legitima.

Por su parte, Martha Flores, integrante de CDD, se√Īala que una caracter√≠stica que ha marcado a los femicidios en los √ļltimos a√Īos es la mayor impunidad en la que quedan y la insistencia de la Polic√≠a orteguista que reportar menos femicidios de los que en realidad hay. Esto dificulta el acceso a la justicia para las familias.

Flores manifestó que entre las razones del incremento de los femicidios ha sido el contexto de violencia en el que está sumergido el país, la falta de institucionalidad, la liberación masiva de presos, de los cuales mucho fueron condenados por violación, femicidio y ni siquiera cumplieron el 30% de su condena, y el cierre de organizaciones de mujeres.

Mej√≠a le suma a esto los estereotipos y pr√°cticas culturales machistas, la impunidad, el incremento de la pobreza, un marco jur√≠dico d√©bil y la pandemia, ya que las mujeres y las ni√Īas se vieron obligadas a permanecer en sus casas con su agresor.

2. Régimen tortura a presas políticas

El r√©gimen Ortega Murillo mantiene a 14 mujeres encarceladas que ejercen un liderazgo campesino, social , defensa de los derechos de las mujeres y un liderazgo pol√≠tico, motivo por el cual hoy est√°n detenidas arbitrariamente. Y mantiene un ensa√Īamiento contra las activistas integrantes el partido Unamos, Dora Mar√≠a T√©llez, Tamara D√°vila, Ana Maragarita Vijil y Suy√©n Barahona, quienes han sido torturadas durante los √ļltimos seis meses a trav√©s del aislamiento total y la incomunicaci√≥n.

Actualmente todas las presas políticas se enfrentan a juicios donde son acusadas de delitos falsos, sin garantías judiciales, además, se enfrentan a interrogatorios constantes, insalubridad, mala alimentación, discursos de odio y a un régimen de incomunicación, donde no pueden recibir visitas de sus familiares, a pesar que cinco de las presas son mujeres de la tercera edad con problemas de salud.

Antonia Urrejola, presidenta de la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explica que otra forma en la que se ha manifestado el ensa√Īamiento contra las activistas es la violencia sexual, ya sea en desnudaciones, tocamientos, abuso o violaci√≥n sexual, los cuales ha sido denunciados tanto por las mismas presas pol√≠ticas como por sus familiares.

Seg√ļn Urrejola, la violencia sexual no solo se ha usado como herramienta de tortura contra las mujeres, sino tambi√©n como una herramienta de control social, lo que ha tenido un profundo impacto porque ‚Äúsociedades como la de Nicaragua que son profundamentes machistas‚ÄĚ y ‚Äúse da una se√Īal de dominaci√≥n del hombre sobre la mujer‚ÄĚ.

Las presas políticas son acusadas de infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la Ley de ciberdelito, y delitos de narcotráfico y posesión ilegal de armas, sin pruebas algunas.

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La violencia estatal y parapolicial contra las mujeres ha afectado de manera especial a las defensoras de derechos humanos, periodistas, opositoras, presas y expresas políticas, líderes comunitarias, así como las que forman parte de la diversidad sexual.

3. Comisarías de la Mujer pasivas ante la violencia machista

D√≠a tras d√≠as la Polic√≠a anuncia la reapertura de las Comisar√≠as de la Mujer en los diferentes municipios del pa√≠s con el objetivo de ‚Äúpreservar la vida de las mujeres‚ÄĚ, y as√≠ reducir los √≠ndices de violencia contra ellas. Sin embargo, los n√ļmeros de femicidios, los casos de violencia y las desapariciones de ni√Īas no han bajado, seg√ļn la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV).

Las Comisarías de la Mujer son solo un simulacro de atención y no brindan una respuesta integral ante la violencia machista, explica una integrante de la RMCV, quien realizó un sondeo en el pacífico, occidente y norte del país para conocer la situación de las Comisarías a nivel territorial.

Las Comisarías no atienden a las mujeres, las presionan para desistir de sus denuncias y en el caso de que no lo hagan, las obligan a mediar con sus agresores, lo que pone en riesgo a las víctimas de violencia.

‚ÄúLa mediaci√≥n y el objetivo de las comisar√≠as de promover el di√°logo es contraproducente y riesgoso para las mujeres, porque muchas de las mujeres que han mediado encuentran la muerte despu√©s. El impacto son los femicidios, y las que sobreviven quedan con secuelas a nivel f√≠sico y emocional‚ÄĚ, expresa.

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La especialista explica que en violencia machista no puede haber mediación porque hay un abuso y disparidad de poder, donde las mujeres se encuentran en mucha mayor desventaja que sus agresores, ya que no cuentan con recursos económicos, ni psicológicos, ni emocionales para salir de la violencia.

‚ÄúExisten las comisar√≠as porque est√°n las cuatro paredes, hablando de la infraestructura, pero no hay un personal especializado, apegado a la ley, respetuoso con la v√≠ctima y que cumple con medidas cautelares y precautelares. Incluso con las estad√≠sticas no est√°n llevando un registro real de los femicidios. Todos estos patrones agudizan la violencia y empeora la respuesta que debe tener esta problem√°tica‚ÄĚ, manifiesta la especialista en g√©nero.

Seg√ļn la Polic√≠a Nacional las Comisar√≠as cuentan con personal de investigaci√≥n personalizada, as√≠ como oficinas y medios de transporte ‚Äúpara garantizar la atenci√≥n de cada caso con esmero y eficacia‚ÄĚ.

Sin embargo, de acuerdo al acompa√Īamiento que da la organizaci√≥n a mujeres v√≠ctimas de violencia, aseguran que si bien est√°n atendiendo, no hay una ruta de acceso definida para poner la denuncia, as√≠ que las mujeres tienen que ir de una instituci√≥n a otra para gestionar sus procesos, tampoco hay un acompa√Īamiento legal adecuado y ni un equipo capacitado para atender casos de violencia, puesto que la respuesta siempre es la mediaci√≥n.

Al contrario, en muchas ocasiones pierden la documentación de las denunciantes, mientras que en los municipios con mayor dificultad de acceso no tienen papel para escribir, y les dicen que no hay gasolina para transportar a las mujeres.

4. Mujeres periodistas son víctimas de ataques

Las mujeres periodistas nicarag√ľenses no solo se enfrentan al contexto hostil de la represi√≥n estatal, sino tambi√©n a campa√Īas de difamaci√≥n y descr√©dito contra su profesi√≥n caracterizadas por la burla y el sexismo, afirm√≥ Guillermo Medrano, extrabajador de la Fundaci√≥n Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) durante la presentaci√≥n del informe regional Situaci√≥n de violencia contra mujeres periodistas de Am√©rica Latina.

La violencia contra las mujeres periodistas se acrecent√≥ a partir de la acusaci√≥n del Ministerio P√ļblico contra la periodista y fundadora de FVBCh, Cristiana Chamorro, por supuesto lavado de dinero, que finalmente fue detenida arbitrariamente el 2 de junio de este a√Īo cuando expres√≥ su intenci√≥n de ser aspirante a candidata a la presidencia.

Desde entonces se inició una persecución contra los periodistas vinculados a la FVBCh, ya que la Fiscalía citó a 59 periodistas, de las cuales 13 eran mujeres y dos entraron la institución en condición de entrevistas y salieron en condición de imputadas.

Las mujeres periodistas de Nicaragua tienen que enfrentarse a una campa√Īa permanente de difamaci√≥n, que transgrede directamente el derecho a la reputaci√≥n y honra. Esto tiene como consecuencia una serie de amenazas contra su integridad por ejercer su labor.

Mientras que en el caso de los hombres las amenazas de muerte son personales, en el caso de las mujeres las incluye a ellas y a su espacio √≠ntimo como su familia y sus hijos, siendo principalmente los ataques en redes sociales. ‚ÄúPor ejemplo a las mujeres les dicen ¬ęconocemos a tus hijos, sabemos donde estudian tus ni√Īos¬Ľ y le ponen fotos de ellos o postean fotos personales de descr√©dito‚ÄĚ, explica el periodista.

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Además, son víctimas de procesos de judicialización por fanáticos del partido de Gobierno bajo los supuestos delitos de injurias y calumnias; de lenguaje estigmatizante y sexista; y a mayor exposición al momento de realizar las coberturas por falta de recursos.

Mientras que dentro de sus espacios de trabajo sufren acoso sexual, violencia psicol√≥gica y agresiones por parte de sus compa√Īeros trabajo o jefes, lo que se profundiz√≥ con la pandemia.

Régimen cierra ONG’s defensoras de derechos de las mujeres

El régimen Ortega Murillo ha cancelado la personería jurídica de 61 ONG, bajo la arbitraria Ley de Agentes Extranjeros, de estas, La Lupa constató que 19 organizaciones no gubernamentales trabajaban con mujeres frente a la violencia machista en todas sus manifestaciones, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y otras problemáticas que afectan directamente sus vidas. Las mujeres de las comunidades rurales, productoras y víctimas de violencia son una de las principales afectadas.

Por ejemplo, al menos 1,015 mujeres de las zonas rurales y sus familias fueron directamente perjudicadas con el cierre de una organización campesina que en León y Chinandega, impulsaba un proyecto de fortalecimiento de producción agroecológica para que las mujeres pudieran resguardar su seguridad alimentaria y mejorar sus ingresos económicos, explicó una representante de la ONG’s que ante la represión pidió el anonimato.

El proyecto tenía como objetivo que las mujeres pudieran obtener semillas resistentes al cambio climático para las futuras siembras debido a que con la llegada de los huracanes Eta e Iota se perdieron más de 11 millones de córdobas en la cosecha. Esto dejó a las mujeres del territorio especialmente vulnerables, debido a que la producción agrícola es la principal actividad económica de la zona, indicó la fuente.

Esta organización con presencia en el Occidente del país trabajaba en el manejo de parcelas agroecológicas, cosecha, reciclaje y retención de agua. Realizaban actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades de agroindustria para que las mujeres pudieran agregar valor a los productos que producen.

Al no operar la organización, las mujeres no podrán acceder a recursos económicos para la siembra de sus productos o el alquiler de las parcelas, ya que los organismos financieros no ofrecen crédito a las mujeres rurales porque no son propietarias de tierra. La producción agroecológica le permite a las mujeres rurales producir sus propios ingresos de manera sustentable que a la larga se traduce en una opción para salir de círculos de violencia.

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