La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó el 14 de enero de 2026 en segunda legislatura, la reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, que elimina la doble nacionalidad por disposición de los «copresidentes», Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

El nuevo texto, en el artículo 25, confirma que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”. 

La medida fue anunciada y aprobada en primera legislatura el 16 de mayo de 2025, durante una sesión especial celebrada en el municipio de Niquinohomo, Masaya, en conmemoración al 130 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino (1895-1934). El 20 de mayo de ese año, se publicó en La Gaceta el texto de la primera aprobación.   

Sin embargo, al tratarse de una reforma parcial a la Constitución, el procedimiento exigía dos aprobaciones en legislaturas distintas, requisito que quedó cumplido este miércoles con el voto de los 90 diputados, en una sesión sin debate y con el respaldo de la mayoría sandinista y de partidos colaboracionistas. 

La medida entrará finalmente en vigencia una vez que se publique en el Diario Oficial La Gaceta, bajo el argumento de que la “nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad”. 

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La reforma a estos artículos quedó finalmente aprobada en medio de un contexto constante de persecución en el país.

Reforma plantea una excepción en el artículo 23 

Por otro lado, el texto reformado del artículo 23 establece que “los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria”

Según lo dispuesto, la reforma introduce una excepción en este artículo, al señalar que “los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad”.

El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, ya había adelantado en 2025, bajo la lógica política del régimen, que “nadie debe servir a dos patrias”. 

Esta no es la primera vez que el régimen despoja de su nacionalidad a los nicaragüenses. En enero de 2024, el régimen publicó la Ley 1190 en la que se reformó el artículo 21 de la Constitución para permitir el despojo de la nacionalidad a quienes considera “traidores a la patria”. 

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Desde febrero de 2023, el régimen de Ortega y Murillo ha arrebatado la nacionalidad nicaragüense a más de 450 ciudadanos a quienes la dictadura acusó de “traidores a la patria”.

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La Lupa Nicaragua