El régimen de Nicaragua todavía no ha informado cómo se ejecutarán las 26 mil pruebas de detección temprana de COVID-19 que fueron proporcionadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tampoco cuántas pruebas tiene disponibles y mantiene en secreto la cantidad que ha realizado, lo que ha aumentado la incertidumbre que viven los nicaragüenses.

Según el médico infectólogo, Carlos Quant Durán, lo que impera entre las autoridades sanitarias y de Gobierno es un problema de “comunicación”, tomando en cuenta que a la fecha, desde que se confirmó el primer caso positivo, no se sabe cuántas pruebas se han realizado.

“Yo diría que hay un problema de comunicación, porque en realidad no han dicho cuántas muestras han realizado, a quiénes van a realizar estas muestras que trajeron en la actualidad (las donadas por el BCIE) o si van a cambiar el protocolo”, cuestionó Quant.

El pasado 5 de abril, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un sexto caso positivo de COVID-19 y desde la semana pasada, cuando se contabilizaban 14 casos sospechosos en el país, las autoridades sanitarias casi a diario han venido reduciendo la cifra.

Este miércoles, el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz, redujo a cuatro los casos de personas en seguimiento, lo que indica con toda probabilidad que no se están haciendo la “suficiente cantidad de pruebas”, señaló Quant Durán.

“No se han hecho suficiente cantidad de pruebas, sabemos que la cantidad de pruebas que se han realizado hasta ahora es un secreto de Estado, pero asumimos que es una cantidad pequeña, quizá unas 300 o menos pruebas se habrán hecho quizás en el país y es difícil detectar casos con esa cantidad de pruebas”, agregó el especialista.

En sus canales oficiales, la vocera del régimen, Rosario Murillo, agradeció el donativo del BCIE, pero no explicó la forma en que serán distribuidas y utilizadas, manteniendo la incertidumbre en el país.

CENIDH EXIGE TRANSPARENCIA

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cuestionó los términos del comunicado oficial del régimen de Daniel Ortega, pues considera que no basta solamente con agradecer.

“Es momento de elaborar el plan para su uso (de las pruebas) con la participación del recién formado Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, de todo el gremio médico y trabajadores de la salud, tanto de hospitales públicos como privados”, cuestionó el Cenidh.

El Cenidh considera que el régimen orteguista continúa en su “secretismo”. “No permitamos que se quieran aplicar estas muestras con la discrecionalidad que el Gobierno acostumbra”, señaló el organismo al que le fue arrebatada su personalidad jurídica.

No obstante, el doctor Quant Durán considera que hay varias medidas que pueden implementarse para hacer un uso correcto de las pruebas y lograr la detección temprana de casos de COVID-19.

“Si yo estoy recibiendo personas que vienen de países en la que hay transmisión sostenida de la infección (…) por lo menos a esa población que vienen de lugares de riesgo someterlas a escrutinio, revisarlas”, agregó el especialista.

En días anteriores, el presidente sancionado de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló que a Nicaragua han entrado más de 16 mil nicaragüenses procedentes de países con “transmisión activa” de COVID-19.

“La Organización Mundial de la Salud ha enfatizado que se debe de muestrear para poder contener la epidemia (…) Creo yo que ese es el principal problema, insuficiente cantidad de pruebas a la gente que realmente lo necesita, y por eso es que no somos capaces de detectar los casos que probablemente ya andan por ahí en la comunidad”, señaló el médico infectólogo.

En otros países, agregó Quant Durán, se establece hacer pruebas a personas que vienen de los lugares de transmisión, pero también amplían a personas “asintomáticos”, inclusive aquellas que “llegan con un cuadro de neumonía grave, aunque no tengan vínculos epidemiológico”.

“Si yo vengo en periodo asintomático no me hacen nada (la prueba), entonces, por lo pronto puede ser que yo sea un portador y después desarrolle la infección y no me detectan hasta que la diseminé”, alertó el especialista.

Quant Durán reconoce que “ha habido cierta conciencia” de la población de autoprotegerse. “Tal vez el gobierno no ha tomado medidas adecuadas de distanciamiento social, pero creo que la gente sí comenzó a entender de que hay cuidarse, que esto es una epidemia, que es una enfermedad amenazante para la vida”, dijo.

OACNUDH EN ALERTA

Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), alertó que la crisis de derechos humanos en el país podría agravarse por la pandemia, que en Nicaragua ya cobró una vida.

A la Oacnudh le “preocupa la ausencia de medidas de distanciamiento físico”, como las recomendadas por la OMS, y la “falta de acceso a información sobre pruebas y controles”.

“Ser claros y transparentes es clave para empoderar y alentar a las personas a participar en las medidas diseñadas para la protección de su salud”, señaló este organismo de derechos humanos.

 

La Lupa Nicaragua
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