La impunidad que promueve «el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo golpea a las poblaciones más vulnerables, las mujeres, niñas y adolescentes», advirtieron 20 organizaciones que conforman la Coalición Nicaragua Lucha.
Prueba de ello es el bajo alcance de la justicia en Nicaragua en contra de la creciente ola de femicidios en el país, lo que supone que las autoridades actúan de manera negligente en la detención y persecución de los culpables.
Ana Quirós, feminista y defensora de derechos humanos, considera que la justicia «actúa de manera tardía, lenta y muchas veces lleva a la desesperanza, a la depresión y, a que las familias de las mujeres asesinadas abandonen las causas porque sienten que no van a llegar a ningún lado, o que, si llega a haber una sentencia, no será cumplida».
Lea: Menos del 50% de las denuncias de abuso sexual en Nicaragua terminan en detención
La feminista expresa que entre las barreras para el acceso a la justicia, se encuentran que al poner la denuncia ante las autoridades «muchas veces las mujeres se ven interpeladas y revictimizadas».
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, destaca una regresión en términos de protección a los derechos de las mujeres, así lo indica Wendy Flores.
«Nicaragua ha adoptado medidas regresivas, recordemos que la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres fue reformada en 2013, reglamentada en 2014 y, prácticamente se modificó el objeto y todos los elementos que tenía para proteger a las víctimas de violencia», dice.
La Coalición Nicaragua Lucha denunció en el comunicado que «hay una conexión importante entre el cierre del espacio cívico y el incremento de violencia machista, con especial atención a las poblaciones más vulnerables como son las mujeres indígenas, afrodescendientes y con discapacidad».
Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), afirma que «el hecho de que existieran organizaciones de mujeres que defendían a mujeres daba un sentido de protección, al omitirse eso queda un sentido de desprotección y para los perpetradores de violencia una especie de plaza abierta para la violencia».
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) detalla que muchas de estas organizaciones clausuradas acompañaban a las mujeres para lograr el ejercicio de sus derechos.
También: Casi un femicidio diario en lo que va de mayo en Nicaragua
«Estábamos y estamos siempre con ellas y, ese acompañamiento era hasta terminarlo porque si una mujer tenía algún algún problema de violencia, acudía a las organizaciones de las mujeres y hoy en día, ¿dónde va a acudir? Únicamente a una Comisaría de la Mujer donde hay desventaja completamente al mandar a mediar, no puedes estar como mujer mediando tu vida», denuncian.
Flores de Nicaragua Nunca Más señala que por eso «la denuncia ha disminuido pero en Nicaragua la violencia no ha desaparecido».
«La violencia permanece pero cada vez más silenciada, porque las víctimas no pueden acudir a las instituciones y denunciar las arbitrariedades de los casos», resalta la abogada.
Para la Coalición la violencia machista se ha exacerbado «por la crisis de derechos Humanos que se vive en Nicaragua en los últimos seis años, que incrementa la violencia de género y expone a las mujeres a mayores niveles de discriminación, exclusión y diversas manifestaciones de violencia directa y política, siendo el Estado autoritario de Ortega y Murillo el principal perpetrador».
Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos (IM Defensoras) un total de 245 organizaciones feministas fueron canceladas desde 2018.
Más de 35,784 reos comunes han sido liberados bajo el régimen de convivencia familiar desde 2018, lo que ha sido fuertemente criticado por las organizaciones feministas porque han dejado en libertad a perpetradores de femicidios y de violencia machista.
Solís, del MAM, indica que tras esas liberaciones existe un «peso simbólico en la liberación de maltratadores de mujeres, a asesinos de mujeres y da un sentido de impunidad».
«El mensaje que dan es: Yo violé, maltraté a una mujer y, no pasa nada, estoy libre», insiste la feminista.
Lea: Convivencia familiar para femicidas y violadores en Nicaragua
El hecho de que hombres que han sido acusados y juzgados por violencia en contra de las mujeres hayan sido liberados va en contra de las disposiciones de la Ley 779, menciona Ana Quirós.
«La Ley 779 y las reforma subsiguientes hablan de que el delito de violencia contra las mujeres no debe ser sujeto de ninguna amnistía, ni ninguna ni ningún perdón, pero el régimen ha violentado todas las normativas, dándole oportunidad a estos hombres a que continúen con la violencia», considera la defensora.
«Además regresan con la idea de que estuvieron encarcelados por, entre comillas, culpa de la mujer que los denunció y, entonces muchas veces salen con un afán revanchista que ha llevado a más violencia contra las mujeres, más violencia dentro de las familias y, más impunidad», agrega.
