Las defensoras de derechos humanos son las más vulnerables ante la pandemia de la COVID-19, establece Braulio Abarca, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ya que el Estado nicaragüense les ha violentando sus derechos básicos como el acceso a la salud y a la vacuna contra el virus, al punto que varias han tenido su vida en riesgo.
“Se han tenido reportes de algunas defensoras que han estado a punto de fallecer debido a la COVID-19, porque hubo una mala atención por parte de las unidades de salud. Por ejemplo, el caso de la doctora Yonarqui Martínez, a quien en su momento se le negó hacer la prueba del coronavirus y se le negó la atención médica”, declara el abogado.
Según el último informe semanal del Minsa sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, ha habido 6,604 casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los cuales se han recuperado 6,155 personas, han fallecido 191 y siguen enfermas 258. No obstante, el Observatorio Ciudadano de COVID-19 en Nicaragua ha registrado 18,123 casos sospechosos y 3,453 muertes sospechosas por este virus que fueron reportadas como neumonía atípica.
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La pandemia tiene un mayor impacto en la vida de las activistas si estas se encuentran en contextos autoritarios y de institucionalidad, indica la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos en su informe Des-hilar la crisis, tejer futuros. A como es el caso en Nicaragua según Abarca, puesto que no solo se tienen que enfrentar a la enfermedad, sino también a un gobierno represivo.
En el informe de IM-Defensoras recoge los casos de las activistas de la Costa Caribe, Nora Newball, Dolene Miller, Jennifer Brown y Kalua Salazar, quienes sufrieron asedio en sus viviendas y hostigamiento policial en los primeros meses de la pandemia, por contradecir el número de casos de COVID-19 que reportaba Ministerio de Salud.
El acoso policial es tan solo una de las violencias que tienen que enfrentar las defensoras, manifiesta Abarca, ya que los mayores impactos son cuando les niegan el servicio médico en los hospitales públicos o cuando se enfrentan a campañas de desprestigio si intentan acceder a las jordanas de vacunación.
“El acceso a la vacuna que es un derecho universal. Cuando las defensoras llegan a ejercer su derecho al acceso a la salud pública son fotografiadas y son víctimas de una campaña de descrédito, como el caso de la doctora Vilma Núñez de Escorcia, o como el doctor Carlos Tünnermann, que llegaron, fueron desprestigiados y trataron de realizar acciones en su contra” explica Abarca.
Añade que esta situación también lo viven las periodistas, que según varias organizaciones el gremio de profesionales de la comunicación también son defensoras de los derechos humanos, especialmente del derecho a la libertad de expresión y de prensa.
Para Abarca, las defensoras más expuestas son las presas políticas, puesto que en las cárceles no se les brinda atención médica adecuada, se les niega directamente y no existen las condiciones para evitar los contagios. Tal ha sido el caso de María Esperanza Sánchez, activista apresada ilegalmente desde enero de 2020.
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“A la activista se le ha negado reiteradamente el derecho a recibir atención adecuada y medicamentos, además de cualquier tipo de protección o medidas de seguridad frente a la pandemia COVID-19, siendo ella una paciente de alto riesgo de sufrir complicaciones en caso de un contagio” denuncia IM-Defensoras en su informe.
Las nueve defensoras secuestradas se encuentran en la misma situación, asegura Abarca, pues ni sus estados de salud se sabe, ya que las autoridades no dan información al respecto y no permiten que hablen con sus familiares. Según el abogado esta es una situación grave, dado que las afectaciones por coronavirus no solo son físicas, sino también psicológicas y emocionales.
