El número de mujeres secuestradas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha triplicado en las últimas tres semanas. Recientemente, las intelectuales y activistas políticas Dora María Téllez, Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Tamara Dávila y Cristiana Chamorro, esta última aspirante a la Presidencia y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), fueron secuestradas por el régimen orteguista.

Previo a la detención de estas seis mujeres, la dictadura Ortega-Murillo ya tenía encarceladas a las manifestantes Karla Vanessa Escobar, María Esperanza Sánchez y Julia Hernández, acusadas y condenadas por supuestamente cometer delitos comunes vinculados con armas y drogas.

Cinco de las seis mujeres que recientemente fueron detenidas, según la versión policial, son investigadas por supuestamente infringir la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Mientras a Cristiana Chamorro -refiere la versión oficial- es señalada, junto a la clausurada FVBCh, de supuestamente haber cometido el delito de lavado de dinero y activos. Actualmente, dos de los trabajadores de esa ONG: Marcos Fletes y Walter Gómez, también se encuentran encarcelados por el caso abierto por la Fiscalía de Nicaragua.

A continuación, La Lupa describe a las nueve mujeres que hasta la fecha mantiene secuestradas la dictadura orteguista:

1- Dora María Téllez

Sin saber que se le acercaba la hora de convertirse en una secuestrada política más de la dictadura Ortega-Murillo, Dora María Téllez previo a ser encarcelada dio una entrevista al medio de comunicación mexicano La Jornada, donde aprovechó para pedir al Gobierno de Andrés López Obrador apoyo “a favor del pueblo” de Nicaragua, a través de la demanda de “elecciones limpias, transparentes y competitivias” y de la “liberación de los presos políticos, comenzando por los precandidatos que están bajo arresto”, esto en alusión a la reunión de urgencia que sostendrá, este 15 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la situación de Nicaragua.

La casa de Téllez amaneció el domingo, 13 de junio, rodeada por oficiales de la Policía y sobrevolada por drones, según informó el partido político Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes conocido como Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado por Téllez en 1995 cuando ella se separó del Frente Sandinista (FSLN).

Durante el allanamiento, según el relato público de testigos que se encontraban en la vivienda, se presentaron más de 60 oficiales de la Policía y cuatro patrullas. Téllez fue sometida con violencia por los oficiales, que la tomaron del cabello, le dieron un golpe en el abdomen, la esposaron y la subieron a un vehículo, según el relato de los testigos.

El Ministerio Público informó este lunes, 14 de junio, que solicitaron una audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del período de investigación y detención judicial contra Téllez.

Téllez es matagalpina de origen, socióloga de profesión y fue preparada en cirugía de guerra en Cuba. Públicamente es reconocida por su larga trayectoria política y militar. Fue la única mujer dentro del comando revolucionario sandinista que ejecutó el asalto al Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978 y se desempeñó en la insurrección de 1979 como jefa militar del Frente Occidental. En los años ochenta fue vicepresidenta del Consejo de Estado, ministra de Salud y diputada. Tras separarse del Frente Sandinista, ha sido una de las más críticas del régimen de los Ortega-Murillo, denunciando las constantes violaciones a derechos humanos que estos cometen contra los nicaragüenses.

2- Suyen Barahona

Al momento de ser detenida, el pasado 13 de junio, Suyen Barahona se encontraba con su esposo y su hija menor de edad. En las afueras de su vivienda había presencia policial desde tempranas horas, que quedó registrada por las cámaras de seguridad, por lo que, la opositora decidió grabar un video que se divulgó posterior a su detención.

“Si están viendo este video es porque la Policía allanó mi casa y me han secuestrado”, dijo Barahona.

La opositora es la actual presidenta del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos) y su detención ocurrió horas después del secuestro de la exguerrillera Dora María Téllez, fundadora de esa organización política.

Barahona también es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional. Ha ejercido activamente un activismo político en demanda de justicia para las personas asesinadas en el contexto de las protestas de 2018 y por la libertad de los presos políticos.

En el video donde denuncia la detención arbitraria en su contra, la opositora también aprovechó para recordar que como ella hay más de 120 presos de la dictadura orteguista.

Además hizo el llamado a los nicaragüenses a “mantenter la esperanza, a mantener la movilización, a que la indignación se vuelva en acción y a que logremos la libertad de todos, de Nicaragua”.

“ ¡Podemos lograr el cambio! ¡Patria libre para vivir!”, exclamó Barahona en sus últimos minutos de libertad.

3- Ana Margarita Vijil

No es la primera vez que es detenida. Su rostro ha sido visible en varias manifestaciones que se han dado en la capital desde abril de 2018. Ana Margarita Vijil ha sido arrastrada, golpeada y detenida por protestar contra la dictadura Ortega-Murillo.

El domingo, 13 de junio, la casa de Vijil amaneció cercada de oficiales de la Policía. La vivienda fue allanada por policías que -sin presentar ninguna orden judicial- entraron por la fuerza, golpearon y amenazaron a Vijil con armas de fuego, según testigos que presenciaron el secuestro orteguista.

Previendo que sería detenida, Vijil grabó un video de menos de un minuto donde, además de denunciar que habían policías fuera de su casa, señaló que si se hacía público es porque dichos oficiales de la Policía habían allanado su vivienda y la habrían detenido “ilegalmente”.

Ana Margarita Vijil es abogada, máster en ciencias políticas y activista. Es reconocida políticamente por haber sido presidenta del partido MRS (2012-2017), hoy Unión Democrática Renovadora (Unamos), organización política desde donde colaboró en la campaña presidencial de Herty Lewites (q.e.p.d.) en 2006, candidato que no pudo participar de las elecciones de ese año porque falleció, en circunstancias aún no tan claras, cuatro meses antes de la celebración de los comicios en los que salió victorioso Daniel Ortega.

La activista ha sido crítica de la dictadura Ortega-Murillo y ahora es investigada por supuestamente infringir la Ley 1055. Hasta ahora, se conoce que Vijil se encuentra recluida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.

En los minutos previos al secuestro orteguista, Vijil reiteró que sigue en la lucha y que todo lo que estaba ocurriendo -las detenciones arbitrarias- “es parte del proceso para salir de Daniel Ortega”.

“¡Aquí nadie se raja! ¡Daniel Ortega se va, lo vamos a sacar, fuerza!”, resaltó Vijil al finalizar el video.

4- Violeta Granera

Era de noche y nadie lo esperaba. Más de 30 oficiales de la Policía ingresaron -el pasado 08 de junio- en la vivienda de la opositora Violeta Granera. Familiares denunciaron que los agentes -durante el allanamiento- fueron violentos y no presentaron ninguna orden judicial.

Relataron que, una vez estuvieron dentro de la vivienda, los oficiales de la Policía abofetearon a Granera, la esposaron, procedieron a subirla en un vehículo no identificado como parte de la Policía y le dijeron que sería llevada a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.

Según el relato de familiares de Granera, un comisionado ordenó -antes que la opositora fuera trasladada- que la dejaran en la vivienda, que estaría bajo el mismo régimen de casa por cárcel con el que mantienen a Cristiana Chamorro.

Sin embargo, Granera fue trasladada en horas de la noche del 11 de junio a las celdas de El Chipote. La Fiscalía de Nicaragua ha señalado que investiga a la opositora por supuestamente infringir la Ley 1055. El Poder Judicial informó -tres días después de detención- que se aprobó una ampliación de 90 días en la investigación y detención en contra de Granera.

La persecución contra Granera ha sido tan constante que organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2019, le han otorgado medidas cautelares.La opositora es socióloga, activista política, coordinadora del Frente Amplio por la Democracia (FAD) y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Coalición Nacional. Ha trabajado para entidades reconocidas como el Banco Mundial, fue directora del Movimiento por Nicaragua y, en 2016, fue candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por el Partido Liberal Independiente (PLI).

5- Tamara Dávila

La activista política y feminista Tamara Dávila fue detenida de noche y frente a su hija de cuatro años. Docenas de oficiales de la Policía allanaron -sin dar ninguna orden judicial- la vivienda de la opositora y se la llevaron detenida a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.

Dávila es psicóloga, dirigente de Unamos, integrante del Consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y miembro de la Coalición Nacional.

La participación de Dávila en las protestas que iniciaron desde abril de 2018 ha sido permanente. En las manifestaciones ha sido víctima de golpizas, detenciones y persecución. Su crítica a la dictadura Ortega-Murillo, que ha sido denunciada por organismos internacionales de violentar los derechos de los nicaragüenses, ha sido constante. Ahora, el régimen orteguista la investiga por supuestamente infrigir la Ley 1055, realizando actos que “menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

El Poder Judicial ha informado que amplió el plazo de investigación contra Dávila a 90 días, período por el que tendrá que permanecer detenida, según dicha disposición . La familia ha explicado que han introducido un recurso de exhibición personal por la detención arbitraria, pero hasta ahora se desconoce si las autoridades le darán trámite.

6- Cristiana Chamorro

La precandidata a la Presidencia Cristiana Chamorro, periodista y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), permanece bajo el régimen de arresto domiciliario desde hace 14 días. El pasado 02 de junio, la jueza orteguista Karen Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, giró la orden de capturar a la opositora al régimen Ortega-Murillo.

Chamorro fue acusada por la Fiscalía -según la versión oficial- por los “delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” en la causa abierta contra la FVBCh. La candidata ha denunciado, desde el primer citatorio del Ministerio de Gobernación y la Fiscalía, que dicha acusación buscaba inhibirla de facto de la contienda electoral programada para noviembre próximo.

Cristiana Chamorro, aspirante presidencial de la oposición/Foto cortesía Confidencial

En efecto, la opositora fue inhabilitada de ejercer cargos públicos antes de ser juzgada, luego que el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias diera lugar a las medidas precautelares, solicitadas por la Fiscalía.

“Se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”, reza el comunicado emitido por el Poder Judicial.

Las condiciones de la integridad física de Chamorro se desconocen hasta la fecha. Desde el allanamiento en su vivienda, que duró más de cinco horas, y fue agresivo contra familiares y periodistas independientes, que buscaba dar cobertura, sus parientes y su defensa legal no han podido verla, pero se conoce que la mantienen aislada en una parte de la vivienda, que sigue fuertemente custodiada por la Policía.

Cristiana Chamorro es activista política y es reconocida por su lucha y apoyo en la defensa de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. Es hija de Pedro Joaquín Chamorro (q.e.p.d), reconocido periodista nicaragüense que fue asesinado por la dictadura  Somocista, y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien venció a Daniel Ortega en las elecciones celebradas en 1990.

7- Karla Vanessa Escobar

La historia de Karla Vanessa -oriunda de Masaya- es la misma que se ha repetido en los últimos meses entre los presos políticos del régimen orteguista, es decir, fue liberada, pero tiempo después nuevamente encarcelada.

El 3 de enero de 2019 fue la primera vez que la dictadura Ortega-Murillo la encarceló y la mantuvo en prisión, por un periodo de dos meses y 12 días, bajo ningún cargo y sin presentarla ante un juez.

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Un año después, el 30 de abril de 2020 fue nuevamente detenida tras un operativo que realizó la Policía en su vivienda ubicada en la ciudad de Masaya. El abogado defensor de Escobar, Julio Montenegro, ha denunciado públicamente que la acusación en contra de su defendida ha presentado ciertas irregularidades, pues apunta que ni siquiera concuerda con el lugar donde ella fue detenida, puesto que ella estaba en el patio de su casa haciendo labores de jardinería, pero en la acusación se dice que encontraron traficando con drogas y armas.

Pese a los señalamientos de la defensa de Escobar durante el proceso judicial, la presa política fue condenada a 10 años de prisión por delitos vinculados al tráfico de drogas.

El organismo defensor de derechos humanos Front Line Defenders ha denunciado que Karla Vanessa sufre de la tiroides y ha sufrido lesiones uterinas agravadas por las “deficientes condiciones de salubridad e higiene del centro penitenciario la Esperanza”.

La familia de Escobar ha sido clara en denunciar que la detenciòn es arbitraria e ilegal, puesto que su pariente “no ha cometido ningùn delito”.

8- María Esperanza Sánchez

Ya cumplió 16 meses encarcelada. María Esperanza Sánchez, de 52 años, está detenida desde el 26 de enero de 2020. La matagalpina es la presa política con más tiempo encerrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El 06 de julio de 2020, casi seis meses después de estar encarcelada, Sánchez fue condenada a 10 años de prisión y a una multa de 31 000 córdobas por, supuestamente, haber cometido el delito de tráfico de estupefacientes.

María Esperanza Sánchez
María Esperanza Sánchez

Sherlyn Sánchez, hija de María Esperanza, ha denunciado en reiteradas ocasiones el acoso y amenazas que la rea política sufre de parte de otras internas del Penal.

También: María Esperanza Sánchez: Un año encarcelada por la dictadura Ortega-Murillo

También ha señalado que su madre se encuentra en condiciones insalubres y que los problemas crónicos que padece, tales como el asma y presión arterial, se han agudizado.

La familia de la rea de la dictadura orteguista ha sido contundente en señalar que su pariente es “inocente” y que es criminalizada por protestar contra la dictadura orteguista.

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9- Julia Cristina Hernández

La primera mujer encarcelada por motivos políticos en 2021 fue Julia Cristina Hernández. El 07 de enero de 2021 se convirtió para Hernández en su segunda detención. La primera ocurrió el 30 de noviembre de 2019, tras ocurrir en el asesinato de José Ugarte, mejor conocido como Chabelo.

En abril pasado, Julia fue condenada a 18 años de prisión y 50 000 córdobas por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas y municiones. El esposo de Hernández, Eduardo Morales Gadea, también fue detenido y condenado por los mismos delitos que se imputaron a la rea política.

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Hernández, según han dicho públicamente sus familiares, no ha participado de las protestas contra el régimen orteguista. Sin embargo, consideran que el caso es político y se le puede estar vinculando con las manifestaciones por haber puesto -en 2018- a disposición su motocicleta, cobrando 20 córdobas por pasajero, para trasladar a ciudadanos cuando no había transporte público en Masaya.

Familiares de ambos presos políticos han señalado públicamente que la detención de sus parientes es “injusta”, exigiendo que sea liberada porque “no ha cometido nada malo” , “es inocente” y lo único que ha hecho es “trabajar honradamente”.

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