La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que El Salvador violó los derechos humanos de Manuela y que hubo estereotipos de género en el proceso.
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El Estado salvadoreño es responsable de la muerte de Manuela, una mujer que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de haber tenido una emergencia obstétrica que le hizo perder su embarazo, así lo estableció la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el órgano judicial más alto del continente.
La sentencia emitida el 29 de noviembre, señala al Estado de El Salvador de haber violado el derecho a la vida, a la salud, a las garantías judiciales, a la protección judicial; y al principio de igualdad y no discriminación, ya que a lo largo del proceso penal hubo estereotipos de género que impactaron en la condena de Manuela.
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La Corte IDH destaca que Manuela fue detenida sin que se llenaran los requisitos necesarios, no contó con un abogado defensor durante las diligencias preliminares y posteriormente su defensa técnica fue deficiente, además no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar su vida.
“En el presente caso no cabe duda de que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte rescata que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”, indica el tribunal.
El órgano judicial señala que las políticas legales y sanitarias de ese país criminalizan a las mujeres salvadoreñas por buscar atención sanitaria reproductiva, después de tener emergencias obstétricas como los embarazos espontáneos, por lo cual ordenó cambiarlas. También se ordenó a El Salvador que reparara íntegramente a la familia de Manuela, quienes buscan justicia desde su injusto encarcelamiento.
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“Me duele haber perdido a mi mamá y que también hay niños que tienen a sus mamás presas. Le pido al presidente que no haga ninguna de esas injusticias a nosotros como hijos porque somos los que sufrimos junto con la familia. Estoy muy agradecido porque la Corte hizo justicia. El nombre de mi mamá se ha limpiado y me siento muy orgulloso con eso”, expresó Jesús, hijo de Manuela durante una conferencia de prensa, cuyo apellido está protegido.
Manuela fue una mujer salvadoreña acusada de haberse sometido a un aborto en 2008, cuando sufrió un aborto espontáneo producto de un cáncer linfático. Después de múltiples irregularidades en los juicios, fue condenada a 30 años de prisión bajo el delito de homicidio agravado. Dos años después de haber sido encarcelada, murió por el avance de la enfermedad, dejando a dos menores de edad en la orfandad.
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Esta es la primera vez que un caso de este tipo que llega a un tribunal internacional ,y que condena las acciones de los países por tener leyes violatorias a los derechos humanos con respecto al aborto.
El Salvador es el país más restrictivo en el mundo para las mujeres en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, ya que tiene penas de cárcel entre los 30 y 50 años para la mujer que se someta a un “aborto” y para el médico que lo provoque, sin importar excepciones. No obstante, ya ha sido señalado que también son condenadas las mujeres que tienen emergencias obstétricas y que terminan en abortos naturales o en la muerte del feto.
Esto genera directamente discriminación y violencia de género, lo que impacta desproporcionadamente a las mujeres en situación de vulnerabilidad y lleva a su criminalización, según el Centro de Derechos Reproductivos.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto contabiliza que actualmente hay 18 mujeres criminalizadas por haber tenido complicaciones obstétricas, mientras que desde 2009 ha habido otras 51 mujeres que fueron criminalizadas y ahora están en libertad. Las organizaciones esperan que esta sentencia marque un precedente para su país y la región, para que la despenalización del aborto sea discutida.
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