Manuela vs El Salvador llega a la Corte IDH
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Por 254 A trece años de su encarcelamiento y once desde su muerte, el caso de Manuela vs El Salvador llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde será debatido este 10 y 11 de marzo, con el fin de que esa instancia determine si el Estado de salvadoreño cometió violaciones contra los derechos humanos de Manuela.
El caso de Manuela y Familia vs El Salvador, es el de una mujer salvadoreña que murió cumpliendo una condena de 30 años de cárcel por homicidio, tras ser reportada por las autoridades de Salud de ese país por supuestamente haberse inducido un aborto.
El 29 de julio de 2019 el caso de Manuela fue introducido ante la Corte IDH, luego que la causa fuera admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que en el caso de Manuela el Estado de El Salvador violó los derechos a la libertad personal, a no ser privado de libertad arbitrariamente, a la protección judicial, a la vida, a la salud, además de los el principios de presunción de inocencia, de igualdad y no discriminación.
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Prohibido desde 1998
Desde 1998, en El Salvador el aborto está totalmente penalizado, incluso, en casos donde la salud o la vida de la mujer está en riesgo. El caso de Manuela ni siquiera aplicaba como un aborto inducido, explican organizaciones no gubernamentales de El Salvador.
Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una de las organizaciones litigantes que apoyan la demanda contra el Estado de El Salvador, detalla que el caso de Manuela se trata de una “emergencia obstétrica”.
García apunta que Manuela, en febrero de 2008, tuvo una caída y 24 horas más tarde sintió dolores pélvicos, expulsó un feto, se desmayó y fue llevada por sus familiares -en una hamaca- hasta el Hospital Nacional de San Francisco de Gotera, donde en vez de asistirla por su emergencia, el personal de Salud la denunció por el supuesto delito de aborto, ya que “creyeron que ella estaba ocultando una supuesta infidelidad”.
Sumado a esto, detalla la defensora, Manuela “vivía en situación de pobreza en una zona rural, no sabía leer ni escribir y su salud se venía deteriorando debido a un cáncer linfático que no había sido diagnosticado, pues en las consultas médicas solo le daban pastillas para aliviar el dolor”.
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Tras la denuncia del personal de Salud, Manuela fue esposada a su camilla, interrogada sin la presencia de un abogado y su familia fue intimidada y engañada para declarar en contra de su pariente, denuncia García.
“El papá de Manuela puso su huella en un documento en el que denunciaba a su propia hija, él no sabe ni leer ni escribir y no conocía el contenido del documento que se le hizo firmar”, señala.
Las irregularidades cometidas por el Estado
La defensora indica que Manuela fue condenada a 30 años de prisión por el delito homicidio, durante un proceso judicial en el que hubo “graves irregularidades”, ya que “no se le garantizó la presunción de inocencia y careció de una defensa efectiva, pues la PGR cambió tres veces a su defensor”.
Un año después de ser encarcelada “injustamente”, detalla García, Manuela fue diagnosticada con cáncer linfático, recibió un precario tratamiento y murió -en abril de 2010- esposada a una camilla del Hospital Nacional de San Miguel.
Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, señala que la muerte de Manuela bajo custodia también es “atribuible al Estado de El Salvador, pues no se le brindó el tratamiento de quimioterapia adecuado que ella necesitaba para tratar el cáncer que estaba padeciendo y todo lo anterior; tanto las violaciones sufridas en el Sistema de Salud, como en el Judicial y Penitenciario, constituyó una discriminación en su contra”.
Explica que el caso de Manuela “no es un caso aislado”, ya que entre el 2000 y el 2019, 181 mujeres fueron “procesadas por aborto, por homicidio agravado en El Salvador en casos similares como el de Manuela”.
También denuncia que el caso de Manuela es una muestra de la vulneración del derecho a la salud, pues “no se le brindó atención obstétrica de urgencia” y se le dejó “desatendida con las complicaciones que ella presentaba; una placenta retenida y desgarros perineales”.
Critica el hecho que Manuela haya sido esposada, sin posibilidad de “cambiar de postura por el dolor o ponerse las manos en el vientre para cuidar de su dolor”, apuntando que esto “constituye un acto de tortura y trato cruel”.
El sufrimiento de Manuela también se extiende a su familia. La mujer dejó dos hijos en la orfandad que, en ese momento, tenían siete y nueve años de edad. Santos Molina, ahora de 19 años, demanda justicia por la muerte de su madre, además resalta la importancia de la “no repetición”.
“Nosotros lo que queremos es que el Estado salvadoreño no haga esto con las mujeres y con nosotros de niños, porque también quedamos huérfanos, eso es lo que yo vengo a decirles”, dijo el joven durante una conferencia virtual en la que participó este martes.
Buscan reparación “integral”
Morena Herrera, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, otra de las organizaciones litigantes en el caso, detalla que la petición que tienen como litigantes ante la Corte IDH es que se “establezcan medidas en las cuales se incluya una decisión en la que El Salvador tenga que cumplir con diferentes responsabilidades”.
Algunas de las responsabilidades planteadas por Herrera pasan por un reconocimiento público del Estado de El Salvador de sus responsabilidades, reparación integral, establecimiento de políticas públicas para evitar que las situaciones como la que sufrió Manuela vuelvan a repetirse y revisión de injustas condenas de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas. Menciona también el establecimiento de medidas legislativas, la adecuación del Código de Salud y los protocolos.
Herrera resaltó que espera que el tribunal de la Corte IDH “reconozca que la penalización absoluta del aborto es una forma de discriminación desde el Estado, que estimula la criminalización de mujeres que viven en situación de pobreza y sufren emergencias obstétricas”.
El fallo de la Corte IDH, según Martínez, podría conocerse entre seis y doce meses después del debate de este 10 y 11 de marzo. En caso de ser favorable a los derechos de Manuela, el Estado de El Salvador tendría que cumplir con las recomendaciones que sean extendidas.
Además, las organizaciones explican que esto “generaría -a nivel continental- jurisprudencia que entraría a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
