El orteguismo ordenó cancelar a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, le confiscó todos sus bienes y acciones, y creó un ente del mismo nombre, adscrito al Minsa, para administrar esos recursos.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario murillo ordenó el 10 de mayo la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, la confiscación de sus bienes y acciones, ordenando la creación de un ente del mismo nombre y funciones, que estará adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), y se encargará de administrar todo lo robado.
Defensores de derechos humanos, consultados por La Lupa, concuerdan en que la acción orteguista busca “más control” de la ayuda humanitaria que llega al país, pero sobre todo “más control” sobre la asistencia social que se brinda en Nicaragua desde cualquier organización sin fin de lucro, para imponer “obediencia y sesgo político” en todos los sectores.
“No se conoce una decisión parecida de cambiar la naturaleza de una organización como la Cruz Roja. Es un asalto a lo que ha sido la Cruz Roja y quiebra esa antigua forma de servicio de asistencia humanitaria, de socorrer a las víctimas que necesiten este servicio humanitario sin sesgo, porque ahora se le impone el sesgo partidario, no sólo porque se crea un nuevo ente, del mismo nombre, sino porque se le subordinan al Ministerio de Salud”, denunció el abogado Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Carrión señaló que el Minsa es conocido por ser cómplice de la dictadura Ortega Murillo, no solo en apañar el mal manejo de la pandemia del COVID-19, si no porque durante la represión orteguista a las protestas sociales, que iniciaron en abril de 2018, lo apoyó negando auxilio y asistencia médica a las víctimas heridas durante las manifestaciones.
Los diputados de la Asamblea Nacional, de forma unánime y por órdenes de la dictadura, aprobaron la Ley 1152, Ley de derogación del Derogación del decreto 357 y creación de la Cruz Roja Nicaragüense, en la que hoy derogaron la personería jurídica que permitió en 1958 la creación de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, ordenando la confiscación de sus bienes y acciones y las adjudica al Estado de Nicaragua.
La legislación orteguista también contempla la creación de un “ente autónomo” que lleva el mismo nombre de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, que estará adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), estableciendo que este será el que administrará los bienes y acciones confiscadas a la oenegé cancelada.
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“Todo el patrimonio, bienes, y accione saque a la fecha pertenezcan a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente autónomo adscrito al Ministerio de Salud”, establece el artículo 3 de la Ley 1152 creada por la maquinaria de diputados orteguistas.
El abogado Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos nicaragüense que actualmente se encuentra en el exilio, criticó la aprobación de dicha aberración jurídica y señaló que el régimen Ortega Murillo “entre sus actuaciones procura que toda instancia se les someta”.
“El régimen tiene paranoia contra toda organización que trabaja en el país. Ha cerrado organizaciones humanitarias, religiosas, educativas, de creación de conocimiento, porque no les han jurado lealtad, porque se salen del radar del servilismo, porque no logra un control total, y no es de extrañarse que esto ocurra ahora con la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, que en la medida de lo que se ha visto ha intentando mantenerse imparcial”, indicó Cuevas, fundador de la organización Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos.
La dictadura Ortega Murillo ha cancelado más de 3,000 organizaciones sin fines de lucro desde 2018, sin importar las afectaciones que ha dejado a nivel social, de asistencia a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, niñez en situación de riesgo, o avances en materia de creación de conocimiento.
El cierre de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, concuerdan los defensores, también afectará las asistencias humanitarias, de auxilio, que estos brindaban cada año desde 1958 que se les adjudicó su personería jurídica, pues esto ahora se hará a discreción del orteguismo, que históricamente ha demostrado que usa los recursos estatales solo en favor de quienes le garantizan servilismo político.
En enero pasado, la Asociación Cruz Roja Nicaragüense detalló, en un informe de gestión 2022, que benefició a 2.5 millones de personas nicaragüenses en sus diferentes programas, detallando que brindó 26,058 servicios de atención prehospitalaria a nivel nacional, a través de sus 28 filiales y sede nacional; y 3,500 atenciones por accidentes de tránsito.
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A través del Centro de Apoyo Psicosocial Cruz Roja Nicaragüense, detalla el documento, atendió 1,387 usuarios, de los cuales el 26.2% recibió atención en medicina general, el 70% atención psicológica y el 3.6% atención psiquiátrica.
Otras de las acciones realizadas por la Asociación Cruz Roja Nicaragüense en temas de Gestión de Riesgo y Cambio Climático fue el apoyo de los Comité de respuesta locales en la formación de Brigadas Comunitarias; la conformación de los Comité de Seguridad Escolar en 17 Escuelas; y el beneficio a 200 familias del municipio de Boaco a los que apoyaron con la construcción de cocinas mejoradas para el cuidado de la salud y el medio ambiente.
En el área de salud comunitaria la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, en coordinación con el Ministerio de Educación, participó en la intervención de 15 centros escolares de los municipios de Mateare, El Crucero y Managua, dotando de lavamanos portátil y material de bioseguridad a beneficio de a 5,018 estudiantes y docentes; además, brindó 45,031 charlas sobre la importancia del lavado de manos y prevención de enfermedades en el municipio de Managua y 21,279 charlas de difusión de mensajes claves de concientización para la prevención de accidentes de tránsito.
Asimismo intervino en seis asilos de ancianos de los municipios de Somoto, Jinotepe, Managua y Sébaco, ofreciendo a 111 adultos mayores «charlas educativas para la prevención de enfermedades, asistencia médica, espacios amigables y la dotación de equipos de bioseguridad y médicos a la administración de cada asilo».
La oenegé cancelada además brindó servicios, en coordinación con la Policía, para el trámite de licencias de conducir, realizando 157,677 exámenes de vista, 47,314 exámenes de sangre y 61,708 exámenes psicológicos.
