La extrema vulnerabilidad de las personas en movilidad en la región centroamericana en medio de la pandemia por COVID-19 preocupa a las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México, América Central y República Dominicana, en especial, por los ciudadanos que son enviados de regreso a sus países sin condiciones de voluntariedad, salubridad y dignidad.

Mediante un comunicado publicado este jueves en su sitio web , las Oficinas señalan la situación especial de personas migrantes centroamericanas que fueron llevadas hasta la frontera entre México y Guatemala, que permanece cerrada, y enfrentan dificultades para llegar por la vía regular a su país de origen.

Una de las medidas que han adoptado la mayoría de países del mundo para frenar el número de contagios por SARS-CoV-2 es cerrar sus fronteras, esto ha provocado que numerosas personas en movilidad, incluidas niñas y niños, adultos mayores y mujeres, hayan quedado atrapadas en lugares fronterizos, indican las oficinas.

“Estas personas permanecen en campamentos improvisados, en situación de calle, en comunidades o centros de acogida, en los que no siempre se han implementado los protocolos sanitarios para protegerlas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, advierten en el comunicado. Por ende, creen que se debe de considerar la suspensión temporal de retornos forzados a la región durante la pandemia, establecer mecanismo de regularización de las personas y garantizar su pleno acceso a las medidas de protección y atención oportuna en salud.

Si no se pudieran suspender los retornos, recomiendan que solo se realicen si cumplen con el principio de no devolución y que prohiban las expulsiones colectivas. Nicaragua es el único país en el istmo que sigue con sus fronteras abiertas a conveniencia, es decir, hasta ahora no se conoce de un decreto que oriente el cierre de los puestos fronterizos; sin embargo, en las últimas semanas se ha conocido casos de nicaragüenses que han intentado entrar al país por tierra y aire, y las autoridades no lo han permitido. Las razones se relacionan a un supuesto cierre, pero si dejan entrar a extranjeros. Una lógica que contradice todas las normas sanitarias para evitar la propagación del virus.

Evitar estigmas sobre la población en movilidad

Los ciudadanos en movilidad son vulnerables a estigmas y driscriminación relacionados con el COVID-19. En Honduras, por ejemplo, debido a manifestaciones de la población local en contra de la llegada de personas nacionales retornadas, un Centro de Atención al Migrante Retornado ha tenido que permanecer cerrado. Por ello, las Oficinas consideran importante que las autoridades velen para que el discurso público y la respuesta a la pandemia no contribuyan a la estigmatización y la discriminación de esta personas.

En Panamá más de 2, 500 migrantes irregulares permanecen en el país, pese a los esfuerzos de autoridades, viven en condiciones de hacinamiento y limitado acceso a servicios de salud, alimentación, agua, saneamiento. En Honduras, la situación de algunas personas atrapadas en la frontera con El Salvador es preocupante, ya que en su mayoría carecen de tales servicios básicos.

Este martes un grupo de nicaragüenses varados en El Guasaule, frontera con Honduras, a quienes el Gobierno no les permitió el acceso, decidieron entrar al país por veredas. El régimen no se ha pronunciado sobre el caso, y tampoco sobre otros nicaragüenses que han pedido de su ayuda para volver al país.

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