La crisis nacional ambiental que se profundizó en Nicaragua durante el 2019 podría agravarse a lo largo del 2020, debido al poco presupuesto que les fue asignado a las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente en el país, constituyendo el más bajo en la historia de Nicaragua, advirtió el Centro Humboldt.

Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, señaló que la escasa asignación presupuestaria a las cinco instituciones que velan por el medio ambiente en el país, entre ellas el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), contribuye a la “profundización de la crisis nacional ambiental”.

Las fuertes rachas de viento que han provocado las tolvaneras en la ciudad de León, por ejemplo, son el reflejo las de las políticas ambientales “inapropiadas” que ha ejecutado este Gobierno, denunció Campos.

Poca prioridad para el régimen

El informe titulado “Situación Ambiental 2019 Nicaragua”, presentado este miércoles por esta organización, señala que en 2019 la asignación del Marena representó el 0.41% del total del Presupuesto General de la República, pero este año los fondos destinados a esta instancia se redujeron a 0.24%, siendo aún más bajo.

“No logran alcanzar el 1% del Presupuesto General, esto indica el nivel de prioridad que para  las autoridades de Gobierno tiene el manejo de las condiciones ambientales, las prioridades presupuestarias no están en concordancia con el discurso de protección que el Gobierno ha venido manejando”, insistió Campos.

Aumenta temperatura y deterioro ambiental

El país registró el año pasado un incremento en la temperatura promedio que osciló entre 1.0 y 1.5 grados centígrados, otro efecto de la crisis ambiental.

A lo largo de la franja del Pacifico, los siete departamentos más poblados registraron el año pasado temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados, señala el documento.

Centro Humboldt
Los especialistas del Centro Humboldt advierten sobre el deterioro ambiental en Nicaragua. Foto Cortesía

Controlar los trabajos de la pequeña minería es otro gran desafío que enfrenta el país en esta materia, pues en los últimos cinco años ha crecido fuera de los sitios tradicionales, especialmente en la cuenca del Río San Juan, territorio catalogado como “ambientalmente frágil”.

Efectos del clima

Durante el 2019, según el Centro Humboldt un total de 38 personas perdieron la vida en diversas circunstancias vinculadas al impacto de fenómenos climáticos. La crisis sociopolítica de abril de 2018, según esta organización, debilitó el marco institucional ambiental.

En los primeros seis meses de ese año, después del primer incendio registrado el 11 de enero en el municipio de Villanueva, Chinandega se identificaron al menos 5,000 puntos de calor, el 16% ubicados en áreas protegidas.

Por otro lado, el año pasado con la entrada de la temporada lluviosa, se redujeron los incendios, pero se incrementaron los riesgos por inundación en 2,164 puntos críticos que existen en el país, señala el informe.

Según el Centro Humboldt, con la temporada lluviosa 72 de los 153 municipios que comprenden el territorio nacional tuvieron problemas en este periodo.

“Por las condiciones políticas en la Asamblea Nacional no hay posibilidades de iniciativas de ley de protección del ambiente que puedan ir desde las autoridades locales y desde las organizaciones de sociedad civil”, dijo Campos.

El 11 de febrero de 2019, Nicaragua estableció la Política Nacional de Mitigación y Adaptación y creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, no obstante, este instrumento que no gozó de consultas o divulgación adecuada, es insuficiente.

En 2019, el sistema judicial tuvo un desempeño “ineficiente” dado que no se tuvo conocimiento de ningún caso que ameritara la aplicación de una pena por falta o delito ambiental.

“Da la impresión que en este país no se cometen delitos ambientales, no tuvimos ni un solo caso, que nosotros tengamos conocimiento, que alguien haya sido condenado por delitos ambientales, sin embargo, el país se está destruyendo todos los días”, añadió Campos.

Subsector eléctrico

El informe contiene un apartado que refiere que durante el 2019 los nicaragüenses sufrieron un incremento mensual de 1.49% en la tarifa energética, lo que representó un alza acumulada entre enero y diciembre de 19.36%.

Nicaragua, según el documento, está generando menos de la demanda actual, esto implica que el país está teniendo que comprar energía para suplir su demanda.

“Tenemos una empresa que tiene el monopolio de la distribución, que está obligada a hacer inversiones para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, y no se ha informado qué inversión está haciendo la empresa distribuidora y el país cerró con un 24% de pérdidas energéticas”, señaló Javier Mejía del Centro Humboldt.

El 27 de septiembre de 2019, Nicaragua firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe (Acuerdo de Escazú) a través del cual adquirió un compromiso político y jurídico de asegurar la “justicia ambiental, el acceso a la información y la participación pública”, pero ninguna de estas condiciones ha sido respetada.

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