Amaru Ruíz, director de Fundación del Río, denunció desde el exilio y a través de sus redes sociales la negligencia que asegura cometieron médicos del Ministerio de Salud (MINSA) con su tío de iniciales R.A.B., quien presentaba síntomas de COVID-19.

El señor de iniciales R.A.B, oriundo de El Viejo, Chinandega, padecía de leucemia, por lo que necesitaba una hemodiálisis, la cual no se la realizaron en el Hospital Manolo Morales, así como tampoco se realizó ningún diagnóstico, pese a que presentaba síntomas.

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Ruíz apuntó que «no lo quisieron atender». Ante la negativa, el ciudadano R.A.B se dirigió hasta el Hospital Vivian Pellas, donde lo revisaron y ante la presencia de síntomas de COVID-19 le propusieron realizarse la prueba y descartar si era positivo.

En el Vivian Pellas el costo por tomarle la muestra y llevarla al MINSA ascendia hasta U$600.00, dinero que el ciudadano no tenía a mano, por lo que no tuvo de otra que retornar al Hospital de Chinandega, donde había asistido cuatro semanas antes.

En el Hospital de Chinandega, según la información publicada por Ruíz, el señor R.A.B fue internado y entubado con respirador artificial por dos días, pero «no le quisieron hacer la prueba de COVID-19, ni el cambio de sangre y el día de ayer, 02 de mayo, falleció y se lo entregaron en un ataúd sellado», a su esposa, según denunció su sobrino.

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El ciudadano R.A.B fue enterrado en horas de la mañana de este domingo, tres de mayo, según Ruíz que también advirtió que la esposa del fallecido presentaba síntomas de COVID-19.

«La negligencia del régimen hizo que muriera mi tío», denunció el también activista ambientalista, que tiene más de un año en el exilio por la persecución del régimen de Daniel Ortega contra organizaciones no gubernamentales que denuncian las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Nicaragua.

Hasta la fecha en el país, según los datos oficiales del MINSA, se reportan 14 casos confirmados de COVID-19, de los cuales cinco han fallecido. No obstante, con el caso reportado por Ruíz hace tambalear la cifras del MINSA, pues este podría ser considerado, por el contenido de la denuncia, como una posible sexta víctima mortal de COVID-19.

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