Desde dejar en impunidad los femicidios hasta cerrar ONGs que luchaban contra la violencia machista, la dictadura ha violentado los derechos de las mujeres durante todo el año.
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El régimen Ortega Murillo ha violentado incontables veces los derechos de las mujeres nicaragüenses, La Lupa realizó un resumen de las cinco principales transgresiones contra la calidad de vida de las mujeres duranteel año 2021.
Hasta el 22 de diciembre, la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) contabiliza 70 femicidios, 130 en grado de frustración, y más de 96 niñas y niños que quedaron en la orfandad. La mayoría de las víctimas son mujeres entre los 18 y 35 años , seguido de las mujeres entre 36 y 59 años.
Para la defensora de derechos humanos y especialista en género, Maryce Mejía, las cifras son solo un indicador del aumento de los otros tipos de violencia que viven las mujeres, lo que se refleja en los femicidios frustrados. Las adultas jóvenes encabezan la lista, sin embargo, Mejía afirmó que cualquier mujer está expuesta a la violencia; destacando este último año las niñas, quienes han sido víctimas de secuestros y violencia sexual.
“Los femicidios son un indicador de la violencia extrema, pero detrás hay historias de violencia de otros tipos que marcan a las mujeres. Nosotras dentro de los registros que tenemos, hay mujeres que están viviendo violencia psicológica, física, amenazas de muerte, vigilancia de parte de exparejas. Esto es una muestra de toda la situación que no está visible en el país”, manifestó la defensora, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia.
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Según Mejía, el incremento de los femicidios es debido a la falta de voluntad del régimen y a la falta de rigurosidad de las instituciones encargadas para atender esta problemática. A pesar que la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779 establece que el Estado debe prevenir la violencia machista, ante su pasividad solo la legitima.
Por su parte, Martha Flores, integrante de CDD, señala que una característica que ha marcado a los femicidios en los últimos años es la mayor impunidad en la que quedan y la insistencia de la Policía orteguista que reportar menos femicidios de los que en realidad hay. Esto dificulta el acceso a la justicia para las familias.
Flores manifestó que entre las razones del incremento de los femicidios ha sido el contexto de violencia en el que está sumergido el país, la falta de institucionalidad, la liberación masiva de presos, de los cuales mucho fueron condenados por violación, femicidio y ni siquiera cumplieron el 30% de su condena, y el cierre de organizaciones de mujeres.
Mejía le suma a esto los estereotipos y prácticas culturales machistas, la impunidad, el incremento de la pobreza, un marco jurídico débil y la pandemia, ya que las mujeres y las niñas se vieron obligadas a permanecer en sus casas con su agresor.
El régimen Ortega Murillo mantiene a 14 mujeres encarceladas que ejercen un liderazgo campesino, social , defensa de los derechos de las mujeres y un liderazgo político, motivo por el cual hoy están detenidas arbitrariamente. Y mantiene un ensañamiento contra las activistas integrantes el partido Unamos, Dora María Téllez, Tamara Dávila, Ana Maragarita Vijil y Suyén Barahona, quienes han sido torturadas durante los últimos seis meses a través del aislamiento total y la incomunicación.
Actualmente todas las presas políticas se enfrentan a juicios donde son acusadas de delitos falsos, sin garantías judiciales, además, se enfrentan a interrogatorios constantes, insalubridad, mala alimentación, discursos de odio y a un régimen de incomunicación, donde no pueden recibir visitas de sus familiares, a pesar que cinco de las presas son mujeres de la tercera edad con problemas de salud.
Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explica que otra forma en la que se ha manifestado el ensañamiento contra las activistas es la violencia sexual, ya sea en desnudaciones, tocamientos, abuso o violación sexual, los cuales ha sido denunciados tanto por las mismas presas políticas como por sus familiares.
Según Urrejola, la violencia sexual no solo se ha usado como herramienta de tortura contra las mujeres, sino también como una herramienta de control social, lo que ha tenido un profundo impacto porque “sociedades como la de Nicaragua que son profundamentes machistas” y “se da una señal de dominación del hombre sobre la mujer”.
Las presas políticas son acusadas de infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la Ley de ciberdelito, y delitos de narcotráfico y posesión ilegal de armas, sin pruebas algunas.
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La violencia estatal y parapolicial contra las mujeres ha afectado de manera especial a las defensoras de derechos humanos, periodistas, opositoras, presas y expresas políticas, líderes comunitarias, así como las que forman parte de la diversidad sexual.
Día tras días la Policía anuncia la reapertura de las Comisarías de la Mujer en los diferentes municipios del país con el objetivo de “preservar la vida de las mujeres”, y así reducir los índices de violencia contra ellas. Sin embargo, los números de femicidios, los casos de violencia y las desapariciones de niñas no han bajado, según la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV).
Las Comisarías de la Mujer son solo un simulacro de atención y no brindan una respuesta integral ante la violencia machista, explica una integrante de la RMCV, quien realizó un sondeo en el pacífico, occidente y norte del país para conocer la situación de las Comisarías a nivel territorial.
Las Comisarías no atienden a las mujeres, las presionan para desistir de sus denuncias y en el caso de que no lo hagan, las obligan a mediar con sus agresores, lo que pone en riesgo a las víctimas de violencia.
“La mediación y el objetivo de las comisarías de promover el diálogo es contraproducente y riesgoso para las mujeres, porque muchas de las mujeres que han mediado encuentran la muerte después. El impacto son los femicidios, y las que sobreviven quedan con secuelas a nivel físico y emocional”, expresa.
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La especialista explica que en violencia machista no puede haber mediación porque hay un abuso y disparidad de poder, donde las mujeres se encuentran en mucha mayor desventaja que sus agresores, ya que no cuentan con recursos económicos, ni psicológicos, ni emocionales para salir de la violencia.
“Existen las comisarías porque están las cuatro paredes, hablando de la infraestructura, pero no hay un personal especializado, apegado a la ley, respetuoso con la víctima y que cumple con medidas cautelares y precautelares. Incluso con las estadísticas no están llevando un registro real de los femicidios. Todos estos patrones agudizan la violencia y empeora la respuesta que debe tener esta problemática”, manifiesta la especialista en género.
Según la Policía Nacional las Comisarías cuentan con personal de investigación personalizada, así como oficinas y medios de transporte “para garantizar la atención de cada caso con esmero y eficacia”.
Sin embargo, de acuerdo al acompañamiento que da la organización a mujeres víctimas de violencia, aseguran que si bien están atendiendo, no hay una ruta de acceso definida para poner la denuncia, así que las mujeres tienen que ir de una institución a otra para gestionar sus procesos, tampoco hay un acompañamiento legal adecuado y ni un equipo capacitado para atender casos de violencia, puesto que la respuesta siempre es la mediación.
Al contrario, en muchas ocasiones pierden la documentación de las denunciantes, mientras que en los municipios con mayor dificultad de acceso no tienen papel para escribir, y les dicen que no hay gasolina para transportar a las mujeres.
Las mujeres periodistas nicaragüenses no solo se enfrentan al contexto hostil de la represión estatal, sino también a campañas de difamación y descrédito contra su profesión caracterizadas por la burla y el sexismo, afirmó Guillermo Medrano, extrabajador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) durante la presentación del informe regional Situación de violencia contra mujeres periodistas de América Latina.
La violencia contra las mujeres periodistas se acrecentó a partir de la acusación del Ministerio Público contra la periodista y fundadora de FVBCh, Cristiana Chamorro, por supuesto lavado de dinero, que finalmente fue detenida arbitrariamente el 2 de junio de este año cuando expresó su intención de ser aspirante a candidata a la presidencia.
Desde entonces se inició una persecución contra los periodistas vinculados a la FVBCh, ya que la Fiscalía citó a 59 periodistas, de las cuales 13 eran mujeres y dos entraron la institución en condición de entrevistas y salieron en condición de imputadas.
Las mujeres periodistas de Nicaragua tienen que enfrentarse a una campaña permanente de difamación, que transgrede directamente el derecho a la reputación y honra. Esto tiene como consecuencia una serie de amenazas contra su integridad por ejercer su labor.
Mientras que en el caso de los hombres las amenazas de muerte son personales, en el caso de las mujeres las incluye a ellas y a su espacio íntimo como su familia y sus hijos, siendo principalmente los ataques en redes sociales. “Por ejemplo a las mujeres les dicen «conocemos a tus hijos, sabemos donde estudian tus niños» y le ponen fotos de ellos o postean fotos personales de descrédito”, explica el periodista.
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Además, son víctimas de procesos de judicialización por fanáticos del partido de Gobierno bajo los supuestos delitos de injurias y calumnias; de lenguaje estigmatizante y sexista; y a mayor exposición al momento de realizar las coberturas por falta de recursos.
Mientras que dentro de sus espacios de trabajo sufren acoso sexual, violencia psicológica y agresiones por parte de sus compañeros trabajo o jefes, lo que se profundizó con la pandemia.
El régimen Ortega Murillo ha cancelado la personería jurídica de 61 ONG, bajo la arbitraria Ley de Agentes Extranjeros, de estas, La Lupa constató que 19 organizaciones no gubernamentales trabajaban con mujeres frente a la violencia machista en todas sus manifestaciones, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y otras problemáticas que afectan directamente sus vidas. Las mujeres de las comunidades rurales, productoras y víctimas de violencia son una de las principales afectadas.
Por ejemplo, al menos 1,015 mujeres de las zonas rurales y sus familias fueron directamente perjudicadas con el cierre de una organización campesina que en León y Chinandega, impulsaba un proyecto de fortalecimiento de producción agroecológica para que las mujeres pudieran resguardar su seguridad alimentaria y mejorar sus ingresos económicos, explicó una representante de la ONG’s que ante la represión pidió el anonimato.
El proyecto tenía como objetivo que las mujeres pudieran obtener semillas resistentes al cambio climático para las futuras siembras debido a que con la llegada de los huracanes Eta e Iota se perdieron más de 11 millones de córdobas en la cosecha. Esto dejó a las mujeres del territorio especialmente vulnerables, debido a que la producción agrícola es la principal actividad económica de la zona, indicó la fuente.
Esta organización con presencia en el Occidente del país trabajaba en el manejo de parcelas agroecológicas, cosecha, reciclaje y retención de agua. Realizaban actividades orientadas al fortalecimiento de las capacidades de agroindustria para que las mujeres pudieran agregar valor a los productos que producen.
Al no operar la organización, las mujeres no podrán acceder a recursos económicos para la siembra de sus productos o el alquiler de las parcelas, ya que los organismos financieros no ofrecen crédito a las mujeres rurales porque no son propietarias de tierra. La producción agroecológica le permite a las mujeres rurales producir sus propios ingresos de manera sustentable que a la larga se traduce en una opción para salir de círculos de violencia.
