Cinco derechos de las niñas que son violentados en Nicaragua
Miles de niñas no pueden tener un desarrollo integral debido a que son víctimas de femicidio, son obligadas a ser madres o sufren otras violencias.
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Miles de niñas no pueden tener un desarrollo integral debido a que son víctimas de femicidio, son obligadas a ser madres o sufren otras violencias.
Cada 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de defender sus derechos y concientizar sobre las violencias que viven por razones de género.
A pesar que el Estado de Nicaragua tiene fuertes compromisos internacionales y nacionales con la Declaración de los Derechos del Niño, y el Código de la Niñez y Adolescencia, todavía no garantiza el principio de igualdad y no discriminación.
Por el contrario, continúa violentando constantemente sus derechos y perjudicando su desarrollo integral. Estos son algunos de los principales derechos de las niñas que son violentados en Nicaragua.
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La violencia machista es una de las causas de muertes en niñas y adolescentes nicaragüenses. Organizaciones feministas documentaron 34 casos de femicidio infantil entre enero de 2019 y septiembre de 2022, es decir, en los últimos 3 años.
5 niñas y adolescentes fueron víctimas de la violencia machista en #Nicaragua en lo que va de 2022.
— La Lupa (@lalupa_ni) September 7, 2022
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Las víctimas mortales eran 13 niñas entre 1 y 12 años de edad; y 21 adolescentes entre 13 y 17 años. Muchas de ellas, fueron violentadas sexualmente antes de que se cometiera el femicidio.
Las zonas del país donde se reportaron mayormente estos femicidios infantiles fueron Managua con 7 casos; Costa Caribe Norte con 5 casos; y Costa Caribe Sur con 4 casos.
Únicamente en este año se registran 5 femicidios infantiles, según el observatorio Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Feministas han destacado que las cifras de femicidios han aumentado exponencialmente en los últimos años, incluyendo a menores de edad entre las víctimas.
Y aunque las Comisarías de la Mujer, Niñez y la Adolescencia reaperturan cada mes, superando las 140 en todo el país, no ha tenido ningún efecto en la disminución de los femicidios, ni en los casos de violencia machista.
Cientos de menores de edad son víctimas de violencia dentro de su familia, así lo reflejan los boletines del Instituto de Medicina Legal (IML).
Según esta institución, a 379 niñas y adolescentes les realizaron Peritación de Lesiones Físicas por Violencia dentro de la Familia durante el primer semestre del año 2022. Sin embargo, estos son solo los casos denunciados.
En las adolescentes entre 13 y 17 años que sufrieron violencia, el 27.7 por ciento de los casos los agresores eran “parejas”, pero los boletines no señalan qué edad tenían.
De acuerdo con organizaciones feministas, las denuncias de mujeres a la Policía ha disminuido debido a la falta de confianza en la institución, y la cantidad de menores violentadas es mucho más de lo reflejado en las estadísticas.
La violencia sexual es la principal violencia que sufren las niñas y adolescentes en Nicaragua, de acuerdo con el IML, llegando casi a los 4 mil casos casos denunciados cada año.
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En el primer semestre de este año, 1,930 menores de edad entre los 0 y 17 años fueron objeto de Peritajes Médicos Legales por Violencia Sexual.
El abuso sexual infantil sigue siendo una de las principales problemáticas que vive la niñez en Nicaragua. Sin embargo, especialistas señalan que hay una normalización de la violencia sexual en las menores, y que es uno de los delitos que más quedan impunes en el país.
La impunidad de estos agresores sexuales también arrastra a las niñas y adolescentes a otras problemáticas, como las uniones tempranas y embarazos infantiles; que aunque el Código Penal lo condena, en la práctica el Estado tiene una gran permisividad.
La falta de educación sexual, la violencia sexual y la nula prevención de los embarazos infantiles y adolescentes, son algunas de las razones por las cuales miles de niñas tienen que asumir una maternidad forzadas, de acuerdo con especialistas en los derechos de la niñez.
Esta situación se agrava con la penalización absoluta del aborto terapéutico, que impide que menores de edad puedan interrumpir su embarazo voluntariamente, pese a que su vida corre riesgo en este estado.
Según el Compendio de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), 8,509 niñas entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres entre los años 2015 y 2019.
El estado conyugal de estas menores era “acompañada” en 6,754 casos, aunque no explica qué significa; y en 337 casos estaban casadas. Pese a que en Nicaragua solo las mujeres mayores de edad se pueden casar, o aquellas que estén legalmente emancipadas por medio de una orden judicial.
Mientras que durante esos mismos años, 161,696 adolescentes y jóvenes entre los 15 y 19 años se convirtieron en madres. Según su estado conyugal, 128,577 estaban “acompañadas”, y 15,796 estaban casadas.
De acuerdo con estos datos, el 25 por ciento de los embarazos en todo el país son infantiles y adolescentes.
Las niñas no cuentan con la protección del Estado y este es más bien uno de los principales agresores, señala “Sandra”, activista feminista que solicitó el anonimato debido a la persecución de la dictadura.
Pese a que el Estado está comprometido a garantizar el desarrollo pleno, una vida digna y el bienestar superior de las niñas y adolescentes, esta las revictimiza constantemente.
“No contar con una política de protección a las niñas es una forma de violencia; no atender a las madres cuando denuncias las agresiones que sufren sus hijas también es una violencia; no hacer nada cuando ocurren los casos de femicidios es otra violencia. El Estado es el principal agresor de las niñas y adolescentes”, manifiesta.
La organización en la que trabajaba Sandra atendía en el área psicológica, judicial y social a cientos niñas, adolescentes y mujeres cada año, que por protección solicitó no mencionar su nombre. Sin embargo, la personería jurídica fue cancelada este año, imposibilitando más atenciones.
Desde 2018, 176 organizaciones que defendían los derechos de niñas y mujeres fueron despojadas de su personería jurídica arbitrariamente, según el conteo de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).