Las mujeres han quedado en situación de vulnerabilidad tras el cierre de ONG’s, se reveló en la audiencia de la CIDH sobre la situación de la libertad de asociación.
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La cancelación de la personería jurídica de 176 organizaciones que defendían los derechos de las mujeres ha tenido como consecuencia el aumento de la violencia letal contra las mujeres, reveló la defensora Karina Sánchez, durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de asociación en Nicaragua.
“La mayoría de estas organizaciones (canceladas) llevan años o décadas de lucha. Su cancelación no solamente significa la violación al derecho a la asociación, sino que las mujeres que ya se encontraban en graves condiciones de vulnerabilidad, quedan aún más expuestas a violencias u otras violaciones a derechos humanos”, expresa Sánchez, integrante de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
El cierre de estas organizaciones feministas junto con el desmantelamiento de la institucionalidad para hacer efectivo los derechos de las mujeres, también ha tenido como resultado “un clima de máxima impunidad” para los delitos relacionados a la violencia machista.
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La IM-Defensoras expone que esto se revela en las altas cifras de femicidios registrados en los últimos años. Hasta septiembre de 2022 se contabilizan 47 femicidios y 110 femicidios frustrados, según Católicas por el Derecho a Decidir.
Y también se manifiesta en los alarmantes registros de violencia sexual contra las mujeres, que son más de 4 mil denuncidos por año, es decir, 13 violaciones sexuales por día, según el Instituto de Medicina Legal. Las niñas y adolescentes son las principales víctimas de esta violencia.
Por su parte, la cancelación de la personería jurídica ha significado la pérdida de vías de subsistencia e ingresos para las mujeres defensoras, periodistas y activistas, quienes muchas eran las principales proveedoras en sus familias.
Paralelo a la pérdida de su trabajo, por estar relacionadas a estas organizaciones enfrentan variadas y graves agresiones tales como: detenciones arbitrarias; amenazas de muerte, de violaciones o de daños a familiares; allanamientos ilegales en sus hogares; campañas de difamaciones y estigmatización; y distintas formas de hostigamiento y represión migratoria.
“Desde IM-Defensoras hemos registrado 1,753 agresiones contra defensoras hasta este año, pero debe considerarse que hay un gran subregistro debido a la autocensura”, señala Sánchez.
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Hasta octubre de 2022 se contabilizan 2,634 organizaciones despojadas de su personería jurídica, el 95% de ellas ocurridas desde marzo de este año, denunciaron 18 organizaciones nicaragüenses de derechos humanos durante la audiencia ante la CIDH.
Sumado a la cancelación de las personerías, se ha documentado la confiscación de facto de al menos 43 organizaciones, incluyendo 13 organizaciones feministas, 6 universidades privadas y 4 medios de comunicación independientes.
“El cierre de la ocupación de espacios cívicos por el régimen Ortega-Murillo ha llegado a un punto extremadamente crítico. En Nicaragua ya no queda una sola organización de defensa de derechos humanos que opere legalmente”, expone Ana Quirós, directora de Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).
El cierre masivo de las organizaciones tiene graves impactos sobre la población nicaragüense y trabajadores de las organizaciones, indica Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río.
Según el defensor, las afectaciones no solo suponen violaciones a los derechos humanos, sino que también tiene serios impactos humanitarios en las personas que se beneficiaban de las organizaciones.
“En análisis de tan solo una muestra representativa de 53 organizaciones canceladas ha reflejado la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo, la pérdida de más de 2 mil empleos formales, y la desatención de más de un millón de personas beneficiarias de estas organizaciones”, informa.
Otra de las consecuencias del cierre de las organizaciones es el desplazamiento forzado y el exilio masivo de cientos de miles de personas nicaragüenses, “producto de la desestructuración del tejido social agudizado al destruir a las organizaciones que proveían de acompañamiento y protección”.
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La Fundación del Río contabiliza más de 400 mil nicaragüenses en el exilio, incluyendo a personas miembros y directoras de las organizaciones cerradas. Muchas de las personas trabajadoras no solo han tenido que migrar por persecución político, sino también por la pérdida de los ingresos económicos.
Según Ruiz, esto tiene impactos psicosociales en la población como cuadros depresivos, sentimientos de angustia, desesperación, culpa, y fracaso. Además, el exilio conlleva pérdida de identidad, arraigo y rompimiento de proyecto de vida.
El abogado Carlos Guadamuz, integrante del Colectivo de DD.HH Nicaragua Nunca Más, señaló que la violación sistemática y generalizada contra el derecho a la libertad de asociación se ha realizado a través de marcos legales inconstitucionales; limitaciones al derecho a la defensa; anulación de garantías al debido proceso; el cierre absoluto de la vía administrativa, entre otros.
Según el abogado, el régimen Ortega-Murillo justifica las cancelaciones y las ocupaciones de las instalaciones desde la lógica del bienestar social convirtiéndolas en instalaciones estatales, pero que nunca han funcionado, indica.
Como los casos de las instalaciones de Operación Sonrisa convertidas en un museo, CISAS transformado en un centro de rehabilitación de drogas, o el Canal 100% Noticias convertido en una clínica de mujeres. Pero nunca han mostrado funcionalidad.
“Este patrón tiene un valor simbólico muy fuerte al transformar el espacio social en espacios del régimen”, señala.
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Por su parte, la socióloga Haydee Castillo, expresa que las cancelaciones se han justificado con la estigmatización y los discursos de odio contra las organizaciones sociales y de derechos humanos, el periodismo independiente, religiosos y personas defensoras.
“Estos discursos emitidos en evento públicos buscan hacer creer que su labor y su asociatividad son un delito, enfrentando la confrontación social, legitimando la violencia, la discriminación y el asedio que se ejerce en su contra”, expresa.
