Nathanyeli Rivas esposa del reo político Francisco Pineda, rompió en llanto al conocer que su esposo no estaba en el grupo de 91 excarcelados, tampoco aparecieron Edward Lacayo ni Jaime Navarrete pues sus nombres se encuentran en la lista de los 65 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aun mantiene en sus celdas.

Los datos se desprenden del cotejo entre la lista de la Policía Oreguista y la última lista publicada el 27 de diciembre de 2019 de forma conjunta entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), el Comité de Familiares Pro libertad de Presos Políticos (CPLPP) y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN).

El resultado de esta comparación reveló que «de los presos políticos que quedan en cárceles hay 21 personas condenadas, 37 personas procesadas, 10 personas detenidas» de las cuales 63 son varones, y dos mujeres, una de ellas, una mujer trans, de nombre Mayela Cruz (con nombre legal Uriel Antonio Cruz Lopez) procedente de Yalaguina. Detenida el 10 de diciembre de 2019, quien se encuentra recluida en la Policía de Somoto.

«De este grupo que no fue excarcelado, 14 personas fueron detenidos en 2018. De igual manera, en este grupo de personas presas políticas que quedaron en cárceles, hay 7 personas recapturadas, esto quiere decir que son personas que en el pasado habían sido excarceladas y que luego debido a la constante persecución políticas fueron vueltas a capturar y encarcelar por el régimen», dice la nota de prensa emitida.

DETALLES DE EXCARCELADOS

Datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) indican que de los 83 reos políticos que reconocen 41 estaban condenados, 39 en proceso de juicio y cuatro como detenidos, estos últimos no habían sido acusados en los tribunales. Este grupo estaba concentrado: 42 en la cárcel Modelo de Tipitapa; uno en la cárcel de Mujeres La Esperanza y 16 en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, conocido como el Chipote.

Los otros 24 estaban en las cárceles de Masaya, Chinandega, Granada, Jinotega, Matagalpa, Ocotal y Juigalpa, cabeceras departamentales de Nueva Segovia y Chontales respectivamente.

Ante estos datos el Cenidh publicó en sus redes sociales: «No nos conformamos, faltan muchos por liberar». El organismo no gubernamental defensor de los Derechos Humanos, también exige que cese la represión y el asedio contra quiénes han ejercido su derecho a la protesta.

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