Las recientes reacciones de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos por la irresponsabilidad del régimen orteguista con la pandemia del COVID-19 hace considerar a opositores la posibilidad de que lleguen nuevas sanciones.
Recientemente, Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., refirió a través de su cuenta oficial de Twitter que en Nicaragua «existen numerosos y creíbles reportes de un mayor contagio de COVID-19… que lo indicado por las cifras oficiales».
Además recomendó a la dictadura orteguista «ajustarse a la realidad que viven los nicaragüenses, cumplir las obligaciones de su mandato y proteger al pueblo de Nicaragua».
Existen numerosos y creíbles reportes de un mayor contagio de #COVID19 en #Nicaragua que lo indicado por las cifras oficiales.
Ortega debería ajustarse a la realidad que viven los nicaragüenses, cumplir las obligaciones de su mandato y proteger al pueblo de Nicaragua.
— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 11, 2020
Tres días antes, en su cuenta de Twitter, Kozak también instó a la dictadura a restablecer el total respeto por los derechos humanos y acordar las reformas electorales, acordadas en el segundo diálogo con la oposición en marzo de 2019.
El exdiputado y analista político José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, apuntó que todas estas menciones sobre las fallas que continúa cometiendo el régimen en materia de derechos humanos podrían significar un reinicio del proceso de aplicación de sanciones adicionales a las que ya han aplicado.
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«Es muy probable que el Gobierno de los Estados Unidos reinicie el proceso de aplicación de sanciones adicionales a las que ya ha aplicado. En primer lugar por cuanto Europa ya decidió sumarse y era importante para la política norteamericana que no se viera como una acción unilateral de ellos, sino que fuera parte de un consenso internacional, que responde en consonancia a las violaciones a derechos humanos de parte del régimen. Entonces, ya habiéndose apuntado Europa se abre el camino para que ellos puedan continuar en este proceso», consideró Pallais.
Además, explicó que a todas las graves violaciones ya registradas por organismos internacionales desde abril 2018, actualmente, se suma «un mal manejo de la pandemia».
«Eso potencia la tendencia de reaccionar con más sanciones porque estarías frente a un Gobierno que incumple las recomendaciones internacionales no solo en las materias tradicionales, sino también en temas sanitarios», valoró el también analista político.
No obstante, consideró que las sanciones que se puedan aplicar no vendrían a afectar a toda la población, pues tanto el Gobierno de Estados Unidos como Europa han dejado claro que los que deben pagar son los violadores de derechos humanos y no sus pueblos.
«Sanciones contra el Estado de Nicaragua que afecten a la población no creo que se vayan a aplicar, pero sí sanciones individuales. Los europeos han sido claros que no apoyan sanciones que afecten al pueblo de Nicaragua. En Estados Unidos la Ley también es clara, porque se dice que no van a pagar justos por pecadores», enfatizó el exdiputado.
Levantamiento de sanciones
Por su parte, el régimen orteguista ha continuado sus llamados a levantamiento de sanciones, amparándose en el supuesto tratamiento del COVID-19. Sin embargo, tienen seis días de no dar un solo informe del avance de la pandemia o de los planes que están aplicando para combatir el contagio.
En la primera sesión virtual del Foro sobre los Desafíos para el Derecho Interamericano, realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, embajador de Nicaragua ante ese organismo, insistió en el levantamiento de sanciones durante tres momentos de su discurso.
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«El pueblo nicaragüense continúa alzando su voz para demandar el cese de las agresiones mal llamadas sanciones contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países del mundo, que se siguen aplicando, producto de una política arbitraria, ilegal e injustificada que cercena la paz, la seguridad, el bienestar y el derecho de estas naciones a su igualdad jurídica y al ejercicio de su libre autodeterminación en el concierto de las naciones», dijo Alvarado, en consonancia con el discurso ofrecido por el dictador Ortega el pasado cuatro de mayo, donde también pidió levantamiento de sanciones.
Agregó además, amparándose en la COVID-19, que resultaba «inadmisible que en estos tiempos de pandemia se sigan manteniendo las agresiones incorrectamente llamadas sanciones, los bloqueos económicos y financieros, las prácticas proteccionistas y las afectaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y naciones del mundo por parte de las grandes potencias».
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Pallais consideró, ante todas esas peticiones del régimen, que esto evidencia que las «sanciones les están haciendo daño». Asimismo, aseguró que este tipo de acciones también muestran que la dictadura busca «confundir» a la población, pues explicó que ninguna de las sanciones aplicadas hasta ahora son sanciones que tienen una afectación general al país.
«Las sanciones generales son por ejemplo los bloqueos, las restricciones al libre comercio, financieras y menos aún limitaciones financieras como los que se están necesitando para enfrentar la pandemia, estos no están cubierto por ninguna sanción, aunque pueden perfectamente autorizarse, pero no se han autorizado para Nicaragua este tipo de sanciones, por lo tanto no afectan a la población solo a los violadores derechos humanos», apuntó.