A cinco días de los 75 establecidos para que venza el plazo que tiene la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua, conformada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado 28 de agosto, para exponer un informe sobre la crisis que enfrenta Nicaragua desde abril 2018, expertos consideran que en el país “no será expulsado o suspendido de la OEA”.

No obstante, no descartan la contundencia y posible desencadenamiento de sanciones tras el informe que presentará dicha Comisión para Nicaragua de la OEA, integrada por el embajador Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario para asunto de  las américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina; embajadora Elisa Ruiz Bareiro, representante permanente de Paraguay ante la OEA; Sebastián Sigouin, director de Asuntos Globales Canadá para Centroamérica, Cuba y República Dominicana; embajadora Audrey Marks, representante permanente de Jamaica ante la OEA y el embajador Carlos, representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA.

Se conoce que una vez transcurridos estos 75 días de plazo, que tiene la Comisión para Nicaragua, deberá entregar el informe, pero también tienen como mandato “adoptar las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”.

En caso que se llegará a convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, cosa que analistas políticos consultados por La Lupa descartan, sería para continuar el proceso de aplicación de la Carta Democrática al Estado de Nicaragua, demostrando así que en el país se ha producido una ruptura al orden democrático, lo que podría culminar con la suspensión del país en la OEA.

Parte del artículo 21 de la Carta Democrática establece que “con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”, es decir, con 24 votos la organización puede ordenar la suspensión de un país que haya roto el orden democrático.

DESCARTAN SUSPENSIÓN DE OEA

El jurista Carlos Tünnerman, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y miembro de los dos intentos de diálogo que tuvo la oposición con el régimen de Daniel Ortega en mayo 2018 y febrero 2019, descartó en primera instancia que el país sea suspendido de la OEA.

“Nosotros nunca hemos pensado que se va a obtener los 24 votos, porque hay países del Caribe que siempre se abstenido o votado en contra de resoluciones en favor del pueblo de Nicaragua, de manera que nosotros no esperamos que haya una asamblea extraordinaria para suspender a Nicaragua”, lamentó Tünnerman.

No obstante, rescató que el informe que presentará la Comisión para Nicaragua de la OEA mostrará la realidad que vive el país desde hace 18 meses. Por lo que consideró que entre las demandas de esta comisión estará la reanudación del diálogo y el cumplimiento de los acuerdos firmados por el régimen Orteguista.

“Esperamos un informe contundente sobre lo que realmente sucede en Nicaragua y que se haga una solicitud al Gobierno de Nicaragua a que cese la represión, libere a los presos políticos, justicia para las víctimas, respeto para los derechos humanos y que se continúe con las discusiones sobre la reforma electoral y que se reanude la mesa de negociación”, demandó el también analista político.

El exembajador de Nicaragua en Países Bajos y analista político Bosco Matamoros, concuerda con Tünnerman, en descartar la posible suspensión de Nicaragua en la OEA, pues considera que el escenario que se verá el próximo 13 de noviembre en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos será “una reiteración del pedido de que la comisión venga a Nicaragua y, en ese sentido, van a esperar una respuesta del Gobierno”.

Sin embargo, el también exdiplomático y analista político Roger Guevara Mena no descarta ninguna posibilidad, pues considera que, aunque falten cinco días para la presentación del informe “estamos con la moneda al aire”.

Guevara indicó que ninguna posibilidad debe descartarse, por lo que consideró que si llega a suspender al país de la OEA sería hasta que Nicaragua cumpla con lo establecido en la Carta Democrática y se le podría señalar para ello un plazo.

“En ese plazo podría pasar convocatoria de elecciones, en ese plazo podría pasar libertad de presos políticos, en ese plazo podría darse la reanudación del diálogo, podría pasar varias cosas, pero ahorita estamos como con la moneda en el aire porque si bien es cierto que hay votos favorables y que hay países que ya no se van a abstener y que van a constituir un voto favorable sabemos que todo puede pasar”, advirtió Guevara.

Más medidas bilaterales

Matamoros valoró que lo más importante, de la presentación de este informe, es que podría generar más acciones bilaterales contra el régimen de Daniel Ortega, puesto que podría resultar que suceda como en otras resoluciones en las que se les dice a los integrantes del organismo que “están facultados para adoptar las iniciativas que consideren oportunidades para presionar al Gobierno de Nicaragua a que se reinicie un proceso de negociaciones y que lleve a un proceso de elecciones transparentes, observada y justas”.

El exdiplomático prevé que, luego de la presentación del informe, gobiernos como el americano continúe sancionando a personeros del régimen Orteguista y que Unión Europea se decida a implementar este tipo de sanciones.

El Gobierno de Estados Unidos, el pasado jueves siete de noviembre, continuó agregando a su lista de violadores de derechos humanos y corruptos a funcionarios cómplices del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los nuevos sancionados fueron el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell; el comisionado general de la Policía Orteguista Ramón Avellán; y el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López.

Hasta la fecha el país tiene un total de 15 funcionarios del Orteguismo sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entre los señalados de corrupción y violaciones a derechos humanos, además de Campbell, López y Avellán, se encuentra Roberto Rivas, expresidente del CSE; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Francisco López, consuegro de  la pareja dictatorial y actual director de la Policía Orteguista; Rosario Murillo, vicedictadora de Nicaragua; Gustavo Porras, presidente del Asamblea Nacional; Laureano Ortega, hijo del dictador Daniel Ortega y asesor presidencial en temas inversión extranjera; el finiquitado Bancorp; Sonia Castro, exministra del Ministerio de Salud; y Orlando Castillo, director de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).

Las sanciones de la Unión Europea, aunque varios eurodiputados a lo largo de estos últimos meses no la han descartado, siguen sin ser directas o bilaterales. Matamoros señaló que “no excluyo la posibilidad de que haya otros sancionados, pero la Unión Europea luego que se presente ese informe va a tomar acciones que pueden ir dirigidas a personeros del régimen de Ortega”.

Asimismo, advirtió que este sinnúmero de sanciones que podrían lloverle al régimen Orteguista pone al país en “riesgo” de convertirse “en un Estado disfuncional porque qué relaciones va a tener el Estado de Nicaragua, cuando muchos de sus funcionarios están sancionados. Qué tipo de relaciones van a tener estos funcionarios de estas instituciones cuando son señalados de ser responsables de actos de corrupción por una resolución, lo que quiere decir que ellos (el país que los sanciona) tienen una investigación y que los estándares que usan son elevados”.

El exdiplomático explicó que todos los procesos aplicados por la comunidad internacional “operan de forma gradual, pero cada vez se van cerrando los espacios”, por lo que pidió a la población de Nicaragua que “no pierdan las esperanzas” de cambio en el país.

La Lupa Nicaragua
+ posts