La organización presentó su informe anual en el que detalla las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua
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La organización Amnistía Internacional denunció, durante la presentación de su informe anual 2022-2023, que en Nicaragua persiste la crisis de derechos humanos, señalando que el régimen Ortega-Murillo continuó hostigando y encausando a defensores, periodistas y activistas, aplicando duras condiciones de reclusión para las personas encarceladas por motivos políticos y dejando en situación de riesgo a los pueblos indígenas.
El documento señala que en el país se endureció las restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, asociación pacífica y reunión, lo que dificultó la actividad de los movimientos políticos y sociales. Los defensores denuncian que en 2022 se registró el cierre de al menos 15 emisoras de radio y canales de televisión, la mayoría de propiedad de la iglesia Católica; y restricciones a actividades religiosas.
Amnistía Internacional apunta que los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen enfrentándose a discriminación y obstáculos en el ejercicio de sus derechos. En Nicaragua los ataques de colonos armados continuaron y obligaron, en abril de 2022, a más de 25 familias a desplazarse de sus territorios.
El informe resalta que en respuesta a esa situación constante de persecución, en febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de los miembros de las comunidades Musawas, Wilú y Suniwas del pueblo indígena Mayangna, en Nicaragua, que «se encontraban en situación de riesgo por las constantes dificultades que planteaba el proceso de regularizar la propiedad de sus territorios».
También, denuncia que el año pasado se registró la cancelación de más de 1,000 organizaciones sin fines de lucro, entre estas al menos 12 universidades, lo cual, a juicio de los defensores de esa organización, fue una continuación de la tendencia de cierre de espacios de la sociedad civil que había comenzado en 2018 y se siguió e intensificó con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
Las oenegés confiscadas previo a 2022, señala el informe, también sufrieron violaciones relacionadas a confiscación de sus bienes y propiedades, por órdenes del orteguismo, y los defensores que laboraban en esas oenegés y tuvieron que exiliarse tampoco pudieron retornar al país por la falta de condiciones.
Las violaciones contra las personas encarceladas por motivos políticos, señala el informe, también continuaron en 2022, mientras permanecían más de 200 presos y presas políticas en las diferentes cárceles del país. En febrero pasado, el orteguismo excarceló a 222 reos de conciencia, los expulsó a Estados Unidos y los declaró apátridas.
Los defensores de Amnistía recordaron que los reos de conciencia en 2022 sufrieron negaciones de atención médica, torturas, aislamientos prolongados, restricciones de visitas familiares, especialmente las de menores de edad, y falta de materiales de lectura y escritura.
Además, denunciaron que el reo político Hugo Torres Jiménez falleció en custodia de las autoridades policiales del régimen, resaltando que dicha situación incluso generó la preocupación de representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que abogó por la salud de las personas encarceladas por motivos políticos.
Amnistía menciona que esas personas presas políticas, aunque ahora están excarceladas en su mayoría, fueron sometidas a juicios sin garantías procesales, sin derecho a la debida defensa y condenados a penas de hasta 13 años que la justicia orteguista ni siquiera se pudieron probar.
Actualmente, en Nicaragua al menos 37 personas siguen encarceladas en los diferentes centros carcelarios del país, según los datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, entre ellas monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa. También, según Amnistía Internacional, persiste la “impunidad por crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos», tales como detenciones, desapariciones, torturas, malos tratos y asesinatos cometidos a partir de 2018.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, resaltó, durante la presentación del informe, que en el último año en los países de las Américas, entre esos Nicaragua, se «continuó enfrentando enormes desafíos en derechos humanos” y se “tiene una deuda histórica de protección” de estos.
“Seguimos viendo abusos sistémicos y generalizados, incluida la violencia, las desigualdades, la discriminación, el racismo, y la erosión del Estado de Derecho. Estos abusos a menudo están dirigidos a personas más vulnerables y marginalizadas, incluidas mujeres, niñas, pueblos indígenas, comunidades negras, personas LBTIQ+ y personas refugiadas e inmigrantes”, detalló.
Además, explicó que en la región se ha “normalizado la impunidad” sobre violaciones a derechos humanos, derivadas de la represión estatal, especialmente en países como Nicaragua, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Honduras y Venezuela, que tienen casos que datan desde entre 2017 y 2021 que siguen sin investigación y reparación para las víctimas.
