Mientras que decenas de periodistas informan desde el exilio, gran parte todavía se enfrentan al contexto hostil dentro del país. Esta es la realidad del periodismo en Nicaragua.
Por 416 
Nicaragua es uno de los países más violentos para ejercer periodismo en la región, donde el mayor victimario es el Estado. Solo en el primer mes de este año hubo 114 casos de violaciones a la libertad de prensa, según el informe de enero de Voces del Sur, y no se espera que las futuras cifras mejoren.
Durante el 2021, al menos 52 personas de prensa se exiliaron, pero para muchos de ellos es la segunda ocasión que salen del país para resguardarse, como en el caso de la periodista Martha Irene Sánchez.
Lee: Informe registra «ataques simultáneos» a medios de comunicación independientes de Nicaragua
La primera vez que se exilió en Costa Rica fue en diciembre de 2018, regresó en noviembre de 2019, y tuvo que huir nuevamente en junio del año pasado para evitar su captura por parte de paramilitares.
Su primer exilio fue justo días después de haber renunciado como Jefa de Prensa al canal local de la Arquidiócesis de Matagalpa, TV Merced, y a tan solo días después de la detención ilegal de los periodistas Lucía Pineda y de Miguel Mora, quien lleva siete meses encarcelado arbitrariamente nuevamente por haber manifestado públicamente su intención de postularse a la presidencia en las fraudulentas votaciones pasadas.
Durante el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, TV Merced funcionó como una voz de denuncia para la ciudadanía y era ella quien dirigía las dos ediciones noticiosas, explica Sánchez, pero la persecución contra ellas, su equipo y para las fuentes era cada vez mayor.
“El canal estaba casi a la par de la departamental del Frente (Sandinista), es decir, las oficinas del partido en la ciudad. El quehacer periodístico era de muy alto riesgo, no solo porque se nos vigilaba las rutinas en las coberturas, también éramos perseguidos y había mucha intimidación contra las fuentes. Cuando identificaban que había una fuente muy recurrente, comenzaron a amenazarlas. Con el poco personal que había teníamos que cambiar los protocolos de seguridad, incluso dentro de la iglesia teníamos que hacer las entrevistas”, relata la periodista.
Pero notó que el peligro era mayor cuando la perseguían al dejar y traer a su hija del colegio, el asedio y el acoso ya no solo era durante las coberturas de las protestas, sino también en las rutinas de su vida diaria. En los últimos días de diciembre de ese año, sus papás recibieron una llamada de personas vinculadas al Frente Sandinista, quienes le advirtieron que ella se encontraba en una lista para ser apresada.
Sin pensarlo dos veces, salió del país de manera irregular hacia Costa Rica, pero para poder salir, engañó a su hija de nueve años, diciéndole que se iba por un viaje de trabajo. Los primeros meses en el exilio fueron duros porque trabajaba como cajera en un supermercado, pero debía hacer más funciones de las que le correspondían y con horarios de trabajo en la noche y en la madrugada.
Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, “las condiciones socioeconómicas y humanitarias en las que viven las y los periodistas son difíciles, no solo por la carestía de la vida, por la falta de acceso a vivienda, servicios públicos, salud, educación trabajo y seguridad social, sino por la discriminación y xenofobia histórica en contra de la población nicaragüense”.
También: CPJ: «Nicaragua no es un espacio seguro para periodistas»
Al no soportar las condiciones de su trabajo, Sánchez renunció y conoció a otro grupo de periodistas nicaragüenses exiliados, al igual que ella. Así que junto con ellos, creó su medio de comunicación digital, República 18, el cual todavía dirige. Durante los 11 meses que estuvo en el exilio intentó en múltiples ocasiones traer a su hija a Costa Rica, pero las autoridades migratorias no se lo permitían porque ella no tuvo una salida regular, hasta que se devolvió en noviembre de 2019 para poder reencontrarse con ella.
“Así fue que yo retorné con un grupo de colegas y activistas junto con Carlos Fernando Chamorro el 25 de noviembre de 2020, aún sabiendo que no había ninguna condición, ni garantía. Sentía que el sacrificio de estar alejada de mi hija era demasiado. Dije «voy a regresar y voy a bajar el perfil». Así me mantuve por año y medio, pero era mentira. Cuando volví a mi casa la vigilancia comenzó de nuevo tanto de vecinos, paramilitares y patrullas de Policía que se estacionaban en la casa”, expresa Sánchez.
En 2021, el año con mayor número de ataques a periodistas (702 registrados), solo superado por 2018, Sánchez tuvo que huir nuevamente de Nicaragua. Apenas dos semanas antes, el régimen acusó a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) por los delitos falsos de gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero, arrestó arbitrariamente a Cristiana Chamorro y comenzó una serie de entrevistas contra periodistas que tuvieron relación con la FVBCh.
Sánchez no fue citada, pero una de sus colegas sí, y durante la entrevista, la Fiscalía insistió para que su compañera revelara su ubicación. A pesar que ya tenía esa alerta y el arresto contra personas opositoras, activistas y periodistas se estaba ejecutando, resistía en salir “porque ya sabía lo duro que es el exilio”.
También: Las periodistas nicaragüenses se enfrentan a la difamación, sexismo y acoso
Pero una tarde el 7 de junio, mientras que escribía en su casa sobre la historia de exilio de un excarcelado político, recibió varias llamadas de números desconocidos: eran personas vinculadas al Comité de Presos y Presas Políticas de la ciudad de Matagalpa, avisándole que había una orden de captura contra ella que ya se estaba ejecutando.
“Yo estaba en short y chinelas, dije «me voy a vestir para que al menos me lleven descente». Le tuve que informar a mi mamá, mi hija estaba llegando de clases y ya no se lo pude ocultar, ella ya tenía 11 años. En la casa todos estábamos llorando. Les dije que si venían había que abrir la puerta, que no había que resistirse porque era mí que me querían”, relata.
Sin embargo, recibió una llamada de una amiga que le dijo que iba a llegar para sacarla de la casa. Sánchez se negó para no involucrar a nadie más, pero para su sorpresa, su amiga llegó en un carro en cuestión de minutos. Sin ninguna pertenencia, tuvo que montarse rápido, pues a solo dos casas de la suya ya habían elementos paramilitares.
Actualmente lleva siete meses en Costa Rica. En diciembre tuvo que traer a su hija de manera irregular, ya que las autoridades migratorias no facilitaban el proceso. “He tratado de abrazar el exilio de manera diferente, con esperanzas de seguir construyendo y fortaleciendo capacidades desde el exilio, porque sé que en algún momento vamos a regresar y nos van a necesitar para reconstruir el país”, manifiesta Sánchez. Aunque no sabe cuándo va a regresar, se ha fortalecido con su red de apoyo para poder sobrellevar su segunda migración.
Quedarse en el país es un riesgo inminente de judicialización en contra de las personas de prensa. Durante todo el mes de febrero, se reactivaron los juicios contra las personas presas políticas, siendo enjuiciados dos periodistas: el cronista deportivo Miguel Mendoza, sentenciado a nueve años de cárcel por el supuesto delito de de “cometer menoscabo contra la integridad nacional”, el exdirector del Canal 100% Noticias y aspirante a la presidencia, Miguel Mora, condenado a 13 años de cárcel por el mismo delito.
Los juicios fueron llevados a cabo con todo tipo de ilegalidades: se realizaron en la Nueva Dirección de Auxilio Judicial sin garantías judiciales, sin el cumplimiento del Código Procesal Penal y las pruebas contra ellas eran publicaciones en redes sociales y testimonios de policías cuyas identidades se protegieron.
Las condiciones en que el régimen mantiene a las personas presas políticas han sido deplorables, a tal punto que todas ellas tienen problemas graves de salud y que causó la muerte Hugo Torres el 12 de febrero, quien también estaba a la espera de su juicio.
Todavía siguen pendientes los juicios contra el comentarista político, Jaime Arellano; y tres miembros de la junta directiva del diario La Prensa, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holmann.
El inicio de este año también estuvo caracterizado por la usurpación de sus cuentas de WhatsApp de manera simultánea de tres medios de comunicación, el hackeo de una cuenta en Twitter, el cierre de medios, agresiones físicas, entre otros. Sin embargo, a pesar de los riesgos que conlleva ejercer la labor periodística en el país y dar cobertura en las calles, todavía hay periodistas que lo hacen por vocación.
“Fátima”, una periodista con más de 10 años de experiencia, pide el anonimato para denunciar su caso, ya que cada vez que denuncia de manera pública, la situación de inseguridad y el asedio que vive por parte de paramilitares y fanáticos del gobierno aumenta, y como todavía reportea en las calles de Carazo, de donde es originaria, prefiere no arriesgarse.
“Nunca imaginó llegar hasta ese punto” y vive su profesión como un “duelo”, porque la profesión que alguna vez la hizo feliz, actualmente le cuesta la seguridad de ella y de su familia. Después de dar cobertura a las manifestaciones ocurridas desde abril de 2018, Fátima vivió el primer ataque dirigido contra ella.
“Una muchacha se comunicó conmigo y me dijo que me quería dar una información. Yo lo miraba relativamente normal, pensaba que era algo de carácter público. Nos quedamos de ver en una vivienda. Llegué a las una de la tarde, me metieron a una sala y la muchacha me dice «yo soy simpatizante del gobierno, soy parte del cabildo municipal del frente sandinista y te quiero contar algo confidencial». Fue sorprendente”, relata.
Lee: Crueldad de femicidios va en aumento en Nicaragua
La simpatizante sandinista le advirtió que otro grupo de simpatizantes tenían planeado inculparla de querer quemar la alcaldía municipal de una ciudad de Carazo, de tener bombas molotovs, armas hechizas y de dirigir un grupo opositor, por lo que “tuviera cuidado” porque la podían apresar.
Desde ese día, el asedio por parte de simpatizantes del régimen no ha acabado nunca. De manera frecuente pasaban caravanas sandinistas gritando obscenidades frente a su casa, en redes sociales le mandaban fotos de ellas y de sus hijos amenazándolos de matarlos, y cada vez que iba a cubrir algún evento era asediada por los simpatizantes o los paramilitares, así que dejaba a la mitad la cobertura y desistía.
“Cuando ocurrió la operación limpieza en Carazo el 8 de julio, las cosas cambiaron para nosotros los periodistas a un panorama muy distinto. Agarró más fuerza el partido de gobierno y echó a la calle a más policías, simpatizantes, y arremetían siempre contra nosotros los periodistas”, señala, por lo que tuvo que salir del municipio para refugiarse y no poner en riesgo a su familia.
Aunque durante estos cuatro años de crisis sociopolítica Fátima ha intentado continuar informando no siempre es posible porque era perseguida o amenazada, así que tenía que recurrir al anonimato de ella, de sus fuentes y con información muy limitada. También tener que huir de una cobertura se convirtió en algo cada vez más común.
Cuando cubría el entierro del opositor Tomás Maldonado en Jinotepe el 25 de junio del año pasado, Fátima grababa con su teléfono el evento y a tan solo unos metros había un grupo de 12 motorizados y paramiliares uniformados de negro, encapuchados y con armas. Un hombre se le acercó y le preguntó “¿vos sos periodista?”, Fátima le preguntó por qué, a lo que el hombre le respondió “cuidado desapareces vos y ese teléfono”.
“Yo no te tengo miedo. El miedo ya se acabó para los periodistas, le dije, pero no era cierto. Mi equipo y yo sentíamos cierto temor”, cuenta la periodista. Luego de ese incidente los paramilitares la amenazaron y le ordenaron guardar su teléfono, al no obedecer, dispararon al aire, así que su equipo y ella huyeron del lugar.
De los cuatro años de crisis y criminalización a la libertad de prensa y de expresión, para ella, el año pasado fue el más intenso, especialmente cuando se acercó la farsa electoral. Días antes de los comicios calificados como fraudulentos, las ventanas de su carro fueron apedreadas y recibió amenazas nuevamente, advirtiéndole de no dar cobertura a las elecciones, de lo contrario, la iban a desaparecer.
Así que Fátima durante ese tiempo se resguardó en su casa y no abordó el tema. “Yo no iba a hacer la diferencia ese año por ir a las calles y dármelas de la muy valiente, porque este circo ya está montado”, expresa.
También: Lo que necesitás preparar para estudiar en el exterior
Debido a toda el asedio que ha vivido tuvo que pasar por un proceso terapéutico con sus hijos, ya que el temor, el miedo y la angustia los invadía constantemente. El temor constante de su familia es que un día no regrese a su casa después de salir a reportear, ya sea porque la maten los paramilitares o porque la echen presa.
Actualmente cada vez que vive un nuevo ataque baja el perfil y solo da cobertura a noticias de suceso, aunque eso no le garantiza seguridad, Fátima dice que “hay que morir con los caites bien puestos”, es decir, que continuará informando, hasta que un día no tenga más opción que exiliarse.
