Por tercer año consecutivo, Nicaragua conmemora otro Día Internacional de la Mujer en un ambiente donde el estado policial impuesto por el régimen continúa violentando el derecho a la “libertad de expresión, organización y movilización pública”, denunciaron en un manifiesto unas 249 organizaciones y colectivos del mundo.
En el manifiesto, de respaldo a las feministas nicaragüenses, las organizaciones y colectivos firmantes recuerdan que en el país se ha establecido un “régimen dictatorial”.
“A casi tres años del inicio de la mayor crisis sociopolítica y de derechos humanos como consecuencia de la brutal represión frente a la insurrección cívica de abril 2018 y la consolidación de un régimen dictatorial, expresamos nuestro reconocimiento, apoyo y solidaridad a las feministas nicaragüenses que continúan luchando en condiciones tan adversas para salir de la dictadura”, señala el texto.
Las organizaciones y colectivos acusan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de destruir todo “resto de institucionalidad democrática”, en Nicaragua, donde cada día “violenta los derechos de las y los nicaragüenses”.
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Agregan que es posible construir un país “verdaderamente democrático con justicia, verdad, reparación, y garantías de no repetición, con equidad y sin violencia”.
Acción en Red Madrid, Asociación Desarrollo Comunitario Intercultural (ADCIL), ambas de Madrid; Asamblea de Mujeres de Bizkaia, de Bilbao; Asociación de Mujeres Malvaluna, de Mérida; Articulación Feminista Marcosur ju, de Lima; Centro de derechos humanos de las mujeres, de Chihuahua; Defensora de Derechos Humanos, de Chiapas, entre otras organizaciones y colectivos firman el manifiesto.
Denuncia permanente
Los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos siguen denunciando la impunidad en la que permanecen las graves violaciones a derechos humanos en el país.
Mientras tanto, a la ciudadanía en el país se le sigue violentando cada día los derechos fundamentales, denuncian las organizaciones y colectivos.
“Incluyen asesinatos, torturas, secuestros, detenciones arbitrarias, expropiaciones, cancelación de personerías jurídicas, entre ellas a dos organizaciones feministas, cometidas desde abril de 2018”, apuntan.
A la fecha, en el país, el régimen mantiene más de 100 secuestrados políticos “encarceladas injusta y arbitrariamente”, sometidos a procesos judiciales difamatorios, sin garantías, sometiendo a sus familiares, en su mayoría mujeres, a tratos humillantes.
Por otro lado, recuerdan que más de 100 mil nicaragüenses, “mayoritariamente jóvenes”, permanecen en el exilio en “condiciones altamente precarias”, agudizadas por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.
“Respaldamos la exigencia del movimiento feminista de Nicaragua y las organizaciones de la sociedad civil para que el gobierno Ortega-Murillo ponga fin a la represión, libere a presas y presos políticos, y respete la libertad de expresión, organización y movilización de la ciudadanía”, agrega el manifiesto dado a conocer este lunes.
Clima de total “impunidad”
Por otro lado, las organizaciones y colectivos, denuncian que los nicaragüenses viven entre la impunidad y el incremento de la represión, donde las mujeres tienen las mayores consecuencias.
“La presencia de paramilitares y la excarcelación de reos comunes condenados por graves delitos, incluyendo violencia contra las mujeres, la instrumentalización de la policía, el sistema judicial y todas las instituciones públicas ha creado un clima de total impunidad en el que la violencia contra las mujeres se ha exacerbado, lo que se evidencia en el aumento de femicidios, desapariciones, secuestros y violencia sexual, en sus formas más visibles”, señalan.
Unas 71 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua durante 2020 por la violencia machista, la mayor cifra de los últimos tres años, según la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
“Acabar con la impunidad para los que ejercen violencia machista y violencia política permitirá iniciar la reconstrucción del país. El movimiento feminista de Nicaragua ha demostrado su enorme capacidad de resistencia ante los ataques de quienes quieren impedir el avance de las mujeres y su compromiso por construir un país con libertad, justicia y democracia inclusiva”, apuntan las organizaciones y colectivos.
Leyes punitivas agravan crisis
Según las organizaciones y colectivos, la situación se ha “agravado” en los últimos meses por la reciente aprobación de leyes que pretenden “dar legalidad a estos atropellos”.
Las leyes aprobadas por el régimen a partir del último trimestre de 2020, coartan aún más el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
Por un lado, la Ley Especial de Ciberdelitos, pretende acabar con la prensa independiente y el único canal de expresión del descontento de la ciudadanía y de difusión de propuestas basadas en los derechos humanos, señala el manifiesto.
Mientras que, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros persigue “acabar con la labor de organizaciones de la sociedad civil” que han hecho una importante labor durante décadas para promover la conciencia y defensa de los derechos de las mujeres, la juventud y la niñez, además de sensibilizar sobre la problemática ambiental, y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de familias campesinas y urbanas.
“Leyes que han sido recurridas por inconstitucionalidad y que no respetan las normas y estándares internacionales de derechos humanos más básicas”, denuncian.
La Alta Comisionada por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así lo denunció recientemente y exhortó al régimen a realizar modificaciones en las legislaciones.
El Día internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad y es por tanto una jornada de reivindicación.