Entre enero y diciembre de 2020, se registraron 264 casos de asesinatos en diferentes lugares de Nicaragua, con un total de 291 víctimas como resultado de la “ola de violencia” que vive el país, un fenómeno que se está extendiendo a los “centros urbanos”, revela un informe que presentó la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra.
El 54.9% de los casos ocurrieron en las zonas rurales del país, mientras que el 44.7% los crímenes fueron cometidos en áreas urbanas, detalla el informe titulado “2020 Violencia e Inseguridad en Nicaragua” que presentó Cuadra en coordinación con el equipo interdisciplinario que integra el Monitoreo Azul y Blanco.
El informe reveló que en 2019 ocurrieron 141 casos de asesinatos. La incidencia fue mayor y en 2020 se registraron 123 casos más con respecto al año anterior, lo que significa un incremento del 87.2 %.
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En 2019, la cantidad de casos en el sector urbano “era relativamente baja” comparado con los hechos reportados en 2020, dijo la experta en temas de seguridad.
De los 141 casos de 2019, solamente 40 de esos ocurrieron en las zonas urbanas, mientras que 101 de los crímenes fueron cometidos en áreas rurales. El informe 2020, detalla que de los 264 hechos al menos 118 se cometieron en los centros urbanos.
“Eso también nos corrobora que, efectivamente, es una violencia que se está extendiendo a las diferentes zonas del país”, apuntó Cuadra.
Violencia sostenida en el país
De los hechos registrados el año pasado, en 219 de los casos se reportó una víctima de asesinato; sin embargo, en el restante 45 de los crímenes hubo entre 2 y 4 víctimas, la mayoría de ellas personas entre los 21 y 40 años.
“Este tipo de violencia letal es una tendencia sostenida desde el año 2019, y no solo sostenida, sino que se ha incrementado”, mencionó Cuadra.
En este periodo se reporta que un 17.4% de todas las víctimas eran menores y adolescentes. También es significativo el porcentaje de víctimas entre los 41 y 50 años (15.5 %).
La política de represión del régimen, que ha “transitado al menos por once fases desde abril de 2018 hasta la fecha”, y el estado de excepción de facto que se impuso a los ciudadanos nicaragüenses contribuyen a la expansión de la “situación de la violencia letal” en el país, señala el documento.
Los meses en los que se presentaron más casos fueron diciembre con 32 casos (12.1 %); septiembre con 31 (11.7 %) y enero con 27 (10.2 %). Otros meses con alta incidencia fueron octubre, agosto y noviembre.
Managua con más asesinatos
Es importante mencionar, que del total de víctimas 243 son hombres (83.8 %); 47 son mujeres (15.8 %) y una víctima fue identificada como parte de la diversidad sexual.
Según el informe, Managua tiene el porcentaje más alto de casos con 19.3 %, es decir 51 de los asesinatos se cometieron en este departamento; seguido de Jinotega con 18.2 % (48 casos) y la Región Autónoma del Caribe Sur con 11.4% (30).
Otros departamentos con una incidencia importante son Matagalpa (26 casos), la Región Autónoma del Caribe Norte (23) y Nueva Segovia (19), señala el documento.
La experta en temas de seguridad afirmó que el periodo registrado se incrementó la cantidad de asesinatos cometidos con armas blancas y otros tipos como armas de fuego.
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El porcentaje de casos en los que se identificaron motivaciones claramente políticas disminuyó respecto al año anterior, pasando de 15.6 % en el 2019 a 3%. Asimismo, el porcentaje de casos vinculados con asaltos o robos tuvo una ligera variación respecto al año anterior.
Mientras tanto, los casos relacionados con violencia de género, es decir los femicidios, se incrementaron significativamente pasando del 8.5 al 14.8 %. De igual manera, los casos vinculados con otro tipo de motivaciones se incrementaron respecto al año anterior.
Crisis abona la violencia
La política de represión que desde 2018 promueve el régimen más firmemente contra los nicaragüenses ha significado un “cambio importante en el escenario de la seguridad en Nicaragua”.
La amenaza principal proviene de la “violencia política estatal”, que constituye un dinamizador de otras formas de violencia e inseguridad vinculadas con la delincuencia y criminalidad común, se lee en el documento dado a conocer este miércoles.
Los discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el régimen; la actuación de la Policía que dedica sus recursos a las acciones de represión contra líderes de localidades y nacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y la ciudadanía en general, influyen en este escenario.
La existencia de los grupos paramilitares y la impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la Policía; la disponibilidad de armas de fuego con las que cuentan; los indultos otorgados por el Gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes son otros factores que también influyen en los hechos.