Exigen libertad para diez presos políticos encarcelados desde antes del 2018
Por 330 
Por 330 Al menos diez encarcelados antes del estallido social de 2018 son reconocidos como presos políticos por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, (GREX) y defensores de derechos humanos quienes exigen su pronta liberación.
De acuerdo con los organismos de derechos humanos, los detenidos habrían sido condenado hasta a 103 años de cárcel por delitos comunes, antes del estallido social de 2018, de acuerdo con las denuncias interpuestas por sus familiares.
“El sistema de justicia de Nicaragua ha sido utilizado para criminalizar y judicializar las protestas sociales y la disidencia en el país. Tales son los casos de diez nicaragüenses que fueron detenidos, procesados y condenados de forma arbitraria e injusta por estar vinculados a protestas sociales o bien por su participación en grupos políticos”, expresan.
Entre los detenidos están: Marvin Vargas, Wilfredo Balmaceda, Eddy Gutiérrez, Jairo Obando, Leonel Poveda, Zacarías Cano, Rosendo Huerta, José Cortez y Oliver Meza.
Todos los arrestados fueron trasladados de sus municipios a Managua, al Centro Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo, donde varios presos políticos están en las celdas de máxima seguridad conocida como la 300.
El Cachorro
Dentro de los privados está Marvin Vargas, “El Cachorro”, encarcelado desde el 8 de mayo del año 2011, luego de ser acusado de estafar con 3 mil dólares al ciudadano Juan Canales.
“El detenido nunca conoció en persona a su acusador. Él siempre se declaró inocente y denunció que todo fue un montaje del orteguismo para desarticular la organización Cachorros de Sandino y las protesta, denunció que su familia fue víctima de hostigamiento e intimidación”, explicó Ricardo Baltodano, coordinador general de GREX.
Los otros nueve detenidos son del caso del 19 de julio de 2014. En esa ocasión una caravana que regresaba de la celebración de la Plaza La Fe, fue atacada en dos lugares diferente, uno fue en el kilómetro 76 de carretera Managua- Matagalpa, en el sector conocido como Puertas Viejas y el otro entre San Ramón y la comunidad El Jobo, en este incidente murieron cinco personas y más de 20 resultaron heridas.
Después de ese hecho 12 personas de Ciudad Darío, San Ramón y la Trinidad, fueron capturadas presuntamente de manera violenta e ilegal, para ser acusadas de haber sido autores intelectuales y materiales de esos dos ataques.
“No cuestionamos los hechos, hubo cinco muertos y más de 20 heridos que todos lamentamos…todo indica que la Policía ante la incapacidad de capturar a quiénes hicieron esos hechos decidió incriminar a una serie de señores, activistas políticos, en la mayoría opositores todos (al Gobierno), y liberales de los hechos ocurridos”, explicó Ricardo Baltodano, de GREX.
Reiteró que la Policía Nacional nunca pudo demostrar que estas personas estaban involucradas.
La odisea de la visita
En tanto, para Sonia Quintana, esposa de Wilfredo Balmaceda, la situación se ha complicado por la pandemia del COVID-19, ya que ahora viajan cada quince días a dejarle comida y antes lo hacían semanal.
“Ellos sufren más, la comida que le dan en el sistema (La Modelo), les hace daño, no sabemos por qué si es lo qué hacen o cómo lo hacen, ellos en máxima seguridad no pueden cocinar, cosas que sean de preparar rápido”, manifestó Quintana.
Wilfredo Balmaceda tiene seis años, antes estuvo un año en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, donde les permitían media hora de contacto para hablar.
“Mi esposo tiene un año de estar en el área del Infiernillo, que es el edificio más caliente, más feo de toda la máxima seguridad de La300”, explicó Quintana.
Sonia Quintana, espera que esta pesadilla pase pronto y que la justicia para su esposo y los demás presos políticos llegue y que vuelvan a ser libres.
Acompañamiento a la familia
De acuerdo con Baltodano, hay un equipo técnico de especialistas defensores de derechos humanos que han elaborado los expedientes de cada uno de las diez personas privadas de libertad.
“Los familiares van a recibir respaldo moral y jurídico para que los casos sean presentados a nivel internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos avances de todos estos expedientes para que el caso no quede en el olvido. Es un proceso que hoy se abre con fuerza, con determinación, con la convicción de que están presos injustamente”, aseguró el coordinador general de GREX
