La Unión Europea (UE) adoptó este lunes un marco para la imposición de posibles sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición.

«Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua», señala el comunicado oficial.

Las restricciones incluirían la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes. Las personas físicas y las entidades del bloque comunitario tendrán prohibido además poner fondos a disposición de los incluidos en la lista.

El marco adoptado, según el Consejo, permite aplicar un enfoque flexible, añadiendo designaciones específicas en caso de deterioro y revocándolas en caso de un avance positivo.

“La situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática sigue siendo altamente preocupante”, aseguran en una declaración los cancilleres de los 28 países del bloque, que señalan como “avance positivo” la puesta en libertad de un gran número de “presos políticos”.

Urge retomar el diálogo

Sin embargo, los europeos denuncian que no se aplicaron completamente los acuerdos de marzo entre gobierno y oposición, en lo relativo a los “derechos civiles y políticos”, y la “negativa continuada” de Managua a retomar el diálogo, una “señal negativa”.

La UE urge así a la aplicación plena de ese pacto, el regreso al país de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un acuerdo sobre reformas electorales entre gobierno y oposición “con el objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes”.

Venezuela, aliado de Ortega, se convirtió en noviembre de 2017 en el primer país latinoamericano al que la UE impuso sanciones. En un primer momento, los europeos adoptaron el marco jurídico, además de un embargo de armas.

En enero de 2018, impuso una congelación de activos y una prohibición de visados para siete funcionarios venezolanos por el deterioro del estado de derecho, de los derechos humanos y de la democracia en el país, a los que sumó otros 18 posteriormente.

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