Designar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como una organización terrorista extranjera, es una “acusación muy seria” que tiene implicaciones de carácter “delictivo”, explicó el analista político, Roger Guevara Mena.

“Esto es una acusación muy seria, porque ya no es un argumento político, ya no es un argumento humanitario, sino de carácter delictivo, es una acusación que en determinado momento las autoridades americanas, sobre todo las judiciales deberán determinarlo”, agregó Guevara Mena.

Esta semana, la Junta de Comisionados del Condado de Miami Dade aprobó una resolución que inicialmente fue presentada por el comisionado Esteban «Steve” Bovo, en la que demanda a la administración del presidente Donald Trump y al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, hacer esa designación contra el partido del régimen.

Según Guevara Mena, después de los señalamientos hechos por una autoridad municipal como es el Condado de Miami Dade, la solicitud “no se puede rechazar y el poder judicial, por la seriedad que implica su existencia, debe tomarla en consideración”.

“Ya es de orden penal, porque el terrorismo está penalizado en todas partes del mundo y constituye un delito internacional”, insistió Guevara Mena.

Según el comisionado de Miami Dade, durante las manifestaciones de George Floyd en el centro de Miami, hubo manifestantes que agitaban banderas del FSLN mientras marchaban cerca de Freedom Tower.

Esa acción, agregó Bove, para muchas personas de esa comunidad “la bandera del FSLN representa el dolor y el sufrimiento que los nicaragüenses han sufrido y continúan enfrentando bajo el régimen sandinista”.

Derechos humanos

Desde abril de 2018, los Estados Unidos ha puesto la mirada sobre Nicaragua, tomando en cuenta las violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo y grupos de autoconvocados que desde la fecha protestaron contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Eso es solo una declaración que, perfectamente, puede ser dirigida en los tribunales de judiciales norteamericanos para que ellos apliquen la ley local que existe en Estados Unidos, que al declararse a alguien delincuente internacional se gira instrucciones a los aliados y esto puede complicar aún más la situación del gobierno de Ortega”, añadió el analista político.

Aunque reconoce que la declaración final, que por sí misma constituye una “acusación de orden penal”, puede llevar un tiempo.

Desde su llegada al poder, Ortega ha sido acusado de violaciones de derechos humanos, situación que se agrava con los crímenes de lesa humanidad, que según organizaciones de derechos humanos, se cometieron durante las protestas.

“En esto sería igual que las sanciones, señalamientos personales y colectivos, es decir colectivos sería decir que el gobierno actual todo lo que ocupa las carteras ministeriales, las secretarías generales, la jefatura del poder judicial, electoral y todo lo que impone el tratamiento a reos a detenidos, sería algo grave y delicado”, insiste Guevara Mena.

Durante las protestas de abril de 2018 al menos 328 personas fueron asesinadas y más de 2 mil resultaron heridas.

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La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.