Familiares lanzan alerta para saber situación de las personas encarceladas y a las que no han podido ver en un mes.
Por 261 
Una alerta por la vida de las presas y presos políticos que se encuentran incomunicados y en condiciones infrahumanas en las cárceles de Auxilio Judicial de Nicaragua, lanzaron sus familiares este 23 de septiembre, a la vez que plantean ocho demandas en un comunicado.
En el contexto de las elecciones generales en Nicaragua, desde mayo 2021 ya suman 37 prisioneros, entre hombres y mujeres, destacados opositores al régimen Ortega-Murillo, incluye desde jóvenes hasta personas de la tercera edad.
Desde que fueron secuestradas, solamente una vez se les ha permitido la visita a familiares, ya ha pasado un mes sin saber nada de su situación. Siguen sin recibirles alimentos, y artículos de primera necesidad, pero les han solicitado medicamento, que preocupa aún más a sus seres queridos.
“Con angustia y sentido de urgencia, alertamos sobre el riesgo inminente de daños irreversible a la integridad física y psicológica de nuestros familiares. Tememos aún más por su vida. A pesar de la situación de desnutrición severa y hambre en que los encontramos, persiste la negativa al ingreso de alimentos, adicionalmente continúan pidiendo medicinas que evidencian malestares gastrointestinales y vértigos, vinculados a su deficiente alimentación. Asimismo, niegan el ingreso de abrigo y material de lectura”, exponen en el comunicado.
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En el comunicado demandan ocho puntos que se resumen en: visitas periódicas a sus familiares, respeto al derecho a la defensa, juicios públicos, que se les reciba alimento y colchas para el frío, garantía de entrega de la paquetería, cese de aislamiento e interrogatorios, al menos 20 minutos de sol por día, y apagar las luces a la hora de descanso.
Con preocupación los familiares destacan que las presas y presos políticas permanecen en régimen de aislamiento e incomunicación. “La única vez que se les permitió verles, fueron evidentes las condiciones extremas a las que están siendo sometidos, que están afectando gravemente su estado de salud físico y mental, y que constituyen actos de torturas”.
En Auxilio Judicial Nacional, mejor conocido como “El Nuevo Chipote”, no les han recibido ningún escrito para saber de ellos, de igual forma han ignorado las peticiones verbales.
“Queremos destacar que ni la defensa, ni familiares hemos tenido ningún tipo de comunicación directa de parte de ninguna de las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial”, resaltan en el escrito.
Los familiares además denuncian que los jueces en las resoluciones de audiencias, reafirmaron el derecho a recibir las visitas de los familiares, y garantizar las entrevistas con las y los abogados defensores.
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“Pese a esto, las autoridades en la DAJ omiten cumplir con lo ordenado por los jueces de audiencia. Cabe manifestar que estos derechos constitucionales, deberían ser garantizados sin necesidad de orden judicial, constituyéndose tales hechos, una abierta violación a los derechos fundamentales de nuestros familiares detenidos”, reafirman en el comunicado.
Una serie de irregularidades han denunciado los familiares desde el momento de la captura hasta el proceso judicial que enfrentan. En el sistema del Poder Judicial aún no aparecen las causas reflejadas, “con el objetivo de invisivilizarles y mantener su indefensión”, lo que afecta y obstaculiza el ejercicio de la defensa.
La Fiscalía tampoco acepta los escritos de los abogados defensores solicitando copia de las supuestas pruebas contra los procesados. “Esto deja a nuestros familiares en una total indefensión”, reiteran.
Desde un inicio de la captura, denuncian que los y las prisioneras sufrieron desaparición forzada, que es otra violación a sus derechos, ya que ni el Poder Judicial, ni la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, daban respuesta a los familiares.
De forma colectiva, anunciaron que continuarán demandando las garantías del debido proceso, así como “la libertad y el respeto a los derechos humanos” de sus familiares, y para más de 130 personas presas políticas. “Todas y todos son inocentes de todos los cargos imputados por la Fiscalía”, concluyen.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen que las y los privados de libertad tienen derecho a: la integridad física y moral, salud, a tener contacto con el exterior, a un nivel de vida adecuado, y a la seguridad.
Demandas (texto íntegro)
