Reyna Hernández: «Lo que quieren es verme en la cárcel»

La alcaldesa de Wiwilí, Reyna Hernández, denunció que las autoridades judiciales de Jinotega están actuando de forma parcializada y arbitraria en su contra, pues le giran orden de detención y además la suspenden de su cargo, pese a que ella estuvo en los juzgados de Jinotega junto con su abogado para dar seguimiento a la acusación de supuesto «desacato».

«El procedimiento que hizo la jueza es completamente ilegal, violatorio de los derechos y garantías que dicta la Constitución, violatorio a lo que establece el Código Procesal Civil y violatorio al artículo 166 de la Constitución y a la Ley, la jueza dictó una sentencia arbitraria», dijo Maynor Curtis, abogado defensor de Hernández.

La alcaldesa Hernández, consideró que este proceso en su contra «está viciado» y desde siempre han buscado «verme en la cárcel», pese a que ni siquiera es ella quien debería estar siendo juzgada, pues según la Ley 40, sería el Consejo quien ante una sentencia de una demanda laboral puede ser señalado de desacato por no cumplir con la demanda.

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«Le tocaría al Consejo ser acusado de desacato si esto se estuviera haciendo, pero ni eso es verdad, porque con esa demanda laboral se ha llegado a acuerdos de pago, se ha incluido en el presupuesto y se han girado ya varios cheques, entonces, ¿dónde está el supuesto desacato? No lo hay, solo son inventos para verme presa, esas son las amenazas de los sandinistas, siempre han dicho que muerta no me querían ver, que me querían ver encarcelada», denunció Hernández.

El proceso contra Hernández inició luego que 36 trabajadores sandinistas, que fueron despedidos paulatinamente por la alcaldesa, introdujeran una demanda laboral contra la Alcaldía. La suma que cobran los trabajadores sandinistas asciende a más de 16 millones de córdobas. La alcaldesa ha asegurado que estos trabajadores sandinistas fueron dejados con salarios exagerados para sus puestos y que además les firmaron un documento donde obligan a la comuna a pagar dos años de liquidación.

Proceso viciado

Curtis señaló que la jueza penal local único de Jinotega, Diana Isabel Jarquín Valle, al conocer la causa se hizo audiencia preparatoria y se convoca a juicio oral, pero este inicialmente fue programado para el 15 de junio, «pero previo a la audiencia preparatoria de juicio su servidor la pone una excepción por falta de competencia… sin embargo, nos llega un auto (notificación) de que el juicio se pasa para el 10 de junio, entonces, el nueve mandó un escrito donde presentamos incidente de nulidad frente a ese auto que nos mandan», afirmó Curtis.

El abogado explicó que se mandó el incidente de nulidad porque «en que la ley dice que las sentencias o las resoluciones de los jueces que no tienen fundamentos son nulos y cuál es el fundamento que no tenía, pues que ella dijo que por fuerza mayor se cambiaba la fecha, pero no decía cuál era esa fuerza mayor… Ella tenía que decir cuál era ese acto ocasionado por el hombre a ella le imposibilitaba celebrar la audiencia».

Tanto la defensa como la acusada se presentaron en los Juzgados de Jinotega el 10 de junio, según Curtis, en todas las instancias les dijeron que la jueza Jarquín Valle había cancelado sus audiencias.

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«Las defensas nos presentamos el día 10, el primero que llegó fue el doctor Santiago, pero los guardas informan que la juez canceló todas sus audiencias, pero no contentos porque sabemos que es un caso político, se fue a verificar a la sala, nosotros nos quedamos en la entrada, pero además se fue a verificar a atención al público, allí le dicen que las tienen todas canceladas, estuvimos ahí hasta poco después de las 9:00 de la mañana y el abogado Santiago, mi suplente, se quedó hasta más tarde por otras diligencias, pero nunca se nos hizo llamado por los parlantes, ni se nos anunció por esa vía el cambio de sala, nada», denunció Curtis.

El 11 de mayo, detalló Curtis, dictan una sentencia en su contra donde le decretan abandono, le mandan multa por 20 mil córdobas por gastos del sistema judicial, piden que le dicten rebeldía a la alcaldesa y le giren orden de captura.

«El juez accede a declarar el abandono y mandar un informativo a la Corte, pero no mencionan en el auto si me multa o no, pero luego viene y le declaran la rebeldía y le giran la orden, pero la orden es ilegal porque previo a que la jueza hubiera constatado si estábamos o no, cosa que sí estábamos, ella debía revisar el incidente de nulidad y prueba de esto es que cuando fuimos a la audiencia preparatoria yo levanté mi mano y puse la excepción, lo demás queda suspendido hasta que se vea el incidente de nulidad que se está interponiendo, entonces, ella por ese incidente no podía convocar a la gente, tampoco puede girar orden de captura, a menos que le hubieran notificado que explicara en un termino de 24 el por qué no se presentó, pero ese procedimiento también se violó», señaló el abogado defensor.

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Curtis explicó que tras la orden de captura, que fue por supuesta medida preventiva como una garantía de que la alcaldesa se presente al proceso -cosa que sí ha estado haciendo- podría ejecutarse en cualquier momento. Asimismo, indicó que el desacato «no contempla la suspensión del cargo, porque se supone lo hizo de forma de supuestamente preventiva la orden de captura».

El defensor especificó que por el delito de desacato existe una pena de seis meses a un año de cárcel, pero también hay una multa, pero el artículo dice que si las personas resuelven por su propia forma pueden pagar y no hay tal delito.

Ahora, la alcaldesa tiene que estar fuera de su municipio y resguardada para evitar la detención, mientras el próximo lunes, 15 de mayo, el abogado Curtis  interponga recursos de amparo por las decisiones ilegales emitidas por la jueza Jarquín.

La Alcaldía de Wiwilí ha sido una de las más sufridas, desde que se hizo el traspaso de mando con el gobernante Frente Sandinista. Desde entonces, según Hernández, no han parado de perseguirlos, tres de sus funcionarios liberales han sido asesinados en situaciones extrañas, hechos que se encuentran en la impunidad, además les han reducido las transferencias municipales, que antes eran de más de 90 millones a unos 800 mil.