La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) registró  93 violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua en el último trimestre, correspondiente al periodo de julio a septiembre.

En el consolidado que presentó la FVBCH, esta organización registró 55 agresiones y ataques a la libertad de prensa entre julio y septiembre, seguido de la falta de acceso de la información (15); el uso abusivo del poder estatal (8), el uso de un discurso estigmatizante (7), un caso de tortura y siete periodistas que fueron sometidos a procesos judiciales.

En el trimestre, de acuerdo a los datos presentados, un total de 33 víctimas fueron hombres y 13 mujeres. En los últimos tres meses 20 medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a la libertad de prensa, informó la FVBCH.

Managua, seguido de la Región Autónoma del Caribe Sur, son las zonas del país donde más violaciones a la libertad de prensa se reportaron entre julio y septiembre.  Según la FVBCH se reportaron 31 y 19 violaciones, respectivamente, en ese periodo.

El resto de las violaciones ocurrieron en los departamentos de Matagalpa (9), León (7), Rivas (6), Madriz (4), Jinotega y Masaya donde el organismo registro tres casos en cada una de las ciudades. Además Estelí y Boaco, dos en cada uno, respectivamente, Chinandega y Río San Juan, uno en cada lugar.

Según la FVBCH, tres de esas violaciones a la libertad de prensa ocurrieron en Costa Rica, donde hay un buen grupo de periodistas exiliados en el contexto de la “Rebelión de Abril”.

Septiembre el más peligroso

Septiembre -según el registro de esta organización civil-  fue el mes en que más violaciones se registraron, en total 43 violaciones, entre agresiones y ataques (28) y cuatro violaciones de acceso a la información.

Además, el mes pasado,  la FVBCH encontró la emisión de seis discursos estigmatizante, que ocurre cuando el régimen califica a los y las periodistas de “agentes de la oposición política, desestabilizadores del Gobierno” además que señala a la prensa independiente de propagar “noticias falsas”.

El pasado 28 de septiembre, el régimen envió a la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley de Ciberdelitos a través del cual pretende castigar con penas privativas de libertad a todos aquellos que propaguen “noticias falsas”.

La iniciativa calificada como “Ley Mordaza” causó el rechazo inmediato de todo el gremio periodístico y organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Esta semana, el Parlamento Europeo dio un ultimátum al dictador Daniel Ortega para que desista de su aprobación en la Asamblea Nacional, de lo contrario asomarán sanciones en su contra y peligra que Nicaragua se quede fuera del Acuerdo de Asociación (AdA).

mujeres medios de comunicación

Caso canal 12

Por otro lado, la FVBCH detectó en septiembre la persistencia del uso abusivo del poder estatal (1)  y al menos cuatro casos de periodistas que fueron judicializados.

La semana pasada, una juez orteguista de Bluefields ordenó a la periodista  Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, pagar un total de 7,684.58 córdobas, según notificación judicial, equivalentes a 120 días de multa por haber sido “encontrada culpable” por el delito de Calumnias.

En julio, la FVBCH registró un total de 30 violaciones a la libertad de prensa, mientras que 20 fueron reportados en agosto.

La FVBCH refleja en su informe de consolidado el caso de Nicavisión S.A. empresa dueña de Canal 12 de televisión que fue embargado por un reparo fiscal de 30 millones de córdobas que está cobrando la Dirección General de Ingresos (DGI), institución al servicio del régimen orteguista.

Aunque la televisora no ha dejado de funcionar, el régimen mantiene congeladas las cuentas del director de este medio de comunicación, Mariano Valle.

Perpetradores

Los agentes estatales, en su mayoría miembros de la sancionada Policía sandinista, siguen siendo los principales perpetradores de las violaciones de la libertad de prensa. Al menos 66 de las violaciones ocurridos entre julio y septiembre, fueron ejecutados por efectivos de esa institución.

Un total de 16 de esos hechos fueron consumados por agentes no estatales. Durante las manifestaciones cívicas, el régimen utilizó fuerzas paramilitares para hacer frente a los autoconvocados que empezaron a protestar en su contra. En 11 de los casos no se logró identificar al agresor o victimario.

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