El número de presas políticas aumentó a 18 en el mes de mayo, según el conteo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, luego que se incluyera a cuatro mujeres que fueron detenidas arbitrariamente por razones políticas en noviembre de 2021, pero que no se habían reportado por temor de sus familias a sufrir represalias.
Las mujeres no fueron identificadas con sus nombres en la lista de mayo del Mecanismo, únicamente se brindó información de su procedencia a petición de las familias. Hasta ahora la única información brindada es que las cuatro están condenadas, pero sin especificar el delito del que se les acusa; tres de ellas son originarias de Río San Juan y se encuentran encarceladas en Sistema Penitenciario Cuisalá, Chontales; mientras la otra es originaria de Managua y está en el Sistema Penitenciario La Esperanza, Tipitapa.
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En el mes de mayo, el Mecanismo contabiliza a 180 personas presas políticas a partir de 2018, de las cuales 18 son mujeres y 162 son hombres. Entre junio y noviembre de 2021 se registró el mayor número de personas encarceladas por la Policía por motivos políticos desde 2018.
🆘 A +190 asciende la cifra de personas presas políticas de #Nicaragua al 31 de mayo 2022, de las cuales 180, fueron detenidas posterior a abril 2018 y 10 personas previas al contexto de abril.
— Presas y Presos Políticos Nicaragua (@MPresasPresosNi) June 14, 2022
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Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y el Mecanismo han advertido que las cifras podrían ser mayores, debido a la falta de acceso a la información, a la falta de registros oficiales de las personas detenidas y el temor de las familias a denunciar las detenciones. Así que las cifras reportadas mensualmente “pueden variar y no ser exactas”.
El mes de noviembre fue uno de los más violentos contra personas activistas, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos y periodistas, ya que se realizó un gran número de detenciones contra ellos y ellas. Solo entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre, el Mecanismo registró un total de 43 detenciones por motivaciones políticas, la mayoría ocurrieron entre el 5 y 7 de noviembre.
“Los días en que se contabilizaron el mayor número de personas detenidas fueron entre el 5 y 7 de noviembre, fechas que corresponden al contexto de las elecciones llevadas a cabo el día 7. La represión fue dirigida principalmente a integrantes de organizaciones políticas y sociales de 11 de los distintos departamentos y regiones autónomas del país”; indica el informe de noviembre.
Antes y durante del 7 de noviembre hemos verificado 35 detenciones arbitrarias en 10 departamentos del país.
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) November 12, 2021
Solamente 9 personas han sido liberadas y 26 permanecen detenidas. Otras detenciones siguen en proceso de verificación.
Verificación con @AzulyMonitoreo pic.twitter.com/EXQ4a7lu8s
De este grupo, 15 personas fueron liberadas posteriormente, pero 28 continuaron detenidas. A pesar de esto, el Mecanismo solo reconoció un aumento de ocho personas presas políticas en ese mes y en los siguientes informes se desconoce el destino de 20 personas.
El Mecanismo también registró siente detenciones más con sospecha de motivos políticos en el mes de mayo de este año, de las cuales tres son mujeres y cuatro hombres, procedentes de los departamentos de Carazo y Masaya. No obstante, estas detenciones todavía se encuentran en proceso de verificación y no se incluyeron ni en la lista ni en el número oficial de personas detenidas, “pero permite dar cuenta del uso sistemático de la detención arbitraria como parte de la represión estatal”.
“Entre ellos se encuentran 6 miembros de una misma familia quienes desde las protestas sociales de 2018 han sido víctimas de asedio y agresiones por parte de la Policía y parapolicías. También se registró la detención de un líder territorial e integrante de movimientos sociales de Masaya quien ha sido agregado a la lista mensual de personas presas políticas”, señala el informe.
Mantener un registro de las presas políticas es importante, ya que son un grupo que sufren “ensañamiento” por parte del régimen Ortega-Murillo, debido a su liderazgo y su denuncia social, según organizaciones de derechos humanos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), quienes han denunciado el trato diferenciado que sufren.
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Esto se ha manifestado en el aislamiento permanente y la incomunicación en que se encuentran muchas de ellas como en los casos de Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyen Barahona, quienes están en esas condiciones desde hace un año.
Antonia Urreloja, expresidenta de la CIDH y actual canciller del Gobierno de Chile, denunció en múltiples ocasiones que el tratamiento de las mujeres presas políticas por parte de las autoridades tiene un impacto «desde la violencia de género», y que muchas veces se extiende a su familia, lo que se ha mostrado en las desnudaciones y tocamientos denunciados, siendo una forma de abuso y violencia sexual.
