El régimen de Daniel Ortega está usando gas pimienta como castigo contra las personas presas políticas en los centros penitenciarios, una práctica que constituye tortura según Naciones Unidas.

Esta violencia se suma a otras formas de abusos sistemáticos, especialmente contra mujeres, que enfrentan discriminación en el acceso a la salud sexual y reproductiva. 

“En un hecho alarmante, este mes se documentó el uso recurrente de gas pimienta rociado directamente en los ojos de personas presas políticas”, denunció la organización Monitoreo Azul y Blanco en su reporte mensual correspondiente a junio de 2025. 

El régimen había utilizado este método de tortura en 2018 y 2021, pero ahora se ha vuelto “recurrente” en las prisiones, denunciaron.

Según la organización —que desde el 4 de julio de 2018 a la fecha registra violaciones a derechos humanos como asesinatos, detenciones, heridos, agresiones y amenazas—, en este periodo se registraron 41 incidentes dentro y fuera del territorio nicaragüense. 

El informe advierte que los 41 casos reportados no reflejan la “magnitud real de la represión”. El clima de represión, vigilancia, autocensura y persecución directa a quienes denuncian estos hechos impide una cobertura completa. 

Mujeres presas políticas víctimas del régimen

Las mujeres presas políticas de la dictadura —subrayan—, enfrentan una discriminación adicional en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

“No se les practican exámenes ginecológicos rutinarios ni pruebas de Papanicolau (PAP), a pesar de presentar síntomas preocupantes como dolores menstruales agudos o sangrados excesivos”, señala la organización en su informe.

A la fecha, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas identifica a siete mujeres detenidas arbitrariamente: Evelyn Susana Guillén Zepeda, Nancy Henríquez James, Angélica Chavarría Altamirano, Eveling Carolina Matus Hernández, Fabiola Tercero, Lesbia Gutiérrez Poveda y Carmen María Sáenz Martínez. 

Esta negación de atención médica especializada constituye una forma específica de violencia de género que se suma a las otras prácticas de torturas que sufren todas las personas presas políticas. 

Régimen juega con la salud

Los problemas de salud se extienden. Según la organización, se identificaron casos de personas con “dolencias severas de próstata que experimentan dolor al orinar o sangrado” sin recibir evaluación médica ni tratamiento alguno.

También se han documentado “casos urgentes de atención odontológica, como dolores de muelas y problemas dentales que no son atendidos”, contribuyendo al deterioro general del estado de salud de los detenidos.

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El informe revela que, la situación se agrava por la grave restricción del acceso a la atención médica integral, con casos documentados de deterioro de la salud visual de varias personas presas, algunas de las cuales presentan síntomas de ceguera progresiva sin haber recibido atención oftalmológica ni acceso a anteojos.

“Se ha reportado el deterioro de la salud visual de varias personas presas, algunas de las cuales presentan síntomas de ceguera progresiva”, denunciaron. 

Aislamiento prolongado

A pesar de algunas “mejoras puntuales” en las condiciones de reclusión de ciertas personas presas políticas durante el último mes, “la mayoría continúa siendo víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

“Las raciones alimentarias siguen siendo insuficientes y de baja calidad nutricional. Se reporta una pérdida de peso significativa (más de 20 libras en algunos casos), así como dolores estomacales frecuentes tras la ingesta de alimentos y una reducción considerable de las porciones”, puntualizan.

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También se reporta que son sometidos a “aislamiento prolongado”, una situación que las organizaciones han denunciado constituye otra dimensión de la tortura psicológica. 

Además carecen de acceso a espacios al aire libre y tienen una exposición solar mínima, en algunos casos apenas 15 minutos semanales, denuncia el Monitoreo Azul y Blanco.

Desde 2018, al menos 1,457 personas han sido reconocidas como presas políticas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Actualmente, el régimen mantiene a 57 personas detenidas arbitrariamente. 

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La Lupa Nicaragua